8 de abril de 2024

Luciana Bertoia

En distintas causas, muchas de ellas anteriormente cerradas, se intenta instalar la lectura del Gobierno acerca de la dictadura cívico-militar y su contexto político.

Javier Milei quiere al juez federal Ariel Lijo en la Corte Suprema. El 20 de marzo pasado, la Oficina del Presidente anunció que el Gobierno enviaría su pliego para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco en 2021. A Lijo –que ocupa el Juzgado Federal 4 desde hace casi 20 años– le han hecho críticas por izquierda y por derecha. Sin embargo, uno de los dardos envenenados que más le tocó fue el que disparó la vicepresidenta Victoria Villarruel –que debería ser quien procure conseguir los dos tercios de votos del Senado para garantizar su llegada al Palacio de Justicia. «No me gustó como actuó en la causa Rucci», se despachó Villarruel. «Facilitó que la causa esté en un limbo eterno», añadió. Sus palabras no solo se perfilaron como un desafío a la decisión del Poder Ejecutivo, sino que también mostraron que la vicepresidenta –abanderada de la familia militar– monitorea con interés los expedientes de lo que llaman «memoria completa», que podrían implicar que los militantes de los años 70 sean quienes se sienten en el banquillo de los acusados.
Villarruel empieza a contar su historia pública a partir de 2006. Desde ese año preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). La organización tomó gran parte de su nombre del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el organismo de derechos humanos que motorizó la reapertura de las causas por crímenes cometidos durante la última dictadura. Aunque no se diga, el Celtyv es una rama de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), fundada en 1993 por Fernando Exequiel Verplaetsen, exjefe de inteligencia del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo y exjefe de la policía bonaerense durante los últimos tiempos de la dictadura.

Latente
El Celtyv de Villarruel busca que quienes tengan que rendir cuentas sean los sobrevivientes de la militancia de los años 70, a quienes define como «terroristas». Desde que llegó al Senado, Villarrruel envió un mensaje claro en el sentido de que estaba dispuesta a poner el dedo en la llaga del peronismo: nombró al frente del Observatorio de Derechos Humanos a Claudia Rucci. Es la hija de José Ignacio Rucci, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) asesinado el 25 de septiembre de 1973 cuando salía de su casa.
En 2012, Lijo dijo que había elementos para entender que Montoneros estuvo detrás de la muerte de Rucci. Sin embargo, no podía calificarlo como un crimen de lesa humanidad entre otras cosas porque la organización peronista formada en 1970 no ostentaba el control del territorio. Sin embargo, la Cámara Federal porteña le ordenó seguir investigando. Lijo atinó muchas veces a decretar el cierre de la causa, pero nunca lo hizo.
En el pasado, el expediente se cerró muchas veces. La primera vez en 1974, antes de que se cumpliera un año del asesinato. En 1983 –meses antes del fin de la dictadura– se avanzó con la hipótesis de que la Triple A podría haber estado detrás de la ejecución del líder sindical, incluso se investigó si Aníbal Gordon –un hampón que en 1976 pasó a controlar los centros clandestinos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)– lo había asesinado a pedido de Lorenzo Miguel, líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
En marzo de 1984, Aníbal Rucci –hijo mayor del exsecretario general de la CGT– se presentó para plantear otra hipótesis. Aportó el libro El terrorismo en Argentina, que había sido editado por la dictadura y que planteaba que su padre había sido víctima de la guerrilla. Para fines de ese año, el juez Fernando Archimbal decía que tenía semiplena prueba de que Montoneros era responsable del homicidio de Rucci. De esa forma, podría sacarse la causa de encima, ya que él investigaba el accionar de la Triple A. En 1989, el caso se clausuró. En 2008, Aníbal y Claudia Rucci lograron la reapertura del expediente tras la publicación del libro Operación Traviata de Ceferino Reato. Hace tiempo, el fiscal federal Franco Picardi le dijo al juez Lijo que no era un crimen de lesa humanidad y postuló la clausura del expediente. La querella familiar no propuso nuevas medidas y la causa quedó en estado de lantencia.

Reivindicar el uniforme
El caso Rucci no es el único que está a la espera de definiciones en los tribunales de Comodoro Py. Por estos días, los camaristas porteños Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia analizan si reabren la causa por la bomba en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal –más conocida como Coordinación Federal y que funcionaba como centro clandestino de detención y sede de la inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA)–. En la Cámara deslizan que podría haber novedades para fines de abril o principios de mayo. Si ese cronograma se cumple, habría un fallo antes del tan anunciado «Pacto de Mayo».
La apertura de esta causa se intentó en 2003. Todas las instancias dijeron que no se trataba de crímenes contra la humanidad, entre otras cuestiones, porque el ataque del 2 de julio de 1976 no fue contra la población civil. En 2012, la Corte Suprema desestimó los recursos. En 2021, abogados que representan a detenidos o condenados por crímenes contra la humanidad –nucleados en Justicia y Concordia o Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica– y el represor Eduardo Kalinec pidieron la reapertura del proceso. Decían que no se había considerado que Montoneros tenía apoyo de otros países e incluso del «terrorismo islámico». La jueza María Servini lo rechazó in limine.
En junio de 2022, y tras la publicación de Masacre en el comedor, de Reato, la Cámara Federal dejó sin efecto la resolución de la jueza y le ordenó investigar. Servini se mantuvo en su postura y el tema volvió al tribunal de apelaciones de Comodoro Py. Los impulsores de la denuncia –que incluye a personas desaparecidas durante la dictadura– se entusiasman con la posibilidad de que los camaristas invoquen el derecho a la verdad.
Desde hace cinco años, la Corte tiene para resolver un caso que directamente impulsa el Celtyv de Villarruel: la investigación por la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure, que fue secuestrado en 1974 después de que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) asaltara la fábrica militar de Villa María. En 1975, el cuerpo del militar apareció en un camino de las afueras de Rosario con signos de haber muerto por asfixia. Su hijo Arturo pidió reabrir la investigación después de que se empezaran a mover las causas contra los militares que actuaron en la dictadura. En noviembre de 2007, el entonces procurador Esteban Righi sostuvo que no podía catalogarse como un crimen de lesa humanidad porque no había sido perpetrado por agentes estatales ni como un crimen de guerra porque en la Argentina no hubo un conflicto armado interno. La Cámara de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal coincidieron. Sin embargo, los supremos no se pronuncian.
Está claro que el Gobierno de Javier Milei busca reabrir las causas que investigan el accionar de las organizaciones insurgentes para equiparar su responsabilidad con la del Estado que llevó adelante un plan sistemático de desaparición de personas. El 24 de marzo, la administración de La Libertad Avanza (LLA) eligió que María Fernanda Viola fuera una de las protagonistas del video institucional que se difundió. Ella reclama ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se reabra la investigación por las muertes de su padre, el capitán Humberto Viola, y su hermanita María Cristina –que ya habían sido investigadas durante la dictadura–. En esos años, se condenó, mediante confesiones arrancadas bajo tormento, a cinco personas que después fueron alcanzadas por el indulto de Carlos Menem. Para la Justicia argentina, es un tema saldado. Sin embargo, la familia Viola dijo que la política de enjuiciar a los militares impulsada por el kirchnerismo revolvió las heridas que creían cerradas y que, por eso, reclamaba la reapertura. No era falta de justicia, sino la necesidad de reivindicar el «uniforme militar».

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