El gobierno nacional debió postergar un plan complementario al fallo de la Corte que pretendía enviar a sus casas a los condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Avanzará el juicio político a los integrantes del máximo tribunal?
26 de mayo de 2017
El gobierno nacional había sido puesto sobre aviso acerca de la inminencia del fallo del 2×1, y lo había visto con buenos ojos. La iniciativa espontánea de los jueces complementaba sus propias ideas, que apuntan a satisfacer los compromisos asumidos con los grupos de ultraderecha. Pero ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema calcularon el grado de resistencia que enfrentarían. Encabezado por los organismos de derechos humanos, el arco opositor abarcó desde las fuerzas de izquierda hasta el centro y la derecha, incluyendo figuras del oficialismo, y se materializó en las masivas movilizaciones del miércoles 10 de mayo en todo el país.
El hecho obligó a rápidos y forzados reacomodamientos. Voceros del gobierno, primero dubitativos y luego un poco más firmes, salieron a desmarcarse del fallo, mientras que el presidente Macri incluso demoró cinco días en decir que él había estado siempre en contra del 2×1: una expresión que, sin embargo, esquivó la crítica a la cuestión de fondo: la impunidad de los genocidas.
La situación de Macri era realmente difícil: Entre la espada, que le recordaba sus promesas con los grupos civiles y militares de la ultraderecha; y la pared, levantada por el rechazo popular. Además de la movilización masiva, encuestas oficiales reservadas daban cuenta de una condena popular todavía más amplia, incluso entre los que lo votaron.
De allí que no solo tuvo que salir a tomar distancia del fallo, sino que se vio obligado a postergar sine die el proyecto de mandar a sus casas a los represores condenados, bajo el velo de una prisión domiciliaria.
El tema se presenta como una cuestión humanitaria. ¿Quién se podría oponer a un argumento humanitario? Ya se sabe: Siempre hay alguien. Pero excluyendo a ese alguien, ¿los organismos de derechos humanos podrían oponerse? Es indudable que esos argumentos no pueden ser rechazados, pero la cuestión es más compleja. Vale recordar la experiencia de la prisión domiciliaria del fallecido Emilio Massera: el «Comandante Cero» se paseaba por la ciudad como pancho por su casa. Allá por la década del 90, un reportero gráfico lo captó con su cámara y esto provocó que los encargados de vigilar el cumplimiento de la condena se dignaran a aconsejarle que, al menos, no saliera tanto. La otra cuestión es la del poder que estos grupos siguen detentando. No es un secreto que el expolicía Miguel Etchecolatz dio la orden del secuestro y desaparición del testigo Julio López, y su propia hija acaba de dar un reportaje público en el que sostiene que no hay que creer en el rol de viejito enfermo que está representando porque sigue siendo peligroso.
El reciente asesinato de Elsa Marta Sosa de Fagetti, testigo y querellante en el juicio por crímenes de lesa humanidad de San Rafael, Mendoza, también aporta graves sospechas en ese sentido.
El aplazamiento de los planes del gobierno en relación con la prisión domiciliaria no se debe, sin embargo, a este tipo de consideraciones. Ante la evidente impopularidad de la medida, para Macri es una cuestión de oportunidad.
¿Qué les estará diciendo ahora el ministro de Justicia, Germán Garavano, a los grupos de presión militar vinculados con los represores, a entidades de presión civil como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y a familiares y amigos de los represores, a los que había prometido buenas noticias a la brevedad? La medida quedó aplazada hasta nuevo aviso. ¿Quizá después de las elecciones legislativas de octubre?
