Política

Estado de confusión

Aunque intenta presentar medidas regresivas como favorables para la mayoría de la población, el gobierno nacional afronta costos políticos por anuncios poco claros. Preparativos para recibir a Obama.

 

Cámaras. Dirigentes sindicales en la sede de CTERA: a pocos días del inicio de clases sin oferta concreta en la negociación nacional. (DYN)

Desconcierto es la palabra que mejor podría definir el estado de ánimo de la dirigencia política –tanto opositora como de algunos sectores del oficialismo– ante las confusas actitudes del gobierno de Mauricio Macri respecto de temas de tanta trascendencia como la paritaria nacional docente y la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. La información sobre ambas cuestiones fue recortada y manipulada para convertirla mágicamente en medidas que beneficiaban a los trabajadores, pero a pesar del esfuerzo de los grandes medios de comunicación, tuvo el efecto de un búmeran en la opinión pública.
El anuncio de un posible acuerdo con los gremios docentes en torno a un incremento del 40% en el salario inicial, fue recibido con sorpresa y cierto entusiasmo en el ámbito sindical, ya que significaba la ruptura del techo salarial que el macrismo pretendía imponer a todas las negociaciones, y abría las puertas a la solicitud de cifras similares por parte del resto del espectro. Poco duró el optimismo. El ministro Esteban Bullrich se negó a convalidar lo que él mismo había anunciado al periodismo. La razón, según consistentes versiones, es que fue duramente reprendido por el presidente, ministros y gobernadores que alegaban la imposibilidad de hacer frente a las erogaciones que suponía.
Aunque resulta difícil de creer que Bullrich haya omitido la consulta con las autoridades del área económica, la confusión fue aprovechada por Macri para desmentir a varios de sus  funcionarios, quienes habían asegurado que las paritarias no tendrían techo, y fijar el tope en un 25%, una estimación voluntarista que, en opinión de sus críticos, no se ajusta a la realidad, cuando la inflación podría superar el 40%, y tiene como única finalidad bajar los costos salariales a efectos de enfriar la demanda como estrategia fundamental para bajarla.
Cabe señalar que el salario inicial docente es el de los maestros que comienzan a trabajar, absolutamente minoritarios en relación con el conjunto. El salario básico, en cambio, mucho más bajo, es el que se utiliza para calcular todos los adicionales –antigüedad, cargo, doble jornada, etcétera–. De allí que uno de los problemas centrales en las negociaciones que se realizan en cada provincia consista en que las propuestas oficiales introducen mejoras mediante sumas no remunerativas –sobre las que no se realizan descuentos–, con lo cual se achatan las escalas y se perjudica a los jubilados.
En el caso de la «triplicación» del mínimo no imponible, enfáticamente proclamada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el análisis de los técnicos en la materia demuestra que está muy lejos de haberse producido. El nuevo piso de 30.000 pesos está referido al salario bruto, lo que implica que pagarán el tributo los casados con hijos que ganen más de 26.000 y los solteros que estén por encima de los 19.000. Pero, además, como las escalas no se modificarán hasta 2017, incidirán fuertemente los incrementos que surjan de las paritarias, con lo cual el supuesto beneficio dejará de ser tal. Un dato adicional demuestra que en realidad se trata de una medida regresiva. En efecto, la derogación del decreto 1242/13, firmado por Cristina Fernández de Kirchner, determina que aquellos que en aquel momento estaban exentos por ganar menos de 15.000 pesos volverán ahora a sufrir el gravamen. Se estima que unos 180.000 trabajadores serán favorecidos por la medida. Pero más de 220.000 volverán a tener descuentos y más de 400.000 reingresarán al padrón de los afectados cuando cierren las paritarias. Hay que recordar que Macri había prometido en sus spots de campaña la eliminación total del gravamen para los trabajadores en relación de dependencia.
Por otra parte, el deterioro salarial es evidente, y ni siquiera los voceros gubernamentales se atreven a desmentirlo. Basta con señalar que el Salario Mínimo, Vital y Móvil, calculado en dólares, la moneda que se utiliza como referencia para fijar precios de bienes y servicios, descendió desde diciembre de 2015, de 602 a 397, nada menos que un 65%.

 

Lo que hay
Otra de las preocupaciones populares que no ha merecido respuesta alguna es la de los cortes de luz, un castigo que padecen durante semanas enteras los habitantes de muchos  barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense. A ello se suman los cortes programados, que en determinados horarios previamente informados, dejan sin electricidad a miles de personas, una modalidad que se aplicó por última vez durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Cuando aludió al tema, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, indicó que «es lo que hay», y atribuyó los inconvenientes a «la pesada herencia recibida», que a su juicio se deriva del congelamiento tarifario que impidió a las distribuidoras realizar las inversiones comprometidas. Lo que no dijo es que ese deterioro se compensaba con subsidios y que la designación de un exdirectivo de Edenor y Edesur, Juan Garade, al frente del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), encargado de controlar a las compañías de las que formó parte y de defender al usuario, no ayuda a generar expectativas favorables. Garade, responsable de sancionar a quienes no cumplen con sus obligaciones contractuales, se limitó a señalar que «la gente se enoja y tiene razón» y admitió que el servicio de Edenor y Edesur «no es aceptable, no es bueno», pero defendió el nuevo cuadro tarifario que incluye aumentos de hasta el 800% y omitió informar sobre las acciones previstas para normalizar la situación.
«El gobierno carece de reacción ante las consecuencias que sus medidas están produciendo en la economía popular», es la explicación que dan a estos hechos los economistas críticos, y destacan entre ellas la devaluación del peso y el levantamiento del cepo que, pese al ingreso de 5.000 millones de dólares por un préstamo de bancos internacionales, genera una permanente caída de las reservas que en la segunda semana de febrero superó los 600 millones de dólares.
Las cerealeras contribuyeron a agravar la situación al restringir al máximo sus liquidaciones en abierta violación al compromiso que habían contraído.
El aumento de los precios en los artículos de primera necesidad, por otra parte, parece imparable y ante ello las autoridades solo atinaron a poner en marcha el llamado Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPPA), que consiste en la publicación diaria en un portal web de los precios de productos de consumo masivo en los supermercados, con el fin de que «el consumidor tenga más elementos a la hora de comprar». Mientras tanto, se anunció la eliminación de derechos de exportación a la minería, una actividad contaminante que es rechazada por la mayoría de la población y que significa una merma de unos 220 millones de dólares al año en los ingresos fiscales.
En este contexto, no podían sino suscitar alarma las declaraciones del titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, en las que confirmó que el gobierno evalúa impulsar una nueva ley jubilatoria fundada en que, si bien la actual norma es contributiva, dejó de funcionar así a partir de las moratorias dictadas por los gobiernos kirchneristas que les permitieron jubilarse a quienes no contaban con 30 años de aportes. El proyecto consiste en mantener para ellos un haber mínimo, pero diferenciado del que percibirán quienes aportaron regularmente.

Daniel Vilá