Política

Deuda e impunidad

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Mientras prosigue el conflicto con los fondos especulativos, la Justicia absolvió al ex ministro de Economía por el megacanje. Sanción de la reforma y unificación del Código Civil y Comercial.

 

Audiencia. Cavallo salió airoso del proceso judicial. Antes, por prescripción, fueron absueltos Mulford, Liendo y Sturzenegger. (DYN)

Soy el chivo expiatorio elegido para justificar la terrible crisis que vivió el país desde 2001». Como si nada de lo sucedido tuviera que ver con su nefasto paso por la función pública, Domingo Cavallo, ex ministro de Economía bajo las presidencias de Carlos Menem y Fernando de la Rúa y titular del Banco Central durante la dictadura genocida, concluyó de esta manera su alegato ante el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 4. En primera fila de la sala lo escuchaba su esposa, Sonia Abrazian, a quien abrazó minutos después cuando se leyó la sentencia de los jueces Néstor Costabel, Enrique Posse y Patricia Mallo, quienes absolvieron a Cavallo en la causa por el llamado megacanje.
Se investigó en sede judicial si el Estado nacional fue perjudicado como consecuencia de las operaciones de canje de títulos que redundó en un formidable incremento de la deuda argentina y significó, al mismo tiempo, millonarias comisiones para los bancos intervinientes. Justamente, el banquero David Mulford (con quien Cavallo reconoció haber pergeñado el megacanje), ex secretario del Tesoro estadounidense y representante de los intereses de una de las entidades favorecidas, el Credit Suisse First Boston, había sido sobreseído por prescripción de la causa, junto con el ex asesor del ministro, Horacio Liendo, y el actual diputado de Pro y ex secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger.
Los jueces consideraron insuficientes las pruebas presentadas por la fiscal Fabiana León, quien había pedido tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Que parte de la causa, iniciada hace 14 años, haya caído por prescripción revela que la Justicia argentina no ha sido especialmente proclive a la investigación de los procesos de endeudamiento. De tal modo que resulta indispensable que se ponga en marcha la comisión bicameral creada mediante la Ley de Pago Soberano y Reestructuración de la Deuda, recientemente aprobada por el Congreso Nacional. Esta comisión tiene como objetivo «investigar y determinar el origen, la evolución y el Estado actual de la deuda exterior desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanjes, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar». Si la bicameral cumple efectivamente su cometido, los argentinos tendrían, al menos, la posibilidad de saber quiénes fueron los responsables del enajenamiento y saqueo de la Nación, muchos de los cuales no sólo permanecen impunes, sino que también siguen opinando y dictando cátedra acerca de lo que hay o no que hacer con la economía argentina.
En ese contexto, el país libra una dura batalla con los fondos buitre. La previsible declaración de desacato por parte del juez Thomas Griesa no cambió sustancialmente el panorama. Lo mismo ocurrió días después cuando el magistrado sentenció que para revertir el desacato Argentina debe reponer al Bank of New York Mellon como agente fiduciario en lugar de Nación Fideicomiso, designado por la ley de pago soberano. Griesa pretende que se reponga al banco que tiene en sus arcas 539 millones de dólares depositados por Argentina el 26 de junio para cancelar un vencimiento de intereses de bonos reestructurados. Esos fondos no fueron embargados ni liberados hasta la fecha por el magistrado.
El Gobierno argentino, por su parte, sigue recibiendo respaldos en su enfrentamiento con los fondos especulativos, algunos sorprendentes, como es el caso del Fondo Monetario Internacional (ver recuadro). Recientemente, el premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, quien definió que «la Argentina es simplemente la última víctima en la extensa batalla legal de los buitres para cambiar las reglas de juego y poder así aprovecharse de países pobres que intentan reestructurar sus deudas». También el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva, rechazó enfáticamente lo actuado por Griesa: «Pienso que es abominable que un juez de un país condene a otro país, superando los límites de la soberanía argentina. Yo creo que Cristina Kirchner tiene razón, que el pueblo argentino tiene razón en este momento, de no someterse al juicio de un juez estadounidense que no tiene derecho a condenar a un país».
En tanto, el Gobierno nacional sostiene una intensa acción política exterior que forma parte de su estrategia ante la disputa con los fondos especulativos. La consolidación de los vínculos con potencias como China y Rusia marca un contrapunto ostensible con el enfriamiento experimentado con Estados Unidos, cuya Justicia otorga alas a los fondos buitre. En tal sentido, la reunión del G20 –que se llevará a cabo en Australia el mes próximo– podría constituirse en un nuevo escenario para que la Argentina exponga sus argumentos.
En lo interno, la Presidenta Cristina Fernández denunció presiones devaluatorias procedentes de distintos sectores: productores sojeros, bancos y otras entidades financieras y fondos buitre. La mandataria dijo nombres y mencionó modalidades de las maniobras contra el peso y la inacción de organismos que deberían actuar en esas circunstancias. Como resultado, se produjo la renuncia de Juan Carlos Fábrega como presidente del Banco Central. Lo reemplazó el ex titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, quien en su primer contacto con representantes de los bancos privados descartó toda posibilidad de una devaluación y los instó a impulsar el crédito productivo.

