15 de julio de 2013
Junto con países vecinos, el Gobierno nacional participó de la respuesta colectiva al atropello diplomático contra Evo Morales. Los desafíos de la región frente al espionaje global.
Cochabamba. Los presidentes Correa (Ecuador), Mujica (Uruguay), Fernández (Argentina), Morales (Bolivia), Maduro (Venezuela) y Boutarasse (Surinam) encabezaron el acto. (Télam)
La política exterior de la Argentina es uno de los ejes que muestra con más claridad un cambio respecto de décadas pasadas. Del escenario de «relaciones carnales» que caracterizó a los 90, con el foco puesto primordialmente en el vínculo con Estados Unidos y los centros financieros internacionales, nuestro país pasó a una diversificación de sus relaciones exteriores, priorizando como estrategia la consolidación de un proceso de integración regional con crecientes márgenes de autonomía respecto de los dictados de la principal potencia del mundo.
No fue aislado el giro argentino en la materia, por el contrario, se produjo en el marco de una tendencia compartida por gobiernos vecinos igualmente empeñados en la creación de espacios autónomos, independientes de los grandes centros del poder mundial. El Mercosur, fundado en 1991, tomó renovado impulso con el liderazgo político y económico de Brasil y Argentina en la última década, junto con la aparición de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), bloque integrado por 12 países de la región, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que participan todas las naciones del continente salvo Estados Unidos y Canadá, son muestras de las transformaciones acaecidas en la región, donde la Argentina desempeña un papel importante. Basta consignar que el ex presidente Néstor Kirchner fue el primer titular de la entonces naciente Unasur, elegido por sus pares latinoamericanos.
La derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata en 2005 fue un hito que ayudó a sentar las bases de un nuevo bloque continental, que reacciona y actúa en conjunto frente a episodios que afectan derechos y conquistas de los pueblos. En ese marco, se inscribe el repudio y el documento firmado por seis mandatarios de la Unasur, reunidos de urgencia en la localidad de Cochabamba, ante la ilegal detención de Evo Morales luego de que cuatro países europeos (Francia, España, Portugal e Italia) le impidieran sobrevolar sus espacios aéreos debido a la infundada sospecha de que llevaba a bordo al ex técnico de la CIA Edward Snowden, cuya captura es reclamada por el gobierno de Barack Obama. El incidente desató reacciones no sólo de las naciones nucleadas en Unasur y la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), sino también de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En nuestro país hubo reacciones dispares. La Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, así como diversas legislaturas provinciales, repudiaron la actitud de los cuatro países europeos mediante un comunicado. En el texto emitido por el Senado los legisladores indicaron que «no es sólo un agravio que ofende la investidura presidencial, sino que puso en peligro la integridad del presidente», y agregaron que ese impedimento «pretende humillar al pueblo boliviano, así como a toda la región». Asimismo el diario Clarín publicó una nota crítica de la participación de Cristina Fernández en la reunión de Cochabamba titulada «Un viaje que dejó a Cristina del lado de los países bolivarianos», donde se agitan fantasmas en torno de un eventual aislamiento de la Argentina. Otra particular opinión provino del ex canciller Dante Caputo, quien manifestó que la decisión adoptada por los países europeos «está en el marco de las leyes», aunque –añadió– «está fuera de la más elemental cortesía diplomática».
El agravio sufrido por el presidente boliviano se enmarca en cuestiones de gran impacto político: la red de espionaje global desplegada por Estados Unidos revelada por los documentos filtrados por el ex agente Snowden que muestran que la Agencia de Seguridad norteamericana también realizó inteligencia sobre la Argentina y otros países de la región, y ponen al descubierto el sometimiento de algunos gobiernos de la Unión Europea que, pese a ser espiados en franca violación a su soberanía, se mantienen alineados con las políticas de Estados Unidos.
La aparición de naciones latinoamericanas entre los observados por el ojo global puede significar la confirmación de que los tiempos de relativa «indiferencia» por parte del país del norte hacia lo que denomina su «patio trasero» están llegando a su fin. Que la posición de estos países –cuya mayor fortaleza radica en que surgieron de procesos populares y democráticos, al tiempo que han consolidado un objetivo común asentado en la soberanía, la independencia política y económica y la ampliación de derechos para sus pueblos– sea la más contundente ante estos atropellos, pese a una innegable inferioridad en materia de poder bélico y económico respecto de Estados Unidos, llama la atención en otras partes del mundo donde se están naturalizando posiciones como las de los países que negaron el uso de su espacio aéreo a un avión presidencial.