Corte y confección
La contundencia del repudio popular impactó sobremanera en la Corte. Una primera señal fue el pedido de licencia de Elena Highton de Nolasco, una de las artífices del engendro. A eso siguió una serie de rumores sobre las pujas internas que, poco menos, atribuían a Lorenzetti una especie de zancadilla en la que habrían caído los jueces que votaron a favor del 2×1 a fin de desprestigiarlos y preservar para sí la presidencia del tribunal por un nuevo período. Como pruebas de la maniobra, se recuerda que el que puso en agenda de la Corte el tema, en virtud de sus facultades como presidente, fue el propio Lorenzetti, quien, por otra parte, podría haber convocado a audiencia pública para tratar un asunto de tanta sensibilidad y transcendencia.
Finalmente, otra de las reacciones de reacomodamiento que provocó la protesta popular es la peregrina idea de que una docena de causas que estaban con pedidos de aplicación del 2×1 sean atraídas por la Corte a través del per saltum para dar un nuevo fallo que «aclararía la situación». ¿Qué podría aclarar esta Corte? El bodrio que ni siquiera podría llamarse jurídico –que dejó en libertad a un genocida y que pretendía abrir las puertas para el resto– no tiene sustento alguno, a pesar de que algunos defensores mediáticos salieron a decir que el fallo era jurídicamente correcto aunque quizá moralmente cuestionable. Nada de eso. El fallo es un zafarrancho porque: 1) Los tratados internacionales vigentes, que tienen rango constitucional, determinan que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, extraterritoriales y no susceptibles de indulto, amnistía ni conmutación de pena; 2) el principio de ley penal más benigna solo rige para el derecho penal y no para el procesal y, por tanto, una ley de naturaleza procesal como la del 2×1 no podía aplicarse; 3) la ley que se pretendió aplicar requería –para el cómputo especial del presupuesto fáctico–que el condenado hubiera estado en prisión preventiva en el momento de su vigencia.
Es tal la gravedad jurídica de la trampa montada por los tres jueces que obliga al juicio político. No alcanza con que el Congreso Nacional haya dictado una ley interpretativa de la anterior. Esa norma es muy importante como señal política de una voluntad contraria a la impunidad, pero puede no ser efectiva como resguardo frente a nuevas manipulaciones.
Nunca antes un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había provocado un rechazo tan masivo y callejero. El antecedente más cercano es el Movimiento por la Remoción de la Corte de mayoría automática que acompañó las políticas neoliberales del menemismo, durante la crisis de 2001, que se concentraba en Plaza Lavalle y avanzaba sobre las escalinatas del Palacio de (in)Justicia.
Por entonces, un cúmulo de jurisprudencia que convalidaba espurias privatizaciones de empresas estatales, la eliminación y reducción de derechos de trabajadores y sindicatos y el aval a las amnistías encubiertas e indultos a genocidas fue gestando conciencia sobre la necesidad de pensar en la composición del máximo tribunal.
El Movimiento por la Remoción de la Corte del 2001/2 no solo quería reemplazar a todos los integrantes, sino que se determinaran criterios básicos y requisitos mínimos para formar parte del máximo tribunal. Entre esos postulados estaban dos que hay que recordar: a) estar comprometidos con la defensa de los derechos humanos y haber participado en la defensa efectiva de los mismos; b) no haber defendido a monopolios ni trasnacionales que afectaron la soberanía del país.
Néstor Kirchner, que tuvo que gobernar en medio de la crisis de legitimidad del sistema, recogió el reclamo. Impuso por decreto normas de transparencia en el debate para la elección de integrantes de la Corte y promovió la destitución por juicio político de algunos de sus miembros más irritantes, provocando de ese modo las renuncias necesarias para un cambio. Pero no avanzó mucho más.
De haberse sancionado por ley los requerimientos impulsados por el Movimiento de Remoción, el ascenso de los ahora integrantes de la Corte Carlos Rozenkrantz y Horacio Rosatti no habría sido posible. Ambos tendrían notorias incompatibilidades con esos criterios.
La situación de crisis actual de la Corte permite retomar aquellas iniciativas, empezando por el juicio político a los que votaron el 2×1. Ya hay organizaciones de derechos humanos que lo plantean. No debería quedar en un mero impulso.
