5 de abril de 2025
El fracaso del Gobierno en la designación de jueces por decreto tiene consecuencias en la cúpula del Poder Judicial por el cruce de intereses y las disputas internas. La situación de García-Mansilla.
En el Congreso. García-Mansilla, Lorenzetti, Ronsenkrantz y Rosatti el 1º de marzo. El comisionado no consiguió la aprobación del Senado.
Foto: NA
La designación en comisión de dos jueces en la Corte Suprema de Justicia por decisión del presidente Javier Milei condujo al máximo tribunal del país a una nueva crisis. La Corte se prepara para volver a funcionar más temprano que tarde con tres integrantes tras el doble revés que sufrió el Gobierno el jueves pasado.
En la tarde del 3 de abril, el Senado desechó de forma contundente los pliegos de los dos candidatos del oficialismo. El abogado conservador Manuel García-Mansilla cosechó 51 votos en contra y el juez de Comodoro Py, Ariel Lijo, 43. De esta forma quedó rechazada la designación por la vía que establece la Constitución Nacional: a propuesta del Poder Ejecutivo con el apoyo de los dos tercios del Senado.
El Gobierno apostó a la aprobación de los pliegos de García-Mansilla y Lijo para consolidar el nombramiento que hizo por decreto el pasado 25 de febrero durante el receso legislativo por no tener los votos necesarios en la Cámara Alta. García-Mansilla asumió dos días más tarde de ese nombramiento irregular luego de que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti le tomaran juramento. Lijo no tuvo la misma suerte: los ministros supremos y el comisionado (Lorenzetti no firmó) sostuvieron una semana más tarde que el magistrado debía renunciar a su cargo en los tribunales federales de Retiro para poder ingresar en comisión a la Corte. Lijo rechazó esa posibilidad a sabiendas de que era endeble su llegada al cuarto piso del Palacio de Tribunales y apostó a ser nombrado por el mecanismo constitucional. Este jueves, sus expectativas se hicieron añicos contra la realidad. García-Mansilla también quedó con un pie y medio afuera de la Corte.
Perdedores
Inmediatamente después de que el Senado rechazara los pliegos, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar en el marco de la causa que se abrió para analizar la inconstitucionalidad de la designación de García-Mansilla y Lijo. Se trata de un expediente que se inició por distintas presentaciones que realizaron asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales en tribunales apenas se conoció el decreto firmado por Milei. Pocos minutos después del rechazo del Senado, Ramos Padilla dispuso que García Mansilla «se abstenga del conocimiento y decisión de todas aquellas causas jurisdiccionales, así como la suscripción de resoluciones administrativas mientras actúe como juez “en comisión”».
Es decir, le prohibió la firma en la Corte tanto de fallos como de resoluciones administrativas por tres meses hasta que resuelva la cuestión de fondo que iría por el mismo carril. Si bien el comisionado podría apelar la medida cautelar, la presentación no tendría efectos suspensivos, según indicaron fuentes judiciales.
Este doble revés para García-Mansilla implica que quedó absolutamente deslegitimado. Por tal razón, el interrogante no sería si va a renunciar, sino cuándo lo haría. Todos los prestigiosos constitucionalistas consultados para este artículo (desde Roberto Gargarella a Gustavo Ferreyra) coincidieron en afirmar que el abogado debe renunciar de inmediato. Si no lo hace, podría incurrir en un delito penal. Para Roberto Carlés, por ejemplo, se lo podría llegar a acusar de «usurpación de cargo».
Ramos Padilla. El juez federal dictó una medida cautelar que limita el accionar de García-Mansilla por tres meses.
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El catedrático en Derecho Constitucional Andrés Gil Domínguez explicó que, con el rechazo del Senado, García-Mansilla «debiera renunciar hoy mismo». «Si no renuncia y se quiere quedar, bastaría una resolución firmada por mayoría simple en el Senado rechazando su designación como juez en comisión ya que es el Senado el que tiene la facultad de aprobarlo como ministro supremo» agregó.
García-Mansilla no fue el único perdedor de esa jornada. También se anota entre ellos el supremo Ricardo Lorenzetti, quien según el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, fue el que sugirió al Lijo como candidato a la Corte. También Comodoro Py, como sector que impulsó a Lijo como su candidato. Por ejemplo, la cámara federal porteña llegó a hacer un cerrado apoyo del juez de primera instancia cuando lo autorizó a tomarse una licencia para ingresar en comisión a la Corte. Los ministros supremos y el comisionado, cuando le prohibieron la jura, reprocharon a los camaristas porteños su osadía: no eran ellos los que debían aprobar o denegar la licencia extraordinaria que había pedido el magistrado. Eso les correspondía a los cortesanos.
Bajo presión
Tanto Lorenzetti como Comodoro Py fueron acusados por senadores de Unión por la Patria de realizar amenazas para votar a favor de Lijo. La senadora Anabel Fernández Sagasti afirmó: «El ministro de la Corte Lorenzetti (está) amenazando a la expresidenta de la Nación de que si nosotros votamos en contra de Lijo van a sacar rapidito el (artículo) 280 para condenarla». La referencia es a lo que se conoce como «la plancha», una forma de rechazar recursos que tiene la Corte sin adentrarse en el análisis de los casos. Es una de las posibilidades que tiene el Tribunal Supremo para no hacer lugar a la reciente queja que presentó Cristina Fernández de Kirchner en el caso Vialidad donde la expresidenta tiene una condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. De aplicarse, la sentencia quedaría firme y se haría efectiva.
El jefe del bloque del peronismo en el Senado, José Mayans, denunció algo similar. No dio precisiones, pero dijo que le advirtieron que «no se meta con Comodoro Py» porque, dio a entender, podía tener problemas judiciales si no acompañaba el pliego de Lijo.
Las acusaciones llevaron a Lorenzetti a dar una entrevista el día después de la discusión de los pliegos, donde dijo que el Senado «tomó una decisión respetable». Buscó desligarse de las acusaciones, aunque sin adentrarse de lleno en ellas, y aseguró sobre la situación judicial de Cristina Fernández. «La ley es igual para todos y los procedimientos son iguales para todos. En eso hay que dar una imagen institucional muy fuerte para la población, para que todo el mundo esté tranquilo. En eso tenemos que ser muy cuidadosos».
También le dejó un mensaje a García-Mansilla al remarcar: «Yo nunca aceptaría ser designado por decreto». La frase es extensiva a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes durante el macrismo aceptaron entrar a la Corte por esa vía, aunque luego, por la batahola que se produjo, terminaron siendo nombrados por la vía constitucional.
Está claro que todo el escándalo alrededor de la designación por decreto de dos postulantes del Gobierno en la Corte afectó la institucionalidad del máximo tribunal, que tras lo sucedido este jueves se encamina a volver a funcionar con tres integrantes, que están enfrentados entre sí. En la designación de García-Mansilla y Lijo subyacía el enfrentamiento supremo. Se especulaba que, con los potenciales ingresos de dos nuevos miembros, Lorenzetti podía llegar a modificar la relación de poder interno.
La interna no es anecdótica porque con tres integrantes los supremos necesitarán unanimidad para emitir fallos, ya que se requieren tres votos de mayoría. En este contexto, si en un caso puntual no hay consenso, se deberá convocar a conjueces, es decir, realizar un sorteo entre los presidentes de las cámaras federales para definir quién integrará la Corte en esa situación particular. Se trata de un escenario delicado, ya que en el máximo tribunal hay causas de mucho peso político y económico.
