19 de marzo de 2025

Daniel Vilá

La represión orquestada por el Gobierno contra las manifestaciones populares –como la de los jubilados y quienes los apoyan– tiene una larga lista de antecedentes. Bullrich, una asidua protagonista.

La brutal represión desatada por la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, secundadas por otras fuerzas de seguridad durante la multitudinaria marcha de jubilados al Congreso, en la que el reportero gráfico Pablo Grillo recibió el disparo a quemarropa de una granada de gas lacrimógeno y sufrió gravísimas fracturas de cráneo con pérdida de masa encefálica, evidencia el recrudecimiento de una política represiva de la que es protagonista principal la ministra Patricia Bullrich, que ordenó o convalidó otros hechos luctuosos en tres Gobiernos de distinto signo.

El desprecio por la vida humana y la violencia expresadas el último miércoles es el resultado de un proceso degradante que tuvo su máxima expresión en los sucesos acaecidos el 19 y 20 de diciembre de 2001, motivados por una crisis económica, política y social sin precedentes que provocó que salieran a la calle miles de ciudadanos indignados por la exclusión y la desigualdad. Fueron 39 los asesinados y cientos los heridos en distintas ciudades del país y la Justicia tardó en llegar.

En 2016 fueron condenados los responsables políticos de haber ordenado la masacre, Enrique Mathov, por entonces secretario de Seguridad, y Rubén Santos, jefe de la Policía Federal, pero las penas se efectivizaron recién en 2024. 

Un año y medio después del fatídico 2001, como consecuencia de la continuidad del proyecto de exclusión y miseria, un conjunto de organizaciones sociales promovieron una movilización masiva para el 26 de junio de 2002 con las consignas de aumento general del salario, la duplicación de 50 a 100 dólares del subsidio a los desocupados y alimentos para los comedores populares, entre otros reclamos. Cuando la columna de manifestantes arribó al Puente Avellaneda, un operativo conjunto de la Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval procedió a desalojarla violentamente.

En ese contexto, los manifestantes fueron empujados hasta las proximidades de la estación Avellaneda, donde dos jóvenes de 21 y 22 años, respectivamente, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, que habían quedado aislados del resto, fueron asesinados por dos miembros de la Bonaerense, el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Aunque se pretendió encubrir los crímenes adjudicándoselos a los compañeros de las víctimas, las imágenes aportadas por los fotógrafos Sergio Kowalewsky y Pepe Mateos permitieron que los autores del hecho fueran condenados a cadena perpetua, la que tardó diez años en hacerse efectiva. Las características del suceso generaron reacciones de repudio que prácticamente obligaron al presidente Eduardo Duhalde a presentar su renuncia.

Prácticas salvajes
La continuidad de estas prácticas salvajes pudo verificarse el 3 de abril de 2007 cuando los docentes de la provincia de Neuquén, tras varios días de no obtener respuesta a sus reclamos por parte de las autoridades provinciales, decidieron cortar la ruta 22. Como respuesta a la medida, el gobernador Jorge Sobisch ordenó impedir de cualquier modo que se concretara.

La violenta represión incluyó balas de goma, gases lacrimógenos y hasta un carro hidrante. Una vez asegurada la dispersión, una negociación entre los dirigentes sindicales y los oficiales policiales detuvo el accionar de las fuerzas represivas. Los participantes de la protesta se retiraron a pie y en vehículos hasta la ciudad de Senillosa, escoltados por camionetas de la fuerza de seguridad local, pero repentinamente estas se adelantaron a la caravana y reanudaron la represión.

En esas circunstancias, el cabo José Darío Poblete disparó una granada de gas lacrimógeno, desde una distancia de dos metros, contra un Fiat 147 que impactó en la nuca del maestro Carlos Fuentealba, que viajaba en el asiento trasero del vehículo, provocándole hundimiento de cráneo. Sus compañeros lo trasladaron en una ambulancia al hospital local, donde fue sometido a dos operaciones y murió al día siguiente. Tenía 40 años.

Durante el Gobierno de Mauricio Macri, se produjeron numerosos episodios de represión. Los más conmocionantes fueron la muerte de los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Maldonado había participado en un corte de ruta enmarcado en la lucha por las tierras ancestrales de una comunidad mapuche que se realizó el 1 de agosto de 2017 en el Puf Lof en Resistencia de Cushamen. Su cadáver fue hallado en el río Chubut 78 días después.

La autopsia estableció que falleció «por ahogamiento por sumersión en el río Chubut e hipotermia», pero un reciente informe sostiene que el cuerpo del artesano no estuvo en el mismo lugar todo el tiempo que permaneció desaparecido. Leticia Povilauskas, licenciada en Geología y Palinología de la Universidad de La Plata, señaló que en el momento de la autopsia aparecieron en la ropa de Santiago granos de polen pertenecientes a una especie que florece en septiembre. La investigación judicial sufrió marchas y contramarchas y el asesinato continúa impune.

En paralelo con la aparición del cuerpo de Santiago, Rafael Nahuel, de la comunidad Lafken Winkul Mapu, de Río Negro, cuyos integrantes ocupaban tierras cerca del lago Mascardi, recibió un tiro por la espalda de un integrante del grupo Albatros de la Prefectura Naval cuando por orden del juez federal Gustavo Villanueva se ordenó el desalojo, la persecución y detención de hombres, mujeres y niños. El caso no ha sido esclarecido por la Justicia con la excusa de que «existen versiones contradictorias entre sí».

Estos antecedentes explican la precisión con la cual el presidente Javier Milei y su ministra Patricia Bullrich aplican un verdadero manual de crueldades que incluye operaciones encubiertas, infiltraciones, seguimientos ilegales y cobertura absoluta para las fuerzas de seguridad con el objetivo de eliminar obstáculos para la aplicación de un plan de ajuste y motosierra que castiga a la inmensa mayoría de la población.

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