27 de junio de 2024

María Soledad Iparraguirre

Aunque los científicos demandan políticas de Estado para mitigar la crisis climática, el RIGI propuesto en el proyecto de Ley Bases viola acuerdos internacionales firmados por nuestro país.

En un contexto global agravado por la sobreexplotación de los recursos y el incremento del calentamiento global provocado por las matrices de producción basadas en el uso de combustibles fósiles, la crisis climática emerge como la madre de todas las crisis. El desafío que se presenta a escala internacional conlleva la necesidad de medidas gubernamentales que prioricen la replanificación de las ciudades y los territorios en el marco de la justicia social y ambiental como políticas de Estado.

Nuestro país emite escasas cantidades de gases contaminantes en términos globales, sin embargo la matriz productiva genera emisiones a partir de la producción ganadera (el 37% contribuye a la producción de dichos gases, particularmente con el gas metano –de gran poder calorífero– proveniente de los feedlot) y la agricultura, con la emisión de óxido nitroso, gas presente en los pesticidas y fertilizantes con que se fumigan los campos. Los investigadores sostienen que resulta imperioso transitar hacia una matriz de producción que reemplace el componente fósil por energías alternativas.

«Cuando hablamos de soberanía energética trabajamos con los conceptos de cambio climático», sostiene Silvia Oliviero Ghietto, profesora titular de Ambiente, Ciencia y Tecnología en Latinoamérica de la Undav y exresponsable de Ambiente del Centro de Investigación sobre Contaminantes Orgánicos (INTI). «No hablamos de tormentas e inundaciones, sino del origen de los eventos climáticos para poder ver cuáles son las alternativas y dónde estamos parados. El desafío es transitar hacia una economía descarbonizada y reconocer qué políticas públicas tenemos para adaptarnos al cambio climático que van a padecer las poblaciones más vulnerables, el aumento del dengue, la falta de insfraestructura para atender lo que serán los nuevos escenarios, es decir, dónde están las políticas públicas».

Modelo productivo
Oliviero señala la necesidad de transitar hacia otro modelo productivo, hacia otro modelo económico que se despegue del empleo de lo que denomina «capital fósil», esto es, las energías producidas a partir de la explotación de carbón, petróleo y gas.

«Hay una resistencia del capital fósil, y quienes sufren las consecuencias en mayor medida son los países como los nuestros, con una mayor vulnerabilidad social, asociada a la pobreza, a la insuficiencia de la infraestructura que agudizan el impacto del calentamiento global –dice la científica–. Aunque más del 70% de las emisiones responsables están ubicadas en el hemisferio norte: hay una relación directa entre el desarrollo, el Estado de bienestar y las emisiones de dióxido de carbono. Los países como los nuestros, los más pobres, son los que menos emiten; Argentina, por ejemplo, contribuye con el 0,5%; pero somos el enclave de ese capital fósil. Cuando Milei aparece, lo mismo que Trump, con este discurso negacionista climático no es porque son locos, están defendiendo el sostenimiento del capital fósil que no quiere abandonar sus negocios y sus ganancias, porque todavía no tiene un sistema alternativo que le permita acumular ganancias ni privilegios en la misma medida».

Agroextractivismo
Doctora en Historia e investigadora de la Universidad de San Martín (Unsam) y del Conicet, Cecilia Gárgano plantea las distorsiones climáticas provocadas por la actual matriz agraria en Argentina y sus impactos en la salud humana. «La crisis climática existe, pero lo que hace que la agricultura sea cada vez más vulnerable climáticamente es cómo y para qué se produce. Se ha ido configurando un agroextractivismo –no solo en nuestro país– que es la organización de la producción agrícola en base a regímenes de especialización de monocultivos (en nuestro caso la soja transgénica, alimento para ganado en otras latitudes) –dice Gargano–. Esta organización de la producción es intensiva en el uso de combustibles fósiles, en el consumo de agua dulce y en el uso de fertilizantes químicos; ahí tenemos una ligazón estructural a la crisis climática».

Según explica la investigadora, «la matriz socava las propias bases que la sostienen porque va depredando el territorio, impidiendo que la naturaleza mantenga los propios tiempos que requiere para recuperarse, va dejando un mapa de contaminación a su paso, de saqueo y profundización de la pobreza. Hoy suenan todas las alarmas socioambientales y están en agenda, pero lo que se propone a futuro es profundizar esta matriz extractivista y la agroextractiva en particular», aclara Gargano.

«Esto no está desvinculado a lo que está pasando en las calles, porque el extractivismo no tiene conciencia social, las patologías de la salud en los territorios afectados son muy similares y van desde La Matanza hasta el Norte argentino. En la búsqueda de alternativas que apuesten a la diversidad, la agroecología también viene ofreciendo salidas mientras politiza el clima y el acceso a la tierra», indica Gárgano, también coordinadora del Mapa del Extractivismo, programa de investigación elaborado por la Unsam y el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas que –en base a la información disponible, el registro audiovisual y producciones propias– propone visibilizar el Mapa del Agronegocio en la provincia de Buenos Aires.

Transición a la emisión cero
Desde el aporte jurídico, el abogado ambientalista Darío Ávila sostiene que el capítulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) propuesto en la Ley Bases que busca aprobar el Gobierno de Javier Milei viola acuerdos internacionales firmados por Argentina, específicamente el Acuerdo de París (2015) por el que los Estados parte se comprometieron a tomar medidas internas que son medidas de adaptación y de mitigación para abogar por la disminución de los gases de efecto invernadero. El objetivo principal del Acuerdo de París reside en la disminución de los gases de efecto invernadero y los Estados que han firmado tienen dos metas fundamentales en dos plazos prefijados, hacia 2030 y 2050.

Para 2030, se busca llegar a una reducción de los gases contaminantes en un 45% y para 2050 el eje a cumplir es la emisión cero, lo que se conoce como descarbonización, o la carbono neutralidad. «Cada país tiene que hacer un inventario de los gases de efecto invernadero, de los gases que mayormente contribuyen al cambio climático. Argentina está haciendo todo lo contario a lo que dice el Acuerdo de París y lo que plantean los expertos, estamos promoviendo la profundización de combustibles fósiles, de empresas hidrocarburíferas, gasíferas y le vamos a dar beneficios económicos por 30 años», explica el abogado.

Según Ávila, «vamos hacia 2034 promoviendo la explotación de hidrocarburos. Argentina está violando de manera manifiesta el Acuerdo de París, que ya firmó, comprometiéndose a mitigar los gases de efecto invernadero. Asimismo, desoye las recomendaciones de Ipbes (Ipbes.net), plataforma gubernamental internacional integrada por un grupo de científicos propuestos por cada país que trabaja en la elaboración de informes y reportes académicos que sirvan de insumo de los Estados, para la toma de medidas transformadoras y sustanciales respecto de la agudización del calentamiento global», indica finalmente el letrado.

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