1 de junio de 2021
«No les vamos a pedir permiso a los gremios para empezar las clases» fue la despectiva frase utilizada por la ministra de Educación de la CABA para rematar una conferencia de prensa en la que se anunció que el ciclo lectivo se iniciará escalonadamente el 17 de febrero próximo.
La desesperada preocupación marquetinera por demostrar que la vuelta de los chicos a las aulas es una prioridad de su gestión, ha llevado a Horacio Rodríguez Larreta a politizar un tema en el que existe unanimidad de criterios en todas las fuerzas, siempre que se analicen las condiciones y modalidades para que el regreso a la presencialidad pueda concretarse sin riesgos. Nadie promueve una virtualidad permanente.
Pero la idea predominante en la inmensa mayoría de las provincias es concertar con padres y maestros, evaluar la situación epidemiológica, garantizar la rápida vacunación del personal docente y no docente, verificar que los edificios estén en condiciones habitables, garantizar la higiene y el distanciamiento, contar con transporte público seguro, evitar que los grupos de riesgo sean afectados.
La teoría de las autoridades porteñas de que «la burbuja sanitaria sea el grado», al tiempo que se permite que los maestros trabajen en varios grados o escuelas, pretende someter el virus a los dictados de la burocracia. Entonces, las preguntas se suceden: ¿Cómo asegurarse de que todos los establecimientos educativos cuenten con la adecuada ventilación, con la suficiente cantidad de baños? ¿Es posible pensar en una relativa inmunidad si debe utilizarse un transporte público saturado, especialmente en el caso de los subterráneos? Para Acuña, los únicos que se oponen son los maestros y profesores que, a su criterio, pertenecen a los sectores socioeconómicos más bajos y de menor capital cultural, una concepción elitista que justifica la creencia del macrismo de que «se cae» en la educación pública.
Mientras tanto, continúa el desfinanciamiento. Unos 370 millones de pesos correspondientes al presupuesto 2020 del Plan Sarmiento, que garantiza el acceso a computadoras de los estudiantes de escuelas públicas, fueron derivados a subsidios a la educación privada. Un comportamiento coherente con la sistemática disminución del presupuesto educativo que se verifica desde hace nueve años.
Acuña. Con la mira en los sindicatos docentes. (Télam)
