10 de junio de 2015
La situación del integrante más longevo de la Corte Suprema se convirtió en tema de debate nacional mientras se sustancia una reforma de gran significación para la administración de justicia.
Palacio. En el edificio de la calle Talcahuano y en otros frentes se discuten los cambios en el funcionamiento de los tribunales. (Jorge Aloy)
El juez Carlos Santiago Fayt tiene prestigio en ámbitos judiciales no solo por su extensa trayectoria, sino por haber mantenido sus convicciones políticas a lo largo de su extensa vida. Se jacta de haber cuestionado tanto al radicalismo yrigoyenista como al «peronismo de Perón» en los años 50. Autor de más de 30 libros y cercano al socialismo «de Nicolás Repetto y Alfredo Palacios», fue designado en la Corte Suprema de Justicia en 1983 por el entonces presidente Raúl Alfonsín.
Tuvo épocas difíciles, cuando fue parte de una «minoría digna» que en tiempos neoliberales votó en contra desde la escandalosa privatización de Aerolíneas a los indultos dictados por el presidente Carlos Menem.
También forzó, con los años, una acordada de la Corte para que a él no le cupiera el límite de edad que establece la Constitución Nacional reformada en 1994, que impone un tope de 75 años para los ministros supremos. Nacido en 1918, Fayt tiene 97 años y repentinamente ese dato se convirtió en un tema de debate público. Ya la cuestión de su edad había merecido objeciones editoriales del diario Clarín en 1999 –en
los últimos meses del menemismo– cuando se avecinaba el recambio presidencial que llevó a Fernando de la Rúa al gobierno. Cuatro años más tarde sería Eduardo Duhalde, ungido presidente provisional tras la crisis de 2001, quien cuestionaría su insistente presencia en la Corte, ya que para entonces Fayt superaba los 82 años. El cómo y por qué ahora resurge con mayores ímpetus la cuestión etaria del decano de los miembros de la Corte es una muestra del nivel de parte de la discusión política que por estos días se expresa en la Argentina. Y el rechazo del propio Fayt a presentar la renuncia, también.
Esta Corte es lo que queda de aquel profundo y recordado cambio que inició Néstor Kirchner en mayo de 2003 ni bien llegó a la Casa Rosada con un caudal bien escaso de votos. Aun en ese escenario, forzó la renuncia de los más impresentables de la Corte de la «mayoría automática» y se abstuvo por decreto de la nominación de los futuros miembros, detalle que reservó a una suerte de concurso de antecedentes. Fue allí que se configuró un tribunal incuestionable tras el ingreso de Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni, dos prestigiosos juristas de dilatada trayectoria, que junto con Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti más Enrique Petracchi, que venía de la vieja guardia, le dieron brillo al tribunal.
Pero durante 2014 se estremeció el viejo edificio del Palacio de Justicia: murieron Argibay y Petracchi, y Zaffaroni renunció en un gesto de sometimiento a la Constitución por cumplir los 75 años. Para completar el cuadro, el Gobierno había renunciado voluntariamente a completar los nueve que formaban la denostada corte menemista y por ley, ante las bajas por deceso o retiro, decidió que la cifra volviera a la tradición de cinco miembros.
Las bajas simultáneas de pronto convirtieron a los estrados máximos del país en un campo de disputa territorial. Porque para nombrar nuevos miembros se necesita la aprobación de los dos tercios del Senado, algo que el oficialismo no tiene. La oposición en conjunto se comprometió entonces a no aceptar a ningún candidato que propusiera el Gobierno hasta el recambio presidencial de diciembre próximo. Una jugada que sienta un peligroso precedente, como marcaron desde sectores afines al kirchnerismo. Porque el período presidencial culmina el 10 de diciembre de 2015 y no antes. Y porque deja abierta la puerta a que el actual oficialismo, en represalia, tampoco apruebe a ningún candidato en la próxima gestión, cualquiera que sea, con lo cual el país quedaría en el futuro con un poder disminuido por meros caprichos de las dirigencias partidarias.
El Frente para la Victoria (FPV) entendió entonces que el lugar de Fayt podía ser un sitial adecuado para destrabar una situación insólita generada por una estrategia comenzada por sectores que dicen representar los valores más altos de la república. Si en lugar de un solo sillón debieran cambiarse dos, sería más probable que alguno de los sectores de la oposición –el radicalismo, por caso– aceptara negociar un puesto para cada uno.
