23 de octubre de 2025
De la reforma del empleo público a las sanciones a las familias, un laboratorio político que tensiona derechos laborales y educativos. Un Gobierno provincial alineado con la agenda libertaria.
Efectos. Para los gremios y abogados en derecho laboral, la reforma debilita la estabilidad y transparencia del trabajo en el Estado.
Foto: Ate Mendoza
Mendoza atraviesa una situación económica compleja. Los salarios estatales se encuentran entre los más bajos del país, el empleo privado lleva más de una década sin mostrar crecimiento sostenido y la provincia figura entre las que menos invierten en infraestructura. Al frente de este modelo está el gobernador Alfredo Cornejo, referente de la UCR y actual aliado estratégico del oficialismo nacional, que transita su segundo mandato con un sello claro: endurecer controles, trasladar responsabilidades del Estado a los ciudadanos y recortar derechos laborales.
En las últimas semanas Mendoza fue escenario de medidas que dibujan un estilo propio a través de la reforma del Estatuto del Empleado Público, la posibilidad de denunciar docentes por inasistencias y sancionar a las familias de estudiantes que hagan bullying.
Reforma laboral
La Legislatura de Mendoza sancionó una reforma parcial del Estatuto del Empleado Público, vigente desde 1973. Desde el texto oficial se esgrime que la reforma busca «actualizar, clarificar y ordenar» un marco legal que lleva 50 años sin modificaciones sustanciales, pero el alcance de los cambios introduce transformaciones profundas.
Por un lado, incorpora la figura del agente interino, que pasa a tener un reconocimiento legal, pero sin la estabilidad plena de la planta permanente. También unifica las indemnizaciones: elimina el esquema progresivo que premiaba la antigüedad y lo reemplaza por un cálculo uniforme del 100% del salario anual por año trabajado. A su vez, restringe el cómputo de la antigüedad solo a los años bajo relación de dependencia con aportes previsionales, dejando afuera otras modalidades de contratación. En el plano disciplinario, limita la posibilidad de apelar sanciones menores (como apercibimientos o suspensiones cortas) y deroga la figura histórica de «sostén de familia», que permitía a un familiar acceder al cargo del trabajador fallecido.
Según el oficialismo, su carácter es «aclaratorio y modernizador», pero para los gremios estatales y especialistas en derecho laboral, los efectos pueden ser negativos. «El espíritu de esta ley no es modernizar el Estado sino consolidar un modo de gestión basado en la discrecionalidad», advierte el sociólogo Gonzalo Navarro, exjefe de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación. «Le otorga al Gobierno provincial un poder casi absoluto sobre el ingreso y la permanencia de los trabajadores, debilitando la estabilidad y la transparencia del empleo público. En lugar de promover concursos o reconocer la trayectoria, abre la puerta a un uso político del Estado y al refuerzo del clientelismo», concluyó.
Estatuto. Su transformación «le otorga al Gobierno provincial un poder casi absoluto sobre el empleado público», advierten especialistas.
Vigilancia escolar
Pocos días antes, otra medida generó debate en el ámbito educativo. El Gobierno provincial incorporó en la aplicación GEI (Gestión Educativa Integral, la plataforma oficial utilizada por docentes, familias y estudiantes) un canal que permite a madres, padres o tutores reportar directamente la inasistencia de los docentes.
La decisión se inscribe en una política de control de presentismo que comenzó en 2016 con el polémico «ítem aula», un adicional salarial que descuenta faltas (incluidas huelgas y licencias médicas). Para el gremio docente, abre la puerta a conflictos dentro de la comunidad escolar. «La medida rompe con la convivencia escolar y tensiona aún más el vínculo entre docentes y familias», advierte Carina Sedano, secretaria general del SUTE. «No tiene sentido que los padres controlen la asistencia cuando existen mecanismos formales y verificables como los libros de firma, planillas del GEI, registros biométricos, que ya garantizan esa información. Lo que el Gobierno hace con esta herramienta es poner en duda la palabra de los equipos directivos y sumar desconfianza en un contexto de alta conflictividad social y escolar. En lugar de eso, debería convocar a paritarias y revisar los protocolos de violencia que hoy dejan desprotegidos a los trabajadores de la educación», sentenció.
La culpa es de los padres
En paralelo, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para modificar el Código Contravencional e incorporar sanciones a padres y madres de niños y adolescentes que hostiguen a sus compañeros. La propuesta prevé multas de dos millones de pesos y hasta 50 días de trabajo comunitario para las familias.
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, defendió la iniciativa como parte de una política integral contra la violencia escolar, que incluye protocolos actualizados y servicios de orientación en cada secundaria. Sin embargo, críticos advierten que la medida traslada a las familias una responsabilidad que debería recaer principalmente en el Estado y en la comunidad educativa organizada.
«Las multas o sanciones a las familias son medidas que operan más como gestos políticos que como estrategias de cuidado. El bullying no es un problema individual que pueda resolverse con castigo, sino un fenómeno vincular, grupal y social que se expresa cuando fallan los lazos, la escucha y los espacios de contención. Pensar que el camino puede ser sancionar y multar es desconocer la complejidad de lo que atraviesan las infancias y adolescencias hoy», afirmó Matías Morales, psicólogo social especializado en trabajo grupal, institucional y comunitario, al ser consultado por Acción.
El detonante de la iniciativa fue un episodio ocurrido en la escuela Marcelino Blanco, en el pequeño pueblo de La Paz: una adolescente de 14 años ingresó con un arma de fuego, disparó al aire y se atrincheró durante horas. El caso conmocionó al país y fue utilizado por el Gobierno como justificación para avanzar con un endurecimiento de las sanciones.
Bajo la consigna de promover «mayor compromiso familiar» se abre un debate de fondo: no todas las familias cuentan con las mismas herramientas para acompañar a sus hijos. «Esto puede derivar en una nueva forma de criminalización de la pobreza y profundizar la desigualdad entre escuelas de distintos contextos. Es desde el cuidado y la intervención institucional/comunitaria sistemática y sostenida en el tiempo, que puede pensarse una verdadera estrategia de prevención», agregó Morales.
Las tres medidas no son aisladas. Combinadas, dibujan un estilo de gestión en el que Mendoza se perfila como un laboratorio político alineado con la agenda nacional: disciplinamiento, vigilancia y recorte de derechos. La pregunta queda abierta: ¿hasta dónde puede avanzar este modelo sin desgarrar el tejido social?
