En los últimos meses se produjeron varios hechos violatorios de la ley por parte de uniformados en universidades nacionales y hasta en colegios porteños. El caso de una directora apartada de su cargo luego de haber repudiado una de esas intervenciones.
12 de julio de 2017
Abrazo. Alumnos, docentes y padres del Mariano Acosta, en defensa de la escuela pública. (Horacio Paone)
Pocos hechos reflejan de forma tan cruda el «clima de época» de las fuerzas de seguridad como la reiterada irrupción de uniformados en instituciones educativas, amedrentando a alumnos, profesores y personal no docente. Lo que comenzó en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), se replicó luego en distintos puntos del país, a pesar de que la normativa es bien clara. En su artículo 31, la Ley de Educación Superior 24.521 establece que «la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no mediante orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida».
El primer caso fue el 12 de abril en San Salvador de Jujuy, cuando la policía provincial realizó un operativo a las 3 de la mañana en la Facultad de Ciencias Agrarias. Con armas largas y cinco patrulleros desplegados, entraron a la UNJu para llevarse al presidente del Centro de Estudiantes, Joaquín Quispe, que participaba de un asado. Por toda explicación, los agentes dijeron que se había violado el código contravencional. El repudio fue general –con el foco sobre el gobernador Gerardo Morales– y en pocas horas Quispe y otro estudiante recuperaron su libertad. Luego, la cúpula policial renunció.
Lejos de marcar un límite, lo de Jujuy fue un puntapié. Días después, en General Roca, Río Negro, policías federales se presentaron en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (UNComa). Vestidos de civil y esgrimiendo una orden plagada de irregularidades, exigieron poner fin a la toma del decanato que mantenían trabajadoras de limpieza tercerizadas despedidas.
Otro hecho ocurrió la tarde del 6 de junio en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), cuando miembros de la Prefectura recorrieron la llamada Plaza de la Memoria, parte del complejo educativo. El personal de seguridad les indicó que no podían estar allí y los prefectos, amenazantes, les exigieron sus DNI. Finalmente se fueron, pero a los 20 minutos llegaron otros agentes, que solo se retiraron ante una nueva solicitud de los guardias.
También en los primeros días de junio, dos policías se estacionaron con sus motos dentro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Al retirarse, los efectivos provinciales adujeron que eran nuevos y que desconocían la normativa que les impedía circular por ese lugar.
Hostigamiento
Pero las incursiones uniformadas en el ámbito educativo no se restringen a las universidades. El 20 de abril, en la Ciudad de Buenos Aires, autoridades, alumnos y docentes del colegio Mariano Acosta denunciaron el ingreso de un policía porteño armado, al finalizar una clase pública en defensa de la educación. La actividad se daba en medio de la negativa a abrir la paritaria nacional y a pocas semanas de la represión a los maestros frente al Congreso.
Ya en julio, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta apartó de su cargo a la directora del Acosta, Raquel Papalardo, que había repudiado el hostigamiento policial. «Es un ensañamiento. El mensaje es: matemos al mensajero», lamentó Papalardo, con más de 40 años en la docencia y un legajo intachable.
Por este y otros hechos similares, dos legisladores presentaron un proyecto para regular en la Ciudad el acceso de las fuerzas de seguridad a entidades educativas de gestión privada y estatal. La iniciativa de José Cruz Campagnoli y Paula Penacca, del FpV, busca cubrir un vacío legal, ya que la Ley 24.521 se refiere a universidades nacionales pero no alcanza al resto de las instituciones. «Se registró una escalada de operativos policiales para intimidar, reprimir u hostigar tanto a estudiantes como a docentes, en el ámbito de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Se contabilizaron más de diez episodios entre abril y mayo», advirtieron Campagnoli y Penacca, que buscarán instalar el debate en la comunidad educativa para lograr que el proyecto avance en la Legislatura.
