Política

Fuera de órbita

La firma de un acuerdo entre el gobierno argentino y una empresa estadounidense para la construcción del satélite ARSAT-3 y su posterior explotación comercial provocó rechazo de científicos y dirigentes políticos. Denuncia judicial de diputados del FPV.

INVAP. Las versiones 1 y 2 del proyecto se desarrollaron íntegramente en el país. (Télam)

Desandando un camino que orientaba hacia el desarrollo tecnológico con cierta autonomía, la rúbrica de la carta de intención entre el gobierno argentino y la compañía estadounidense Hughes Network Systems fue denunciada en los tribunales y se ganó las críticas de gran parte del campo científico y del ámbito político. No faltan quienes creen que con esa asociación comenzó «la entrega de la soberanía satelital» mientras el Poder Ejecutivo lo niega categóricamente.
ARSAT-3 sería reemplazada por una sociedad fruto del preacuerdo: Newco. La compañía estaría controlada por la estadounidense que tendría, como mínimo, el 51% del paquete accionario y el dominio del directorio, mientras que la empresa ARSAT se quedaría, como máximo, con el 49% de las acciones. Guillermo Rus, exvicepresidente de ARSAT y director de Latamsatelital, afirmó a Acción que el pacto «es ilegal porque pasa por encima de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital (27.208)», al violar los artículos 8 y 10. El exdirectivo consideró que hay «una privatización» en parte «de la infraestructura esencial de la empresa y todo el arco político cuestiona este acuerdo», destacó.
Por caso, el candidato a senador por 1País, Sergio Massa, y el candidato a diputado por ECO, Martín Lousteau, criticaron al gobierno de Mauricio Macri, que finalmente fue acusado por diputados del Frente para la Victoria en la Justicia por «abuso de autoridad» y «administración fraudulenta» al considerar que violó la mentada legislación.
Algunas de las irregularidades consignadas en la acusación son:
• La firma estadounidense no fue seleccionada por compulsa o licitación. «No se conocen los criterios seguidos para elegir a Hughes» y se firmaron «cláusulas de confidencialidad que comprometen a nuestro país», dicen los denunciantes.
• El preacuerdo se firmó en Washington, en inglés como lengua principal y bajo legislación estadounidense.
• El costo del satélite se fija en 230 millones de dólares, es decir, lo establecido en los contratos ya firmados por la gestión anterior. No se estableció un mecanismo de recuperación de la inversión que hizo el Estado.
• Se utilizará una Posición Orbital Argentina para la operación que será cedida «a la nueva compañía sin cargo alguno». El valor estimado de dicha posición orbital «es de 20 millones de dólares».

Plan en marcha
Jorge Aliaga, exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la uba y nexo entre ARSAT y el Ministerio de Ciencia y Tecnología durante la gestión kirchnerista, señaló que «se entrega un negocio que estaba previsto que ARSAT-3 hiciera con la banda ancha satelital». El especialista remarcó que el Congreso, en 2015, aprobó una ley –el Pro votó en contra–que «impide que se desarme la empresa o le saquen activos o valores estratégicos que obstaculicen su cometido». Aliaga también señaló que el preacuerdo integra un plan del gobierno más amplio, que se inició apenas asumió. «Dejaron entrar 14 satélites internacionales para dar servicios en la Argentina», señaló. Por su parte, Rodrigo de Loredo, actual presidente de ARSAT, consideró que la asociación con Hughes es perfectamente lícita y afirmó que «de ninguna manera viola ley». «La verdad es que el gran desafío que tenemos es mostrarle al mundo que los argentinos podemos construir un satélite y podemos exportarlo. Es positivo que terceros interesados estén dispuestos a invertir en nuestro satélite», dijo.
El presidente Macri también salió al cruce de las acusaciones. «Estamos buscando un socio estratégico que potencie la capacidad de INVAP y ARSAT, porque cuando llegamos encontramos serios problemas de comercialización en ARSAT 1 y 2», afirmó. «Es un acuerdo con carácter más comercial que tecnológico», insistió, relativizando la pérdida de soberanía que implica ceder un desarrollo nacional al control de una empresa extranjera.