 

Congreso activo
Mientras la disputa con los fondos buitre y la Justicia neoyorquina concentran en buena medida la atención pública, en el Congreso los legisladores debaten y sancionan leyes de gran trascendencia. Entre ellas, la Ley de Hidrocarburos, que establecerá el marco regulatorio para un sector que, a la luz de lo que se avizora en el yacimiento de Vaca Muerta, puede ser uno de los más relevantes para el desarrollo argentino en el futuro inmediato. El proyecto llegó al Legislativo luego de un acuerdo del Gobierno nacional con las provincias productoras de petróleo alcanzado al cabo de largas y duras gestiones para encontrar puntos de acuerdo. Otro de los proyectos que están en la agenda parlamentaria es el Presupuesto 2015. Además, los diputados aprobaron recientemente la que quizás sea la ley más importante del año: la reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, una norma que reemplaza al viejo código de Dalmacio Vélez Sarsfield elaborado en 1871.

Código. Aprobado con los votos de la bancada kirchnerista y sus aliados. (Télam)

Lo cierto es que, a medida que se acerca el inicio de la carrera electoral de 2015, cada debate queda cruzado por especulaciones de rédito político. Así quedó expuesto en el trámite parlamentario del nuevo código. El anteproyecto fue elaborado por una comisión de juristas notables, encabezada por el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, junto con su colega Elena Highton de Nolasco y la ex ministra de la Suprema Corte de Mendoza, Aída Kemelmajer de Carlucci. Posteriormente, fue estudiado por el Poder Ejecutivo, que finalmente lo envió al Congreso para su tratamiento en la comisión bicameral creada para tal fin, con integración proporcional de las fuerzas políticas con representación en el Congreso. La reforma también fue discutida en audiencias públicas, obtuvo media sanción en el Senado en noviembre del año pasado y finalmente fue aprobada en Diputados sólo con los votos de la bancada oficialista y sus aliados, sin que los bloques opositores siquiera estuvieran presentes en el recinto.
Fuerzas políticas que participaron en las etapas previas de la discusión de la ley, y que en algunos casos estaban de acuerdo con buena parte de los artículos, se retiraron del recinto y formularon denuncias judiciales acerca de supuestos vicios reglamentarios que se habrían producido en el último segmento del trámite parlamentario. «Siempre compartimos el espíritu de reformar y modernizar un Código que quedó desactualizado. Desde la UCR, trabajamos duro durante dos años, recorrimos el país y presentamos un proyecto que contempla lo más acabado de un Código vinculado a la igualdad de derechos, al régimen de adopción, a la responsabilidad del Estado, a las complejidades matrimoniales y a la constitucionalización del derecho privado pensando en los próximos 100 años», señaló el titular del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, uno de los legisladores que acudió a Tribunales. Diferente fue el caso de la diputada Elisa Carrió quien, fiel a su estilo, señaló que el tratamiento del Código es de «inhabilidad absoluta e insanable». Por su parte, Lorenzetti, celebró la sanción de la ley. Para el magistrado «es un código humanista» y aclaró que «los agregados que hicieron el Poder Ejecutivo y el Congreso no cambian la estructura, que en la gran mayoría de los textos permaneció inalterado». Lo cierto es que la nueva ley estará vigente desde el 1º de enero de 2016 y en sus 2.671 artículos consolida los avances registrados en los últimos años en cuanto a ampliación de derechos. Incluye nuevas regulaciones en materia de matrimonio, divorcio, infancia, contratos prenupciales, fertilización asistida y adopción, pesificación de los contratos, reconocimientos de sociedades unipersonales, entre muchos otros. Afuera quedaron algunos puntos relevantes como el reconocimiento a la función social de la propiedad de la tierra, la despenalización del aborto, la maternidad subrogada, el derecho al agua y la propiedad comunitaria de los pueblos originarios. Algunos de estos déficits podrían ser subsanados por leyes especiales que los reglamenten.
La determinación del inicio de la existencia humana en el momento de la concepción ambientó los rumores de un acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia Católica para impulsar el Código. Sin embargo, el presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, Jorge Lozano, criticó la ley por sostener una concepción «individualista» en lo que hace al divorcio o a la adopción. «El Código no tiene en cuenta la estabilidad familiar, no digo que sea pro divorcio, pero lo facilita de una manera importante», aseguró.
En cambio, para la socióloga Maristella Svampa y el abogado ambientalista Enrique Viale, el nuevo código «cierra la puerta en términos de políticas públicas y otras herramientas de acción estatal cuyo objetivo sea el de transformar el acceso al suelo, el territorio y la vivienda adecuada en un derecho efectivo». Por su parte, la jurista Aída Kemelmajer destacó que «el nuevo Código Civil argentino va a ser un gran avance para la legislación», mientras que desde el Centro de Estudios Legales y Sociales señalaron que no se contempló la situación de quienes viven en villas, el mencionado derecho humano de acceso al agua y rechazaron el mantenimiento de privilegios para la Iglesia Católica.

Jorge Vilas