11 de mayo de 2025
La Corte Suprema opera cruzada por una guerra de vanidades que incluye la insólita disputa por sus portales informativos. La causa Vialidad en el contexto de la interna entre magistrados.
Té para tres. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti: tras la caída de los pliegos de García-Mansilla y Lijo, se reavivó el recelo entre los integrantes de la Corte.
Foto: NA
La guerra de vanidades en la Corte Suprema sumó otro capítulo tras el lanzamiento de un nuevo portal de información judicial y expuso las dificultades que tendrá el máximo tribunal del país para funcionar con tres integrantes, que están enfrentados entre sí y deben fallar en casos de gran impacto político, entre ellas, la causa Vialidad que involucra a la expresidenta Cristina Fernández.
El pasado 24 de abril se lanzó Justicia.ar, un nuevo portal que impulsaron los jueces Horacio Rosatti –presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura– y Carlos Rosenkrantz. De acuerdo con la gacetilla de difusión se trata del «portal del sistema judicial argentino» que «tiene el objetivo de unificar y difundir información pública sobre la organización y el funcionamiento de la Justicia en todos los distritos de nuestro país». Al momento de su creación, en septiembre del año pasado, esta iniciativa fue muy cuestionada por Ricardo Lorenzetti, quien votó en disidencia y acusó a sus pares de impulsarla para «ocupar espacios de poder interno». El magistrado de Rafaela considera que Justicia.ar «colisiona» con las funciones del Centro de Información Judicial (CIJ), el otro sitio informativo de la Corte que está bajo su órbita. Aunque parezca insólito, a partir de ahora hay tres jueces en la Corte y dos portales vinculados al Alto Tribunal.
Para no dejar lugar a dudas sobre sus diferencias, tras el estreno de Justicia.ar se subió al CIJ el voto de disidencia de Lorenzetti de hace 8 meses. En ese escrito, el expresidente supremo criticó a Rosatti al señalar: «La Constitución ha conferido a la Corte Suprema la trascendente misión de sostener la independencia del Poder Judicial y proteger los derechos de los ciudadanos. Esa función se desnaturaliza cuando se desciende al ilusorio deseo de ocupar espacios de poder interno». El jurista rafaelino afirmó entonces que hubo durante la presidencia de Rosatti una «falta de fundamento de una serie de decisiones apresuradas para crear oficinas, direcciones e ingresos de personal, afectando la eficaz utilización de recursos, como pocas veces se ha visto en este Tribunal». En esa línea, sostuvo que las «medidas» que se tomaron «no se basan en necesidades concretas ni en urgencias».
Unanimidad obligada
El enfrentamiento por la difusión informativa de lo que sucede en el Poder Judicial entre la dupla Rosatti-Rosenkrantz y Lorenzetti vuelve a poner de manifiesto la feroz interna, que reavivó su intensidad en un momento clave. Tras el rechazo del Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos del Gobierno para el Tribunal Supremo y a los que apostaba Lorenzetti para cambiar la relación interna de poder, quedó consolidada la integración de tres supremos. ¿Qué implicancias tiene esto? Que para emitir fallos necesitarán unanimidad. Ante una disidencia se deberá convocar a dos conjueces, que se sortearán entre los presidentes de las Cámaras federales de todo el país para cada caso puntual. Esto implica que un fallo de relevancia institucional podría salir con votos del juez que firmó en minoría más el apoyo de los dos conjueces que integrarán circunstancialmente la Corte. Es evidente que no es el mejor de los escenarios. Sería más prolijo que los supremos firmen fallos por unanimidad. Pero a juzgar por sus internas, parece que eso no siempre será posible. Recientemente, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recusó a Lorenzetti para que no intervenga en la causa Vialidad, un caso de gran impacto político, porque allí está en juego su libertad. La titular del partido Justicialista lo acusó de tener severamente comprometida «la independencia, la imparcialidad y la integridad» para intervenir en este expediente, en el que se debe revisar su condena a 6 años de prisión –entre otras– y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El pedido de apartamiento se dio luego de que Lorenzetti declarara en una entrevista en A24, difundida el 1º de mayo, que la resolución de Vialidad debería concretarse antes de las elecciones. Para la exmandataria, esa afirmación está directamente vinculada a la denuncia que realizó el 3 de abril pasado la senadora Anabel Fernández Sagasti, cuando se rechazaron los pliegos de Lijo y García-Mansilla en la Cámara Alta. Entonces, Fernández Sagasti denunció que el bloque del PJ, en el que la mayoría de los legisladores se relacionan con la expresidenta, «estaba recibiendo extorsiones directas por parte del ministro Lorenzetti, en cuanto a que si se rechazaba el pliego del juez Lijo, a la brevedad la Corte Suprema dictaría un fallo que dejaría firme la condena de CFK en el marco de este proceso». Ahora, la recusación deberán tratarla Rosatti y Rosenkranz. Lorenzetti ya planteó que debe rechazarse in limine.
Si Rosatti y Rosenkrantz hacen lugar a la recusación, Lorenzetti será apartado de esta causa y se deberá convocar a conjueces. Si, en cambio, lo sostienen, estarán en condiciones de fallar entre los tres. Si ocurre está segunda opción, otro interrogante que se abre es si se alinearán con Lorenzetti y decidirán tratar el caso Vialidad antes de los comicios. La Corte no tiene plazos para expedirse sobre los casos que le llegan. Ante ese escenario: ¿Rosatti y Rosenkrantz correrán el riesgo de quedar atrapados en la estrategia de su adversario?
Cristina Fernández.La expresidenta recusó a Lorenzetti para que no intervenga en el fallo de la causa Vialidad.
Foto: @CFKArgentina
Negociaciones
Mientras todo esto sucede, un sector del Gobierno pretende postular a nuevos candidatos para la Corte. Para no repetir el paso en falso que tuvo con Lijo y García-Mansilla en el Senado, en esta ocasión el Ejecutivo busca negociar un gran paquete judicial con la oposición. Para esto comenzó a mover sus engranajes el Consejo de la Magistratura que llevaba casi 5 meses de parálisis. Sobre el cierre de esta nota trascendió que habría un proyecto del senador salteño aliado de la bancada libertaria, Juan Carlos Romero, que propone la ampliación a 7 del número de integrantes de la Corte, de los cuales no más de 5 serán del mismo sexo. Es decir, impondría al menos a dos mujeres en el máximo tribunal.
En el Poder Judicial hay más de 300 vacantes, lo que implica el 30% del total. De esa cifra, 121 vacantes se encuentran en trámite para ser cubiertas en el Consejo de la Magistratura. Mientras que las otras 182 ternas ya están concluidas y en manos del Poder Ejecutivo, lo que implica que solo resta la firma por parte del presidente Javier Milei. El mandatario debe elegir al candidato de cada terna terminada para ser designado en el cargo para el que concursó. Tras ese paso, el Ejecutivo envía el pliego del elegido al Senado y si se aprueba con mayoría simple en la Cámara Alta ese «candidato» asume en su nuevo rol en el Poder Judicial.
«Vamos a enviar los pliegos de jueces seguro», afirmó uno de los alfiles judiciales del Gobierno a este medio. La duda es si el año electoral es el más propicio para este tipo de negociaciones en las que el oficialismo pretende incluir las vacantes de la Corte.
