25 de junio de 2014
Uno de los aspirantes a la candidatura presidencial no encuentra su espacio en el peronismo disidente mientras enfrenta en su provincia tensiones sociales y reclamos por la represión policial.
Gobernador. Al ser electo por tercera vez al frente del Ejecutivo provincial, denominó a su modelo como el «cordobesismo». (Télam)
Las ilusiones de José Manuel de la Sota de constituirse en el candidato presidencial del justicialismo no kirchnerista en los comicios de 2015 comenzaron a esfumarse en las últimas elecciones legislativas, en las cuales su lista apenas logró poco más del 26% de los votos, performance que si bien le permitió salvar la ropa, le impidió constituirse en un claro referente del pejotismo, a lo que también contribuyó la promisoria votación que obtuvo Sergio Massa en el distrito bonaerense. Es una frustración que se viene repitiendo desde 2003, cuando las encuestas dieron por tierra con el proyecto del entonces presidente Eduardo Duhalde que pretendía convertirlo en su delfín. Sin embargo, el empeñoso gobernador cordobés, lejos de darse por vencido, procura ganar terreno a partir de controvertidas actitudes.
Es evidente que su preocupación fundamental pasa por conformar una base social propia, claramente diferenciada del kirchnerismo, aunque algunos de sus movimientos difícilmente le aporten la popularidad que busca. Por ejemplo, su encuentro con el presidente uruguayo, José Mujica, justamente cuando la Cancillería anunciaba que estaba dispuesta a recurrir a la Corte Internacional de La Haya debido a la autorización del gobierno oriental a un aumento en la producción de la pastera Botnia, no ha caído nada simpático entre muchos de sus colegas y mucho menos entre los pobladores de zonas aledañas al río Uruguay. Con tono campechano, De la Sota precisó que «un gobierno de diálogo debería resolver los conflictos, conversando mate de por medio» e insólitamente se declaró «artiguista». Parece extraña su definición, sobre todo porque el caudillo uruguayo fue el autor del Reglamento de 1815, que en su artículo 12 determina la expropiación de las tierras de los «emigrados, malos europeos y peores americanos», enemigos de la revolución, para otorgárselas a «los más infelices», los negros libres, zambos, indios, criollos pobres y viudas pobres con hijos, lo cual contrasta abiertamente con la política de la administración delasotista que lleva 15 años sin hacer un revalúo de las tierras provinciales y se apoya fundamentalmente en los medianos y grandes productores de soja que le aportan una parte sustancial de su caudal electoral.
Color local
El «cordobesismo», al que De la Sota le otorgó un carácter identitario el mismo día en que fue consagrado gobernador por tercera vez, tiene por definición acotados alcances geográficos y políticos, si bien cuenta en el ámbito local con el beneplácito de chacareros devenidos en empresarios, distribuidores de semillas transgénicas, vendedores de tractores y cosechadoras y otros beneficiarios del «boom» sojero.
«Este modelo de crecimiento se llama cordobesismo», afirmaba entonces De la Sota. «Es una idea más grande, superadora de las peleas de los partidos y dirigentes», añadía.
«Esta es una nueva época para la Nación y requiere de nuevas ideas que impulsamos desde Córdoba. Tenemos una voluntad de hierro para defender lo que hemos conseguido», decía exultante por su triunfo electoral. «Hoy somos una provincia fuerte, compacta y orgullosa. A la Nación le digo: “Cuenten con Córdoba para unir y no para dividir. Cuenten con Córdoba para la construcción de un federalismo en serio, para mirar hacia el futuro y no hacia el pasado. Córdoba ya trabaja por un país mejor”», aseveraba cuando creía que estaba inaugurando su camino presidencial, a minutos de que se contaran los votos en 2011.
Por otra parte, medidas como la gratuidad del boleto estudiantil, muy bien recibidas por el conjunto de los cordobeses, se vieron empañadas por otras como el proyecto de ley para limitar las huelgas en los servicios públicos esenciales, resistida por todos los sectores del sindicalismo, incluido el que lidera el legislador delasotista José Pihen, quien es además secretario general de la CGT oficialista.
También ha contribuido al desgaste de la gestión la autorregulación de la policía provincial, cuyos integrantes abandonaron sus tareas en reclamo de mejoras salariales el 3 y 4 de diciembre del año pasado y contribuyeron en gran medida a generar un caos social en el que abundaron los saqueos y linchamientos, fruto de la complicidad entre muchos de sus agentes y los llamados «soldaditos» del narcotráfico, jóvenes marginalizados sin trabajo que son reclutados por las mafias. El procesamiento de algunos funcionarios policiales dispuesto por la Justicia desencadenó algunos cambios cosméticos que no modificaron la grave situación existente.