Consenso del Pacífico
Lo que sucedió con el mandatario boliviano demanda una aclaración, dado que no sólo tiene interés para ese país sino también para la Argentina y los demás países latinoamericanos, en estado de alerta frente a hechos que buscan incidir en sus políticas. Resulta poco menos que dudoso, en tal sentido, que Estados Unidos no posea medios suficientes para constatar si Snowden viajaba en el mismo avión que Evo Morales, de lo que se desprende que lo ocurrido configuró un mensaje de amedrentamiento dirigido a algunos gobiernos de Centro y Sudamérica.
En ese contexto, la Alianza del Pacífico –el bloque formado por Colombia, Perú, Chile, México y Costa Rica, nacido hace un año–, constituye un desafío para Unasur, ya que estos países adscriben a la política de libre comercio con Washington y se posicionan como una cuña neoliberal en el tablero regional. Prueba de ello es que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el de Chile, Sebastián Piñera, y el peruano, Ollanta Humala –quien además es presidente pro tempore de Unasur– no concurrieron a la cumbre de Cochabamba. El propio Santos, a fines de mayo pasado, definió a la Alianza del Pacífico como «el nuevo motor económico y de desarrollo de América Latina y el Caribe». Analistas cercanos a visiones liberales acuerdan en postular que los países nucleados en la alianza son los de mayor crecimiento en América Latina, y que ello se debe a que han adoptado el esquema de libre comercio en lo que algunos arriesgan a denominar la versión actualizada del Consenso de Washington, rebautizado ahora como Consenso del Pacífico.
Además del aspecto meramente económico, cabe tener en cuenta cómo irá repercutiendo la acción de la Alianza del Pacífico en el escenario regional, según el enfoque ideológico que la sustenta. Sostiene el politólogo Atilio Boron en una entrevista reciente que «se trata de una alianza político-militar. Su objetivo es erosionar al bloque de países sudamericanos, específicamente la Unasur. Lo acabamos de ver en la reunión de Cochabamba, lo que debió ser una cumbre de presidentes de la Unasur se convirtió apenas en un encuentro de algunos mandatarios. Quedó demostrado que su visión de los asuntos internacionales está subordinada a Washington. Esto habla de la influencia perniciosa que la Alianza del Pacífico ejerce sobre los procesos de integración de América Latina».
También cobra singular importancia lo que suceda de aquí en adelante en el Mercosur, que enfrenta un momento de tensión ante el inminente regreso de Paraguay, suspendido por ese organismo luego de que el Senado paraguayo destituyera a Fernando Lugo y asumiera en su lugar Federico Franco. El mandatario electo guaraní, Horacio Cartés, reclamó públicamente la presidencia pro tempore del mercosur, lo que podría generar rispideces, dado que Venezuela se aprestaba a asumir la de jefatura. Esas diferencias en el interior del bloque sudamericano podrían dificultar la unidad de la región, en un contexto de contrapuntos y disputas políticas y económicas que comienzan a vislumbrarse con mayor nitidez.
Agenda urgente
Además de abordar la situación de Paraguay, el Mercosur se aprestaba a emitir una fuerte condena a la red de espionaje montada por la Agencia Nacional de Seguridad y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Así lo exigió la presidenta Cristina Fernández, quien también cuestionó a sectores políticos que callaron frente al accionar ilegal de los organismos norteamericanos. «Me corre frío por la espalda cuando nos enteramos de que nos están espiando a todos a través de sus servicios de informaciones, y del otro lado, dentro de nuestro propio país, sólo escucho silencio», expresó en el acto de conmemoración del Día de la Independencia, en Tucumán.
También la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, manifestó su reclamo a Washington ante las informaciones difundidas sobre el espionaje masivo estadounidense. «No estamos de acuerdo con interferencias de ese tipo, y no sólo en Brasil –dijo–. Si hubiera participación de otros países y otras empresas que no son brasileñas, seguramente se configuraría una violación a la soberanía. Y también una violación a los derechos humanos». El caso Snowden, a quien los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Nicaragua ofrecieron asilo político, alteró la situación en América del Sur, de acuerdo con los recientes movimientos del gobierno norteamericano y las enfáticas respuestas de algunos países de la región. Según el reconocido analista de política internacional Juan Gabriel Tokatlian, las naciones sudamericanas deberían evitar la sobreactuación y la altisonancia en sus posiciones, así como no transformar a Snowden en un héroe. Y agrega: «Convertirnos hoy en la frontera turbulenta de Washington reducirá la autonomía relativa ganada en una década de crecimiento económico, mejoramiento social y diversificación diplomática».
El tiempo dirá si se agudiza el conflicto entre América del Sur y Washington, frente a la ofensiva de un poder imperial que parece volver a poner los ojos en el continente. Lo cierto es que la región se encamina a defender los espacios de soberanía política y económica conseguidos desde que sus gobiernos, con todas las diferencias existentes entre ellos, comenzaron a entender que la mayor fortaleza a la que pueden aspirar es la que proviene de la integración regional.
—Pablo Provitilo