Idas y vueltas
En este esquema habría que interpretar al apuro de Ricardo Lorenzetti en hacerse nombrar presidente del tribunal por un nuevo período con casi un año de antelación. Para colmo, con la ausencia física de Fayt pero con su firma en un documento que sin embargo lo daba como presente. Tan cuestionable fue la acordada que, luego de que el periodista Horacio Verbitsky hiciera público lo ocurrido, debieron llamar al anciano ministro para que se diera a conocer ante las cámaras para la firma de otro documento, en términos similares, en el que no hubo necesidad de tergiversar el trámite. En otro paso de esta suerte de comedia, Lorenzetti anunció que renunciaba a la presidencia pero luego fue reconfirmado.
No fue el único traspié del magistrado rafaelino, quien luego de la declaración de constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –en octubre de 2013– vio cómo los medios le daban difusión a una revelación de Jorge Lanata –que la diputada Lilita Carrió apuntaló entusiasta– que mostraba oscuros negociados cuando era socio de una gerenciadora de salud que trabajaba con PAMI, un caso que involucraba a uno de sus hijos.
El escándalo fue silenciado luego de que el hombre que preside la Corte desde 2004 fuera dando muestras de mayor flexibilidad ante artilugios legales para demorar la aplicación de dicha ley para el grupo Clarín. Como sea, Lorenzetti ya se venía alineando en la interpretación opositora del rol de la Justicia desde antes. Acaudilló el rechazo a la reforma judicial que impulsaba el Gobierno y propició la declaración de inconstitucionalidad del nombramiento de conjueces para suplir a los ministros de la Corte en caso de necesidad. Sin embargo, logró que nadie cuestionara el manejo del presupuesto judicial, que la ya mencionada reforma constitucional asigna al Consejo de la Magistratura.
Resistencias
Los entredichos con el Poder Judicial no son nuevos y seguramente el «caso Fayt» sea solo uno más en esa serie. Tras la publicación de Verbitsky en Página/12, donde se reveló que el magistrado no tendría toda la lucidez que se requiere para el cargo, la comisión de Juicio Político de Diputados aprobó
–con el rechazo de la oposición– una investigación para determinar si el juez está en condiciones de ocupar el puesto. Lo que sería el preámbulo de un juicio político.
Mientras tanto, los medios concentrados y la oposición mantienen la presión sobre los otros avances que propulsa el Gobierno, como el nuevo Código Procesal Penal. Tanto este caso puntual como el resto de las reformas a la Justicia se hallan en un enfrentamiento feroz entre quienes quieren mantener el sistema actual y quienes lo cuestionan por su carácter «monárquico». Esto es, porque son cargos de por vida, con potestades superiores a los poderes elegidos por el voto popular, y mantienen privilegios como el no pago de impuesto a las ganancias, por mencionar al más conocido.
Quienes cuestionan al Código Procesal señalan que aumenta el poder de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. En realidad, el nuevo sistema les da mayor poder a los fiscales, sobre quienes recaerá la responsabilidad de acusar e investigar y deja a los jueces la potestad única de juzgar. «Hay sectores de la Justicia que no quieren el cambio porque quieren tener el poder de investigar y juzgar, que no es lo que prevé la Constitución y no es lo que conviene. No quieren transparentar la Justicia», argumentó la procuradora.
Por otra parte, las marchas de protesta contra la violencia de género del 3 de junio también apuntaron contra el sistema judicial. Parte de la masiva manifestación porteña en reclamo de «Ni una menos» se acercó al frente del Palacio de Justicia para señalar a los jueces como responsables de un hecho que interpela a todos los poderes. «Los que imparten justicia deben dejar de ser garantes de impunidad y machistas», dijo la diputada por el FPV Mayra Mendoza. Las luces del edificio fueron apagadas, lo mismo que las de la plaza Lavalle. Al día siguiente Elena Highton de Nolasco convocó a las autoridades judiciales a elaborar un Registro de Femicidios en el país. Dos meses antes, por orden de Lorenzetti, se había desplazado a los miembros del Instituto de Investigaciones creado por Zaffaroni, que monitoreaba casos de conflictividad violenta, con especial atención en crímenes de género.
—Alberto López Girondo
