12 de marzo de 2024
El caso de los dos «presos por tuitear» es solo un símbolo de una administración provincial que vulnera las libertades democráticas. La criminalización de la protesta social.
Sistemático y generalizado. Las detenciones por escribir en las redes son una muestra más de un mecanismo inaugurado en 2016.
Se hicieron conocidos como los «presos por tuitear», pero los jujeños Nahuel Morandini y Roque Villegas también se convirtieron en un símbolo de una administración provincial que vulnera las libertades democráticas y el estado de derecho de manera sistemática. Sin embargo, no son las únicas víctimas de un estado provincial que acumula denuncias por violaciones a los derechos humanos, incluso en instancias internacionales como la ONU.
Centenares de militantes y activistas jujeños, así como integrantes de comunidades indígenas, están imputados o procesados, en su mayoría por causas abiertas tras las protestas contra la reforma constitucional que impuso el exgobernador Gerardo Morales. Otros, como Morandini, Villegas y la arquitecta Lucía González, son acusados penalmente por compartir mensajes sobre una supuesta infidelidad de la esposa del exmandatario en redes sociales o en su mensajería privada.
«Son todas causas armadas con burdas irregularidades, pero con un denominador común: los acusados somos críticos del Gobierno provincial», dice a Acción el docente de la Universidad Nacional de Jujuy y militante de Izquierda Socialista, Iván Blacutt, imputado y multado con 2.700.000 pesos por protestar.
Morandini es ingeniero ambiental y estuvo privado de su libertad durante 53 días. Cuando fue liberado confesó que llegó a temer por su vida. «Los guardias me desnudaron y me filmaron, estuve sin mi ropa y sin mis lentes en una celda húmeda de seis baldosas, tenía que hacer mis necesidades en un fuentón, me sometieron para que me quiebre psicológicamente y me haga cargo de cosas que no hice», fue su estremecedor relato. «Luego de la liberación de Nahuel y Roque pedimos una audiencia para presentar una excepción por falta de acción, es un planteo por el cual decimos que no hay delito y no es necesario que la causa siga avanzando», sostuvo Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Morandini.
La acusación es por lesiones psicológicas y alteración de la identidad de una menor, ya que la hija de Morales habría sido afectada por los rumores de los que se hicieron eco las redes sociales. Luego de que Morandini relatara a los medios de comunicación el calvario vivido en los casi dos meses que estuvo preso en el penal jujeño de Gorriti, el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy abrió una investigación sobre estos hechos, e intervino en la causa el Comité contra la Tortura.
Al igual que Morandini y Villegas, la arquitecta Lucía González está acusada de difundir información privada de la familia de Morales. La mujer tiene pedido de captura porque todo sucedió –camionetas sin patente con policías de civil que fueron a preguntar por ella a su domicilio– cuando estaba de vacaciones fuera del país. González dijo que se siente «desestabilizada por el miedo» y que recibió acompañamiento psicológico. La fiscalía pidió dejar sin efecto el pedido de detención, a los fines de que se presente, pero sin garantías de que cuando lo haga no vaya a quedar detenida.
Multas por manifestarse
En Jujuy rige un Código Contravencional similar al de Mendoza, que penaliza con fuertes multas a quienes se manifiestan en las calles. Está vigente desde el 1 de enero de 2016, aprobado por la ley 5.860. «Somos 20 personas, dirigentes y miembros de distintas organizaciones imputados por los hechos del 20 de junio del año pasado cuando se votaron las modificaciones a la reforma constitucional. Nos acusan de destrucción, daño y obstrucción del tránsito. Mis abogados impugnaron la causa por innumerables irregularidades, como la falta de acceso a las pruebas», explica el docente Blacutt.
«Todavía no nos devolvieron los celulares que nos secuestraron al momento de arrestarnos, no accedimos a los resultados de los peritajes, es una causa armada dirigida por el fiscal más criticado de la provincia, Walter Rondón, que se encarga de los opositores políticos y es el más rápido al actuar. Esperamos la respuesta del Tribunal de Impugnación sobre nuestra apelación, si no iremos a juicio», agrega.
Blacutt reseña que «todas las causas que se han armado el año pasado hacia los opositores políticos que luchamos contra la reforma constitucional de Morales están plagadas de irregularidades, incluso hacen denuncias a nuestras abogadas como Mariana Vargas y Alejandra Cejas, que son militantes. Es claramente persecución política a quienes nos oponemos al séquito de Morales, el gobernador actual (Carlos) Sadir». Y señala que la misma situación padecen las comunidades indígenas de Jujuy, «acusadas, por ejemplo, de homicidio culposo por haber cortado una ruta».
Entre los innumerables procesos abiertos está la causa hacia la comunidad de Caspalá, iniciada por el corte de ruta en Purmamarca, y otra por una protesta en Humahuaca. Pero no es este el único instrumento que apunta a penalizar las manifestaciones. «Son cientos de multas contravencionales, que van desde 2 a 18 millones de pesos, a docentes de todos los niveles, miembros de las distintas comunidades originarias, dirigentes sociales y políticos, a mí me multaron con 2,7 millones de pesos», indica Blacutt.
Laboratorio represivo
Acaso pueda pensarse que el arresto de la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala por una decena de acusaciones haya sido el preámbulo de lo que se volvió sistemático y generalizado contra los opositores a Morales y su fuerza política. El combo de acusaciones más utilizadas por un poder Judicial denunciado como adepto al poder político va desde sedición hasta resistencia, daño agravado, lesiones e instigación a cometer delitos.
Uno de ellos es el caso de la dirigente de derechos humanos Fabiola Suárez, detenida en julio de 2023. En aquel momento hubo imputaciones contra casi 100 manifestantes, seguidas por hostigamiento, amenazas e intimidaciones a quienes continúan participando de protestas o hayan expresado públicamente su repudio ante esta escalada represiva.
El 14 de febrero la organización Asamblea, Trabajo y Dignidad (ATD) – AJI20 denunció que uno de sus integrantes, Miguel Ramos, fue retenido por la Delegación de Migraciones de La Quiaca, demorado por Gendarmería y luego liberado, tras un supuesto «error» por una orden de captura que no estaba vigente en el marco de una causa que se le armó por protestar el año pasado contra la reforma constitucional.
«Venimos denunciando persecución política hace rato. Hemos tenido dos compañeras imputadas en 2021 por unos grafitis sin pruebas, hemos tenido la infiltración de un policía que estuvo trabajando tres años en nuestra radio comunitaria, Radio Pueblo», relató Verónica Rojas, de ATD-AJI20, a Salta12. «Hace mucho tiempo que se persigue a quien diga algo del régimen de Gobierno, ha pasado con el Malón (de la Paz) con gente que ha sido apresada por protestas. Desde antes de 2023 hay una persecución sistemática. Todas estas prácticas ya se han vuelto un modus operandi del Estado», aseguró Rojas. A su criterio, «Jujuy es un laboratorio porque muchas de las prácticas que nosotros hemos venido viviendo, hoy se están replicando a nivel nacional con la represión de la protesta que pretende normalizar la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un modelo para amedrentar».
