Mediante un decreto presidencial se revirtieron las reformas en el sistema que comenzaron a implementarse el año pasado. Especialistas y organismos de derechos humanos alertan sobre las consecuencias de otorgar mayor poder a los espías.
30 de junio de 2016
La casa. 25 de Mayo 11, frente a la Plaza de Mayo en Buenos Aires, sede de la AFI. (Horacio Paone)
El gobierno nacional revirtió las reformas que se habían implementado el año pasado sobre el sistema de inteligencia y dispuso, entre otros cambios, que vuelven a tener vigencia los gastos reservados. En este nuevo escenario se discute también devolverle las escuchas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La decisión recibió críticas de los organismos de derechos humanos: «Sin ninguna explicación, nos encontramos con un decreto que tira para atrás los avances que se habían logrado con mucho esfuerzo y mucha resistencia», indicó Paula Litvachky, coordinadora del área de Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Desde la restauración constitucional los servicios de inteligencia en la Argentina han sido muy cuestionados por su opacidad e ineficacia, sin olvidar su trágico papel durante la dictadura cívico-militar. El año pasado, tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, el gobierno de Cristina Fernández emprendió una serie de reformas a la comunidad de inteligencia. Se creó la AFI, cuyas autoridades deben ser ratificadas por el Congreso, se ordenó un sistema que trasparentaba los gastos, el personal, el objetivo de la institución y se separaron las escuchas de la AFI y quedaron en la órbita de la procuración. Ahora, en cambio, la gestión de Cambiemos le quitó a los fiscales el control de las escuchas y se lo pasó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con el decreto 656/16, el presidente Mauricio Macri anuló la mayoría de las reformas que se habían plasmado en otro decreto (el 1311/15). Desestimó el criterio de inteligencia que impedía que la AFI se ocupara se asuntos ajenos a su competencia (seguridad interior y defensa nacional). Asimismo, volvió atrás con la creación de tres escalafones (Inteligencia, Seguridad y Apoyo) y todo el personal de la Agencia vuelve a ser considerado de inteligencia, incluso, los de limpieza. Macri restableció la llamada «disciplina del secreto», derogó los límites que se habían puesto para que los espías no se relacionaran directamente con los jueces y volvió al esquema de los gastos reservados. Este año la AFI cuenta con un presupuesto de 1.450 millones de pesos.
Te escucho
Los cambios fueron cuestionados por la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI), que agrupa a diversas organizaciones no gubernamentales, en un documento titulado con una pregunta: «¿Vuelta al oscurantismo?». Memoria Activa y el CELS presentaron una carta al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que le recordaron que en 2005 el Estado argentino se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a trasparentar los fondos de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) luego del atentado contra la AMIA y, con este decreto, se estaba incumpliendo ese compromiso. «El decreto de Macri implicó una fuerte regresión normativa. Digo ‘‘normativa’’ porque los cambios que se había planteado todavía tenían que implementarse. Intuimos que tiene que ver con las presiones que había desde la exSIDE», indicó Litvachky, del CELS. En tanto, el exdirector de la Escuela de Inteligencia, Marcelo Sain, autor del libro La casa que no cesa, destacó que «es un retroceso institucional fenomenal. Lo hacen en función de que la AFI vuelva a sus roles tradicionales: espionaje político, operaciones judiciales y ser un ámbito de la CIA y la DEA. Es la decisión política que tomó el macrismo».
En el gobierno hay un sector que se referencia en el actual titular de la AFI, Gustavo Arribas y su segunda, Silvia Majdalani, que quiere que retornen las escuchas a la Agencia. En cambio, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se pronunció en contra: «Deben seguir en la Corte», dijo. Para Litvachky, el retorno de las escuchas a la AFI, «sería muy regresivo». «Fue parte de ponerle coto a los servicios de inteligencia. La Dirección de Observaciones Judiciales (vulgarmente conocida como OJOTA) era la expresión de todo lo que estaba mal. Que vuelvan las escuchas a la Agencia sería consolidar las regresiones al sistema anterior», destacó la abogada. Sain, en tanto, advirtió que «el grupo que manejó las escuchas era de Antonio Stiuso. Siguió trabajando hasta que la procuración consiguió un equipo para reemplazarlo. Cuando eso se consolidó, le quitaron el manejo del tema y lo pasaron a la Corte. El problema es que volvió todo el equipo de Stiuso. Y la Corte se quiere sacar de encima ese asunto. No le queda otra alternativa que mandárselo a la AFI. Esto le viene bárbaro a la AFI, porque le permite saber qué están investigando los jueces».
