23 de octubre de 2024
Un cuarto de siglo atrás, Fernando de la Rúa era elegido presidente de la Nación, iniciando un gobierno fallido que terminó en la crisis de 2001. El regreso de Cavallo y la caída del modelo que instaló en los 90.
Hacia el fin de la convertibilidad. De la Rúa, junto a Rodolfo Terragno, Carlos Álvarez y José Luis Machinea.
Foto: Archivo Acción
Hace 25 años, el 24 de octubre de 1999, el desgaste del menemismo, fruto del incremento de la desocupación y la pobreza, a lo que se sumaban las sospechas de corrupción sobre muchos de sus funcionarios, la Suprema Corte de Justicia deslegitimada por una «mayoría automática» funcional al oficialismo y los conflictos internos del justicialismo determinaron la victoria en primera vuelta de la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación –una coalición entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (Frepaso)– que llevaba como candidato a presidente a Fernando de la Rúa, secundado por Carlos «Chacho» Álvarez y que obtuvo el 48% de los votos. La llamada Concertación Justicialista (el PJ y pequeños partidos liberalconservadores) encabezada por Eduardo Duhalde ocupó el segundo lugar con el 38,09 de los votos. Desde el comienzo de su gestión, De la Rúa demostró que no estaba dispuesto a realizar modificaciones sustanciales al esquema de gobierno impuesto por su antecesor. Como señala la investigadora del Conicet, Mónica Cané, «la lucha contra el déficit fiscal se había convertido en el eje de todas las políticas públicas de la Alianza y el punto de articulación de sus dos grandes promesas de campaña: el mantenimiento de la convertibilidad cambiaria y la lucha contra la corrupción. El consenso fiscalista había permitido la implementación de sucesivos ajustes, todos ellos definidos como inevitables por cada uno de los ministros que pasaron por la cartera de Economía».
Por otra parte, el vicepresidente Álvarez renunció a su cargo antes de cumplir un año en sus funciones a causa del revuelo que se desató con la sanción en la Cámara Alta de la ley 22.250 de Reforma Laboral, más conocida como «ley Banelco» debido a la denuncia del pago de coimas a los legisladores para lograr su aprobación.
Con el acceso a la cartera económica del exministro de Menem y «padre de la convertibilidad», se tomaron medidas que profundizaron el proceso recesivo, cayó el Producto Bruto Interno, se redujeron los salarios públicos y las jubilaciones, se dictó la denominada ley de Déficit Cero y, consecuentemente, se desmoronaron la inversión y el consumo. Aproximadamente el 40% de la población –unos nueve millones de personas– estaba bajo la línea de pobreza, y el 14% –tres millones– bajo la de indigencia. El modelo financiero-especulativo de los 90 continuaba en plena vigencia y los sectores populares comenzaron a reaccionar contra lo que en algún momento supusieron beneficioso.
Voto bronca
Así, dos años después, se arribó a las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2001, las primeras en las que la ciudadanía eligió en forma directa a los senadores, que hasta ese momento eran designados por vía indirecta del voto de los legisladores de cada provincia. Por lo tanto, el Senado –que cargaba con la desconfianza del escándalo acaecido hacía un año– renovó el total de sus 72 bancas.
19 y 20 de diciembre de 2001. La represión al estallido popular dejó como saldo 39 muertos.
Foto: NA
Estos comicios se caracterizaron por la baja asistencia de votantes. Casi el 24% de ellos se inclinaron por el denominado «voto bronca», en blanco o anulado –que algunos analistas prefirieron llamar «voto negativo»–. Incluso algunos como el doctor en Ciencias Sociales Julián Zicari relativizan las conclusiones de la mayoría de sus colegas, alegando, entre otras objeciones, que la concurrencia suele ser siempre menor en las elecciones legislativas y que la participación popular fue decayendo desde la recuperación de la democracia en 1983 en los comicios de medio término.
Empero, los datos objetivos indican que el ausentismo en las legislativas fue de 7 puntos porcentuales menos que el de 1999 y solo el 57,37% del padrón emitió un voto positivo. Los analistas no se ponen de acuerdo acerca de las motivaciones de estos comportamientos, si bien todos coinciden en que fue uno de los fenómenos más significativos y novedosos desde 1983 y en que se trató de un contundente repudio ciudadano. Mientras un segmento pone el acento en que significó una forma de protesta colectiva, semiespontánea y masiva, otro sector subraya que no fue simplemente una manifestación de apatía o desinterés, sino un modo de participación activa de la ciudadanía y que el electorado no vislumbró que ninguno de los candidatos pudiera representarlo. Los dos partidos políticos más importantes llegaron a representar en conjunto solo el 30% del padrón nacional.
Otro elemento a considerar es que la concurrencia fue inferior en las provincias con menor nivel de desarrollo y necesidades básicas insatisfechas (Salta, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes y Tucumán, con picos de 33,15%). En Santa Fe fue donde más se observó la distorsión. El justicialismo fue el ganador con 348.517 sufragios, con el 35,30% de los votos positivos, en tanto la Alianza lo secundó con 254.953, el 25,82% y el «voto bronca» obtuvo 717.340, con lo cual superó a la suma de ambas fuerzas. Córdoba también fue muy afectada por el comportamiento del electorado. Allí se impusieron los votos en blanco y los anulados por un amplio margen. En tanto, en la Capital Federal, la Alianza se alzó con la victoria con menos del 11% del padrón electoral.
Cabe destacar la importancia que adquirieron las nuevas formas de cuestionamiento que surgieron en lo que debió haber sido una confrontación de fuerzas políticas dentro de los marcos de la normalidad. El voto anulado, por ejemplo, que fue mayoritario en los grandes centros urbanos, se expresó de una manera original. Además de las boletas rotas, los ciudadanos evidenciaron su descontento colocando en los sobres fetas de fiambre, retratos de próceres, fotos de personajes populares como el dictador de Costa Pobre que protagonizaba Alberto Olmedo o frases con insultos.
Estas elecciones y el derrumbe definitivo de la convertibilidad marcaron el quiebre de un esquema económico y político y generaron la explosión popular del 20 y 21 de diciembre de 2001, que tuvo el dramático saldo de 39 asesinados por la represión y abrió una crisis institucional con una sucesión de presidentes que finalizó recién el 25 de mayo de 2003 con el acceso al poder de Néstor Kirchner.