Tema presente en la campaña electoral, el control de los hechos ilegales ocupa un lugar central entre las preocupaciones de la sociedad. Deficiencias en los organismos responsables de aplicar la ley pese a los reiterados cambios en las cúpulas policiales.
9 de agosto de 2017
Dureza. Desde el cambio de gobierno creció la conflictividad social y también se incrementó la violencia de la respuesta de las autoridades. (Carlos-Brigo)
Si hay un tema que atravesó la campaña electoral para las primarias –y lo mismo ocurrirá seguramente ante las legislativas de octubre– es el del rol de las fuerzas de seguridad en la custodia del orden público y el combate del delito en un contexto en que las propias cúpulas de varios de esos organismos resultaron implicadas en escándalos de toda laya. Desde hace décadas, la sociedad oscila entre las críticas por la represión contra las demandas sociales, los reiterados casos de «gatillo fácil» y la permanente presencia de eso que los medios masivos llaman «inseguridad». Sucesivos casos de corrupción que involucran a las jefaturas policiales de distritos gobernados por el oficialismo como la provincia de Buenos Aires y la capital argentina –la detención del comisario José Potocar y su liberación bajo fianza ejemplifican este aserto–, pero también en territorios con otros colores políticos, así como la profundización del uso de la violencia frente a la protesta social, evidencian una deuda que la democracia aún no saldó a pesar del tiempo transcurrido.
Por caso, a medida que crece el desempleo, el reclamo social también aparece en el centro de la escena, al punto que para el periodista Ricardo Ragendorfer, uno de los conocedores más profundos del submundo policial, «la represión a los trabajadores de PepsiCo –a mediados de julio– fue el primer acto de campaña del gobierno». El autor de La Bonaerense y La secta del gatillo destaca además que en épocas electorales hay una «demagogia punitiva» en la que distintos candidatos ofrecen alternativas, a cual más dura, para «garantizar la seguridad» de la población, entre ellas es recurrente la idea de bajar la edad de imputabilidad. Tal vez la presencia del exalcalde neoyorquino Rudolf Giuliani en Tigre con el exintendente y aspirante a senador Sergio Massa pueda considerarse como ejemplo de esta competencia.
Lo mismo puede decirse de la aparición, en un programa de televisión de clara alineación con el oficialismo, de la grabación de un chico de 11 años diciéndose autor de varios de delitos graves, incluso un homicidio. Al día siguiente llovieron las críticas sobre el conductor televisivo y el responsable político de maniobra, Diego Kravetz, secretario de Seguridad del municipio de Lanús, donde se filmó la seudoentrevista. Luego se supo que junto con el equipo periodístico estuvo el ex comisario inspector Daniel Alberto Villoldo, mano derecha de Kravetz y exonerado de la Bonaerense por el exministro León Arslanian.
Arslanian, uno de los jueces del tribunal que condenó a las juntas militares una vez recuperada la democracia, llevó a cabo la reforma policial más profunda de la policía provincial. La inició en 1998 con Eduardo Duhalde como gobernador, a poco del crimen del fotoperiodista José Luis Cabezas, pero renunció un año más tarde, cuando Carlos Ruckauf se postulaba a gobernador con una propuesta de «mano dura». Tras los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, dos crímenes cometidos por efectivos policiales, Felipe Solá volvió a convocar a Arslanian para seguir esa tarea inconclusa. El «reformador» se tuvo que ir a su casa cuando Daniel Scioli ganó al provincia, en 2007, y volvió a los viejos esquemas de negociación con las cúpulas para mantener la «gobernabilidad».
Esquema peligroso
Desde entonces, regularmente se registran escándalos que obligan a un recambio que en el fondo no tocan lo esencial, que es un esquema de regulación del delito peligroso para la sociedad. La llegada de María Eugenia Vidal a La Plata, en diciembre de 2015, estuvo marcada por este conflicto central para cualquier mandatario bonaerense. De hecho, se mudó a una base militar en Morón alegando que debía mantener su propia seguridad porque estaba decidida a luchar «contra las mafias policiales». El primer jefe designado, Juan Pablo Bressi, recibió críticas de organismos especializados, pero la más feroz fue de la diputada Elisa Carrió, una de las fundadoras de Cambiemos, quien lo vinculó con el narcotráfico y otras actividades ilegales.
Vidal lo mantuvo en el cargo hasta que en mayo pasado le pidió la renuncia para no cargar con el lastre en la campaña. Según Solá, en el oficialismo le habrían reconocido que Bressi fue designado a instancias de la DEA, el organismo antidroga estadounidense. Al decir de Ragendorfer, Bressi representa dentro de la intern a provincial una línea que continúa la gestión del comisario Hugo Matzkin, el pope durante la gestión de Scioli, y que se mantiene con su reemplazante, Fabián Perroni. La conclusión es que continúa la política de mantener las aguas calmas en la fuerza aún con Vidal y su mano derecha en ese rubro, Cristian Ritondo. Más allá de lo que digan públicamente.
En la Ciudad de Buenos Aires la situación no es mejor. La Policía Metropolitana fue creada por Macri en 2009 cuando era alcalde porteño. El primer jefe y virtual organizador fue Jorge Alberto el Fino Palacios. Implicado en el proceso por espionaje ilegal que también salpicó a Macri, y en la causa por el atentado contra la Amia, Palacios terminó detenido en diciembre de ese año.
Cuando Macri llegó a la Casa Rosada, Horacio Rodríguez Larreta asumió en Buenos Aires. Entre sus primeras medidas estuvo la conformación de una Policía de la Ciudad, la fusión entre la Federal y la Metropolitana, una vieja aspiración del macrismo que encontró resistencias dentro de la vieja Federal. Los dos primeros titulares de esa fuerza también terminaron presos. Guillermo Calviño y José Potocar están procesados por corrupción y si bien recuperaron su libertad, sus carreras quedaron truncas en el marco de disputas internas por el control de la nueva policía, según los conocedores del tema.
Los problemas de esta naturaleza no se limitan a la capital y la provincia de Buenos Aires. Santa Fe y Córdoba tienen lo suyo en materia de corrupción policial. Por caso, el 30 de julio, en una entrevista con el editor del diario Perfil, la procuradora Alejandra Gils Carbó contó entre los hechos destacables de su gestión la creación de una Procuraduría de Narcocriminalidad, la Procunar, que llevó al banquillo al jefe de Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, y al titular de Drogas Peligrosas de Córdoba, Rafael Sosa.
