27 de junio de 2025

Luciana Bertoia

La reforma de la fuerza de seguridad implica una profundización de sus tareas de inteligencia, que atraviesan dictaduras y democracias. Infiltrados y «servicios» en su salsa.

La Policía Federal Argentina (PFA) tendrá más facultades para hacer inteligencia después de la reforma que apuraron Javier Milei y Patricia Bullrich por decreto. A eso se le suma que conservará el cuerpo de espías, que existe desde 1950, pero del que poco se sabe porque es secreto. La transformación de la Federal ocurre mientras se acumulan denuncias sobre un supuesto descontrol del espionaje del Gobierno libertario, que indica que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) se dedicaría a monitorear a quienes no comulgan con las ideas del presidente.

El martes 17 de junio, el Gobierno publicó el decreto 383 a través del cual derogó la ley orgánica que regía el funcionamiento de la PFA desde 1958 –es decir, desde la dictadura de la Revolución Libertadora−. El mayor cambio que sufrió la PFA en las últimas décadas fue en 2016, cuando Mauricio Macri le sacó el control del territorio de la Ciudad de Buenos Aires y el manejo de las comisarías. Eso implicó también que perdiera algunas «cajas». Desde entonces, se esperaba que la PFA se convirtiera en una policía de investigación. Sin embargo, la reforma de Bullrich no trae demasiadas novedades, más allá de dar amplios márgenes de discrecionalidad para tareas de ciberpatrullaje o tareas excesivas de inteligencia –como advierten desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Entre otras facultades que permanecen está la de detener personas por averiguación de identidad durante diez horas. Inicialmente, la PFA podía demorar a una persona durante un día. En 1991, el tiempo se redujo a diez horas.

Estado condenado
Desde entonces, el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos de personas que estuvieron detenidas sin orden judicial. Está el antecedente de Walter Bulacio, un adolescente que fue aprehendido en una de las razzias que solía hacer la Federal y que estuvo bajo custodia policial sin darle aviso a la familia –que recién lo encontró cuando estaba internado y próximo a morirse en un hospital−. En 2020, la Corte IDH también sancionó al país por las detenciones de Carlos Alberto Fernández Prietto y Carlos Alejandro Tumbeiro, y ordenó aggiornar la legislación, algo que no estuvo en los planes de Bullrich. «Tener a una persona detenida por averiguación de identidad durante diez horas carece de justificación en tanto hoy en día hasta los cajeros de bancos tienen reconocimiento facial inmediato», explica Claudio Pandolfi, docente de la carrera de Seguridad Ciudadana en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

Las tareas de inteligencia criminal aparecen como prioritarias en el nuevo diseño de la Federal. Sin embargo, Bullrich dio cuenta de querer usar a la PFA como una fuerza de despliegue territorial, como mostró el 20 de junio pasado cuando la envió a hacer un operativo en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria Cristina Fernández. Además, se le permite a la PFA hacer tareas de inteligencia sobre actividades criminales –sin especificar cuáles– o riesgos que afecten la seguridad interior. Con el récord que viene registrando Bullrich, hay preocupación sobre lo que esto implica, por ejemplo, monitorear a organizaciones sociales que protestan. Desde que se publicó el protocolo antipiquetes, el Gobierno paso a considerar un delito cortar una calle.

El nuevo estatuto de la PFA incorpora tareas de ciberpatrullaje, algo que hacen todas las fuerzas desde hace unos diez años. Sin embargo, las disposiciones para la PFA son más laxas. No hay restricciones, por ejemplo, a la hora de monitorear a niños, niñas y adolescentes. Desde organizaciones de la sociedad civil advirtieron que esto puede dar lugar a prácticas de vigilancia masiva. La clave, dice Pandolfi, tiene que ver con el control que ejerzan jueces y fiscales con esas actividades. Sin embargo, el Gobierno hasta ahora no ha tenido demasiados problemas en los tribunales. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) puso el ojo en que también se le permite a la PFA incorporar material obtenido a través de tareas de inteligencia en distintos expedientes judiciales.

Ejes
La columna vertebral de la PFA será el recientemente creado Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una suerte de FBI vernáculo. Bajo la órbita del DFI funcionarán seis superintendencias y la Dirección General de Inteligencia Criminal. «La Dirección General de Inteligencia Criminal es una sección de la PFA a la que le han puesto ese nombre para encubrir a los “plumas”, que siguen regulando su vida institucional con las normas de los años 50», afirma Marcelo Sain, exinterventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la única fuerza federal creada en democracia.

En rigor, en el estatuto dice que la Dirección General de Inteligencia Criminal será la responsable de los recursos humanos del Cuerpo de Inteligencia Criminal. Es el nombre actual de lo que se conoce como el Cuerpo de Informaciones. En la jerga, a sus integrantes se los conoce como «plumas». En su época de esplendor eran los «halcones» –como la figura que tiene el DFI en su logo−. El Cuerpo existe desde 1950. Funcionaba bajo la órbita de Coordinación Federal. Recién en 1958, con las firmas de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, se dictó una ley orgánica para regularlo. Esa normativa establecía que los integrantes del Cuerpo de Informaciones son agentes secretos de la PFA; podían tener otro empleo en la administración pública que les sirviera como cobertura; el jefe de la PFA podía incluso mentirle a un juez sobre el personal del Cuerpo de Informaciones; y la infidencia es considerada una de las faltas más graves. Lo poco que se sabe del Cuerpo de Informaciones surgió a partir de algunas «infidencias» o declaraciones de sus integrantes. Por allí pasaron, entre otros, José «Iosi» Pérez (infiltrado en la comunidad judía), Américo Balbuena (infiltrado en la agencia Rodolfo Walsh), Luis Falco (apropiador de Juan Cabandié), Mónica Amoroso (pareja del legislador Miguel Doy, mano derecha de Gustavo Beliz), Claudio Lifschitz (prosecretario de Juan José Galeano, magistrado a cargo inicialmente de la causa AMIA) e Isabel Correa (infiltrada en Madres de Plaza de Mayo). Juan Antonio «Colores» del Cerro fue parte también del Cuerpo de Informaciones. En 1985, declaró contra algunos de sus excompañeros y, por ejemplo, contó que el Cuerpo tenía unos 1.000 integrantes. Todos secretos. En 2023, el juez federal Daniel Rafecas condenó a Américo Balbuena por su infiltración en la agencia de comunicación popular. Lo sentenció a la pena máxima por incumplimiento de los deberes de funcionario público –dos años de prisión en suspenso– junto a dos de sus jefes en la PFA, Alfonso Ustares y Alejandro Sánchez.

Investigar a los «plumas» no ha sido tarea sencilla. «En el caso Balbuena se comprobó que la Federal tiene “muy mala suerte” con los dispositivos electrónicos, como le pasó en la investigación del atentado contra Cristina Kirchner o en la causa del genocida Héctor Febrés», recuerda Myriam Bregman, abogada querellante contra Balbuena. «El día en que la exministra Nilda Garré pasó a disponibilidad a Balbuena y a sus jefes, se borraron todos los archivos de las computadoras de la División Análisis, donde reportaba este agente», relata.

El CELS reclama desde 2023 acceder a la normativa que regula el funcionamiento del Cuerpo de Informaciones −Cuerpo de Inteligencia criminal−. Este año consiguió un pronunciamiento favorable de la Cámara en lo contencioso administrativo federal. Sin embargo, Bullrich sigue sin dar la información. «Lo que queda claro es que con la reforma de la PFA no sacaron el Cuerpo de Inteligencia Criminal y que seguimos sin conocer su regulación», destaca Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS.

Compartir