17 de abril de 2024
Las centrales de trabajadores realizarán una medida de fuerza de alcance nacional, además de movilizaciones y protestas en todo el país. El ajuste y la reforma laboral como telón de fondo.
Reunión. Representantes de la CGT con el jefe de Gabinete Nicolás Posse, y el ministro del Interior Guillermo Francos en Casa Rosada.
Foto: NA
El anuncio de los directivos de la Confederación General del Trabajo (CGT) que fijó para el 9 de mayo la huelga general promovida desde hace tiempo por los gremios combativos y las delegaciones regionales fue recibido con sorpresa por la opinión pública. Sobre todo, porque apenas unas horas antes se había realizado en la Casa Rosada una reunión de dos horas y media con las autoridades gubernamentales en la que, según trascendidos, se decidió avanzar en el camino del diálogo, en tanto el oficialismo expresó su voluntad de rediscutir el techo impuesto a las negociaciones paritarias.
Sin embargo –días más, días menos– la decisión parecía inevitable a la luz de las múltiples razones que la impulsaron. Entre las más relevantes, la negativa oficial a homologar los acuerdos paritarios que superasen la inflación proyectada, la caída del salario real, que se desmoronó el 19% en tres meses de neoliberalismo liberticida, el brutal incremento de los precios de la canasta familiar y el transporte, el imparable aumento de los alquileres, y el proyecto de reinstaurar el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría para hacerlo coparticipable en procura de calmar a los gobernadores, aunque estos no están dispuestos a pagar el costo político que se derivaría de tal medida.
El sector dialoguista de la CGT intentó patear para más adelante la fecha, pero no pudo imponer su criterio debido al crecimiento de la conflictividad en sectores como metalúrgicos; empleados estatales; docentes primarios, secundarios y universitarios; choferes de colectivos; y trabajadores de empresas automotrices, para citar solo a los más importantes. A ello se sumaron los miles de despidos en organismos estatales y la represión que debieron sufrir los trabajadores cada vez que protestaron en la calle.
No obstante la abundancia de motivaciones, la decisión se adoptó después de una intensa discusión del Consejo Directivo de la entidad sindical en la que, según fuentes confiables, el secretario general de la central obrera, Héctor Daer, habría actuado como mediador y logrado arribar a un consenso que pareció conformar a ambas partes: tomarse casi un mes para facilitar cualquier posibilidad de obtener concesiones razonables del oficialismo, algo que el moyanismo, la Corriente Federal y la mayor parte de las delegaciones regionales consideran imposible ya que los pregoneros de la desregulación no aplican el mismo criterio para los precios liberados que para los salarios, devaluados y controlados. Los combativos lograron, además, que se determine la participación de la CGT en el acto programado para el 23 de abril por la comunidad universitaria en defensa de la Universidad pública –al que también han adherido los movimientos sociales– y que se realice una movilización el 1 de mayo, Día del Trabajador. Las dos CTA (Autónoma y De los Trabajadores) se sumaron a la medida de fuerza y las movilizaciones.
En la calle. Los trabajadores estatales protestan por los despidos impulsados por el Gobierno.
Foto: NA
Cambios regresivos
Otro elemento conflictivo que tensa las discusiones entre los dirigentes de las distintas corrientes sindicales, es la sospecha de que algunos de ellos, expertos en negociaciones tras bambalinas y convencidos de que conviene ceder algo para evitar perderlo todo, puedan estar negociando algún proyecto de reforma laboral que resulte digerible para el Gobierno y el «opoficialismo».
En ese sentido el sector mayoritario del radicalismo parlamentario, encabezado por el jefe del bloque de Diputados, Rodrigo De Loredo, le presentó al Gobierno una iniciativa para incorporar a la «ley Ómnibus» reducida que se debatiría próximamente en la Cámara de Diputados. El texto, que contiene notorias ambigüedades, aliviana varias disposiciones establecidas en el DNU 70/2023. Por ejemplo, no elimina las multas por trabajo no registrado, pero las reduce y pretende que se les asigne un destino específico; propone una baja de las cargas patronales; postula considerar a la educación como servicio esencial, lo que significa mantener las escuelas abiertas en caso de huelgas. Según el documento, si se declara un día de paro, debe concurrir un 30% de la nómina, si se extiende a dos jornadas, el 50% y si es de 72 horas, el 75%.
Hay varios capítulos del proyecto que probablemente sean rechazados hasta por los dirigentes más dialoguistas. Es el caso de la eliminación de las contribuciones obligatorias a los sindicatos, que muchas veces forman parte de los acuerdos paritarios o el reemplazo de la indemnización por un fondo de cese laboral, tomando como modelo al gremio de la Construcción, un ítem que también figura en el DNU de Milei, pero con el atenuante –en la iniciativa radical– de que no puede aplicarse en los rubros donde no exista una rotación laboral importante. Para estas actividades proponen un fondo de cese a cargo del empleador o un sistema de seguros para garantizar el resarcimiento del personal despedido. Además, se propone incrementar en un 100% la indemnización por despido fundado en un acto discriminatorio. Respecto del período de prueba se plantea subirlo de tres a seis meses, mientras que en el DNU de Milei es a ocho meses.
Si bien el vocero de prensa de la CGT, Jorge Sola, rechazó terminantemente cualquier posibilidad de levantar el paro y manifestó que no se aceptará el proyecto radical de reforma laboral, cabe recordar que poco antes de la reunión con los funcionarios gubernamentales la central emitió un documento de 13 páginas en un tramo de la cual manifestaba su intención de acompañar una «modernización» de la legislación laboral en lo referido específicamente al tema de los convenios colectivos de trabajo y con exclusión de cualquier punto ligado con el financiamiento de los sindicatos.
De la magnitud de las movilizaciones previstas y la contundencia del paro del 9 de mayo dependerá que caigan en saco roto los pactos que se pretenden constituir para destruir derechos laborales edificados sobre la lucha de varias generaciones de trabajadores y se pueda así detener cualquier maniobra de los promotores del retroceso social y sus aliados.
