20 de julio de 2025
Mientras el ministro Caputo padece por las turbulencias del mercado cambiario, luego de invitar a comprar aprovechando el precio de oferta, el presidente batalla contra la vice y los gobernadores.
A dos voces. Milei y Caputo: Según lo ocurrido en la semana pasada, no todo marcha de acuerdo al plan.
Foto: NA
Eso de escupir contra el viento no le está dando resultados al presidente Javier Milei y mucho menos al ministro de Economía, Luis Caputo, que en muy pocos días pasó de alardear a quienes le decían que el dólar está subvaluado («si está baratísimo, comprá, no te la pierdas, campeón») a subir las tasas de referencia del Banco Central del 29% al 48% para que «los campeones» no eligieran seguir apostando por la moneda estadounidense. Entre esa medida desesperada y otras maniobras con el dólar futuro, el Gobierno logró mantener la cotización dentro de los márgenes acordados con el FMI en abril, pero sin cumplir con la promesa de recomponer reservas y con el riesgo de que un soplido desmorone el delicado armazón del «modelo» económico.
Siempre atento a explicar todo lo que sale mal culpando a otros, un estilo habitual en estas regiones pero que el Gobierno paleolibertario utiliza con verdadera pasión, Caputo culpó del desmadre de los últimos días a los bancos, que «se suponía que iban a canjear (las Letras Fiscales de Liquidez, un instrumento sacado de la galera con el objetivo de absorber pesos del mercado) por Lecaps». Pero «temerosos de perder la liquidez diaria, no fueron con todo y prefirieron hacer numerales». Es decir, no aceptaron el convite, o le marcaron la cancha al «Messi de las finanzas».
En palabras de Caputo, no es que las autoridades monetarias hubiesen fijado arbitrariamente la tasa, lo que no quedaría bien en un neolibertario como él. «Esa tasa no la puso el Central, sino el mercado», señaló.
La noticia de que la inflación de junio había sido del 1,6% fue una efímera alegría para la Casa Rosada, que teme que el clima tormentoso con el ancla cada vez más deletérea del dólar tenga algún traslado a los precios para julio. Lo que no sería una buena noticia para un plan económico que solo muestra datos lúgubres en cuanto a crecimiento, empleo y expectativas. Si en una situación como esta la única variable seductora de cara a un electorado esquivo para ir a la urnas se desmorona, mal augurio para el oficialismo, que quemó en esas naves gran parte de los fondos que envió el Fondo Monetario Internacional.
Como datos adicionales a los anuncios de que Carrefour, el gigante de la venta minorista de origen francés, esta buscando comprador para su cadena local, se sumó la suspensión de tareas en la automotriz Scania, el despido de trabajadores de Lumilagro, que importará hasta el 60% de su línea de termos, y de otros sectores que directamente cerrarán sus plantas de producción para traer todo del exterior. Hay empresarios que además muestran su disgusto por la «motosierra» en organismos públicos, como es el caso del INTI –clave para muchas pymes– el INTA e incluso Vialidad Nacional.
El CEO de Toyota, por caso, se quejó por el estado «de los caminos para sacar la producción. Hay rutas en mal estado, accidentes, costos de seguros altísimos». Otro que protestó por el estado de los caminos fue el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, acota el sagaz columnista Marcelo Falak en La Letra P.
Freno al desguace de Vialidad
Los popes del agro nucleados en la otrora combativa Mesa de Enlace, no parecen haber mantenido un discurso crítico ante Milei en el Encuentro Federal Campo que se llevó a cabo en la sede de la Rural y del que participaron también algunos gobernadores. Allí se mostraron tranquilos tras la promesa presidencial de eliminar definitivamente las retenciones. Pero no por ahora.
No es que las rutas estuvieran óptimas hasta ahora, pero dejar que los privados o los Gobiernos provinciales se hagan cargo de resolver cuestiones federales, en un escenario de recortes y superávit basado en no derivar los fondos que les corresponden a los distritos, suena a abusivo. Así, en una decisión que pone algo de paños fríos en ese altercado caminero, la jueza en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, Martina Forns, ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de «ejecutar cualquier acto administrativo, que derive» del decreto que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
En lo que va del mes, el presidente tuvo encontronazos con la mayoría de los actores sociales, desde el Congreso, los gobernadores y «los mercados», que amenazan la «estabilidad» que otorga un dólar planchado y con salarios deprimidos a niveles que en algunos casos hasta ponen en riesgo el sustento de las fuerzas laborales. Todos y cada uno le mostraron, a su manera, los dientes. Los empresarios mediante tímidas, es cierto, pero significativas declaraciones públicas. Los mandatarios provinciales, tensando las cuerdas para forzar los fondos de alguna manera incautados. A estos últimos los volvió a atacar el viernes desde el Jockey Club: «algunos perversos, frente a las bajas de impuestos que hacemos nosotros a nivel nacional, suben impuestos a nivel provincial o a nivel municipal», dijo en ese selecto lugar.
En todos los casos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, trató de mantener abiertos los canales de negociación, dibujando proezas semánticas para intentar demostrar que lo que todos escucharon no era lo que se dijo. Con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en cambio, tuvo que hacer honor a su apellido y ser módicamente franco. Fue cuando reconoció que «hay una crisis política» entre el titular del Ejecutivo y la vicepresidenta. No una crisis institucional «porque cada uno cumple su rol», deslizó, en un último esbozo por minimizar el encono por la sesión que convirtió en ley el aumento a jubilados. la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, más la media sanción de proyectos sobre los fondos que la Nación debe transferir a las provincias.
La inquina entre los dos integrantes de la fórmula que ganó el balotaje en 2023 se dejó ver una vez más tras el ataque a la Iglesia de la Sagrada Familia, de Gaza, a cargo del sacerdote argentino Gabriel Romanelli. El amigo del fallecido papa Francisco resultó herido en un bombardeo en el que murieron cuatro feligreses que se refugiaban en el templo católico. Un escueto comunicado de cancillería «expresa su seria preocupación por los hechos ocurridos». La alineación de Milei con el Gobierno israelí es hasta ese nivel de incondicional.
Villarruel, descripta por el presidente como «católica nacionalista», homenajeó en su cuenta de X al «Padre Romanelli (que) hace carne las palabras de Cristo de amar al prójimo permaneciendo junto a sus fieles y refugiados, abriendo las puertas de nuestra Iglesia a quienes sufren el conflicto armado».
Si el alineamiento automático sirviera de algo a Milei, una señal podría ser el anuncio de que el Gobierno de Donald Trump intercedió en favor de la posición argentina en la Corte de Apelaciones de Nueva York, donde la jueza Loretta Preska dictaminó que el Estado argentino debe ceder el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford. Si no fuera que se trata de la compañía nacional más importante y el significado que tiene para la economía, los últimos pasos en ese entuerto darían para una comedia triste.
El procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, tuvo vínculos con Burford, lo que lo invalida no solo para llevar adelante el caso, sino incluso para haber sido designado, ya que el proceso judicial es previo a la asunción de Milei. Ahora, se hizo una purga en el organismo, echando a unas 60 personas, por una presunta filtración de las estrategias del Gobierno ante el tribunal neoyorquino; pero no son pocos los que creen que fue una excusa para aplicar también recortes en esa plantilla. Castro Videla permanece al cierre de esta nota en su cargo.
