21 de julio de 2024

Carlos Romero

En medio de la crisis económica y social, el Gobierno intenta transformar la puesta en escena de Tucumán en acciones de respaldo a la gestión. El rol protagónico de Guillermo Francos.

Para Javier Milei, que llegó al poder agitando la prédica anticasta, Guillermo Francos, un operador camaleónico y criado al cobijo del sistema de partidos, se volvió tanto la solución a muchos de los problemas que lo superan como una muestra del pragmatismo que empezó a teñir las decisiones del presidente. El ascenso de Francos, primero a la jefatura de Gabinete y ahora a la cabeza del Consejo de Mayo, con el cual el Gobierno buscará darle alguna utilidad al «pacto» que 17 gobernadores más el alcalde porteño firmaron el 9 de julio, significa el encumbramiento del sucesor de Nicolás Posse en un armado mileista donde, por el contrario, lo que abundan son las caídas en desgracia.

Sobre ese piso tembloroso y con el inestimable respaldo de Eduardo Eurnekián, el ministro coordinador es uno de los pocos que sube escalones.

Justamente, la carrera de Francos en La Libertad Avanza (LLA) se construyó sobre las debilidades operativas de Milei y su entorno, y en el desconcierto de mandatarios provinciales que no saben cómo relacionarse con una Casa Rosada que, junto a las partidas, también les recortó el diálogo. «El presidente me elige –explicó recién asumido– porque se da cuenta de que con la política argentina a él se le hace complicado, porque no la entiende y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar». Por eso, para los gobernadores no se trata solo de un interlocutor válido, sino quizás del único que puede traducir sus pedidos ante un jefe de Estado que reniega del Estado e ignora a las provincias.

En ese combo de necesidades políticas insatisfechas, el Consejo surge como una nueva mesa de arena. Creado por decreto 617/24, se trata de «un órgano colegiado consultivo» que funcionará en el ámbito de la jefatura de Gabinete, para «el debate y la elaboración de propuestas normativas y demás medidas necesarias para la implementación de los lineamientos acordados en el Pacto de Mayo». Según lo dispuesto, debería estar funcionando a mediados de agosto.

Después de debutar con el desafío de conseguir los votos en el Senado para aprobar la Ley de Bases y el Paquete Fiscal, y de convencer al 75% de las provincias de que firmar en Tucumán no era otro cheque en blanco para LLA, sino una muestra de responsabilidad institucional, ahora Francos tiene que terminar de exprimir los apoyos. El objetivo es reponer para Balcarce 50 todo aquello que en materia de ajuste y desguace fue quedando en el camino del poroteo legislativo.

Para eso, el Consejo de Mayo, donde el ministro coordinador no solo será el representante del Gobierno, sino que presidirá el cuerpo, dispone de altas atribuciones. Su misión es asesorar al Ejecutivo en «la articulación e implementación de políticas y medidas», elaborar proyectos de ley, «realizar estudios, desarrollar planes y formular propuestas», y establecer una agenda de trabajo. Con ese fin, podrá «solicitar informes y la asistencia que considere necesaria para el logro de su cometido a las diferentes jurisdicciones y organismos del Estado Nacional, de los Estados provinciales y/o de la Ciudad de Buenos Aires»; «promover estudios, debates públicos u otros mecanismos de participación y consulta», y convocar a los sectores alcanzados por su actuación.

En varios frentes
En un gabinete con tantos rostros desconocidos, el de Francos no para de multiplicarse. Solo por citar su agenda más reciente, se reunió con la poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA), cuyo pliego de condiciones se calca sobre el de LLA: «Inviolabilidad de la propiedad privada», «asegurar el equilibrio fiscal», «reducción del gasto público» y «de la muy alta presión tributaria»; «avanzar en una reforma previsional» y «actualización de las normas laborales».

También volvió a recibir en su despacho a un mandatario opositor: el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella –de Unión por la Patria y uno de los seis que no firmaron el 9 de julio–, con quien acordó el traspaso de obra pública. Salvo por Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa), todos los demás ya posaron para la foto junto a Francos, quien así como les tramitó con éxito ese pedido, les dijo que no al reclamo por los subsidios al transporte: la disolución del Fondo Compensador del Interior no tiene marcha atrás.

En el debate público, respaldó a Milei en su cruzada por las Sociedades Anónimas Deportivas –le celebró un tuit, un tipo de elogio muy valorado en el oficialismo– y defendió sus salidas al exterior: «Cuando cuestionan al presidente por los viajes, yo pienso que ojalá se dedique a seguir viajando para ubicar con mucha presencia a Argentina en el mapa mundial». Hasta talló en la interna ampliada del oficialismo, saliendo al cruce de su compañera de gabinete Patricia Bullrich, quien, en la puja con Mauricio Macri, sostuvo que el PRO había sido absorbido por LLA: «Compartimos un electorado común, pero somos partidos diferentes», retrucó.

Campo minado
Pero Francos sabe bien, por experiencia histórica y reciente, que la centralidad también significa riesgo. Ya una vez fue desautorizado por la mesa chica presidencial, como sucedió mientras negociaba con los gobernadores por la Ley Ómnibus. Y ahora son mayores las urgencias del Ejecutivo y menor la tolerancia de las provincias, a las que tiene mucho que pedir y poco para ofrecer.

Milei y su hermana Karina apuntan a una reforma integral de las reglas de juego electorales de cara a 2025, comenzando por la eliminación de las PASO y siguiendo por el recorte del financiamiento público de los partidos políticos, una modificación del límite para los aportes privados a las campañas y la incorporación de la boleta única.

Por supuesto, el bien escaso vuelven a ser los votos. Con esa certeza, Francos ya inició la ronda de charlas con los semi propios, el PRO y UCR, para luego ampliarla a los aliados más exigentes. «Las PASO no han servido para nada, se implantaron solamente como un gasto más. En las últimas se gastaron 52 millones de dólares», sostuvo el ministro ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

Su otro desafío es sentar a la mesa del Consejo de Mayo a los gremios. Junto a los distritos firmantes, están aseguradas la silla por el Senado, la de Diputados y la de las cámaras o confederaciones empresarias, pero no así la reservada para las confederaciones sindicales. La CGT ya expuso ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sus exigencias: pidió que se retire parte de la reforma laboral del mega DNU 70 –hoy frenado en la justicia laboral–, cuestionó aspectos de la Ley Bases referidos al mundo del trabajo e insistió con el rechazo al retorno de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

Son varios los frentes y, más allá de la inercia de las últimas victorias legislativas del oficialismo, ninguno parece sencillo. En ese escenario, si alguna vez Francos fue la excepción política que confirmaba la regla libertaria, si era el toque de casta necesario para acabar con la propia casta, así como los antídotos se hacen con un poco del veneno, hace rato que esa excusa se vació de contenido. Hoy está en el corazón del mileísmo.

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