Otro elemento preocupante es la situación que reina en por lo menos 15 barrios capitalinos donde actúa el denominado Departamento de Ocupación Territorial, un programa policial creado para «minimizar y controlar cualquier desborde o acto vandálico que pueda ocurrir en un determinado sector de la ciudad». Personal especializado que realizó cursos de infantería, equipado con pertrechos, armas, cascos, escudos, coderas y rodilleras, actúa por tierra y aire en equipos de cuatro o más móviles que ocupan virtualmente los barrios populares donde se realizan detenciones por «portación de cara» y se persigue sistemáticamente a los jóvenes que son estigmatizados, retenidos en corralitos montados en plazas públicas, y ven restringidos sus derechos a la libre circulación.
Panorama complicado
En materia de obras públicas, ha recrudecido la controversia entre la provincia y la Nación. Mientras las autoridades provinciales afirman que están siendo discriminadas, sus pares nacionales aseguran que desde 2003 a la fecha se han invertido más de 7.500 millones de pesos en obras como la autopista Rosario-Córdoba y la pavimentación y ensanche de la Ruta Nacional 158. El ministro de Planificación, Julio De Vido, se ocupó asimismo de destacar que pese a que Córdoba recibe el mismo nivel de subsidios a la electricidad que la Ciudad de Buenos Aires, los cordobeses pagan una tarifa cinco veces mayor.
El complejo panorama que el gobernador tiene por delante se ve agravado por escándalos como el que estalló el 7 de setiembre del año pasado cuando el policía de Drogas Peligrosas Juan Alós apareció muerto con un balazo en la cabeza dentro de su propio auto a pocos días de que debiera producirse su declaración ante la Justicia. Se suponía que Alós podría aportar información importante sobre la vinculación entre efectivos de la fuerza de seguridad provincial y el narcotráfico. El fiscal federal Enrique Senestrari ordenó hace pocos días la exhumación del cadáver y la realización de una nueva autopsia, ya que existen fundadas dudas acerca del hecho que fue caratulado como suicidio por el fiscal provincial Emilio Drazile, a quien se acusa de haber contaminado la escena del crimen.
A ello se le suma lo ocurrido el 13 de febrero de este año cuando apareció muerto en su camioneta 4×4, con signos de intoxicación con monóxido de carbono y quemaduras. el propietario de la empresa CBI, Jorge Suau, quien fue secretario de Culto en el primer mandato de De la Sota. En la causa está imputado un ex funcionario delasotista, Pablo Michelini, quien se desempeñó como director general de la Asesoría Fiscal del Ministerio de Finanzas hasta que, en una rápida reacción, el gobernador decidió prescindir de sus servicios. Michelini era socio de la financiera Blicen, la cual, según Senestrari, manejaría una mesa de dinero similar a las de CBI, e incluso se afirma que existirían contratos firmados entre ambas empresas que demostrarían la relación que las vincula.
Pero el caso no sólo complicó al oficialismo cordobés, sino además a la principal fuerza opositora, el radicalismo, que gobierna la capital provincial. En efecto, en una carta atribuida a Suau se mencionan depósitos en CBI provenientes de la recaudación del servicio de transportes y se aludiría a varios funcionarios de la administración de Ramón Mestre, entre ellos al viceintendente y a su propio secretario privado. Mestre aportó documentación a la Justicia y dijo confiar en la inocencia de sus colaboradores. Lo cierto es que el problema del transporte en la capital cordobesa es grave desde hace décadas y últimamente se han producido investigaciones judiciales, que incluyeron allanamientos, por la sospecha acerca de supuestas coimas destinadas a favorecer a la empresa correntina de colectivos Ersa, que compite duramente con otro oligopolio, la compañía Ciudad de Córdoba, y llegó a la provincia de la mano de Mestre, cuyo padre fue interventor de Corrientes durante la presidencia de Fernando de la Rúa.
En el plano electoral, las cosas están igualmente complicadas. El ex gobernador Juan Schiaretti, con la bendición de De la Sota, se perfila como el mejor aspirante del PJ no kirchnerista. En el radicalismo, picó en punta el intendente de Río Cuarto, Juan Jure, que intentará remontar el desgaste de Mestre, que en las legislativas de 2013 arañó apenas el 20%, y el juecismo es una incógnita ante la negativa de Luis Juez a conformar el FAUNEN con la UCR, a la que acusa de estar atravesada por la corrupción. Los analistas coinciden en que la dispersión de sus votantes en los últimos comicios locales ha colocado a esta fuerza política al borde de la extinción.
—Daniel Vilá
