El desplazamiento del juez Otranto y las contradicciones en los testimonios de los gendarmes dejaron al desnudo una trama de ocultamiento tejida por funcionarios, medios y miembros del Poder Judicial. Nuevas maniobras en el caso del exfiscal Nisman.
27 de septiembre de 2017
Los datos duros de la realidad develaron la oscura trama de mentiras, ocultamiento de información y encubrimiento que signaron la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Aunque los esfuerzos oficiales siguen encaminados a ocultar las pruebas que demuestran la participación de la Gendarmería en el hecho, las que se han recogido hasta el momento son contundentes y obligarán al nuevo juez, Gustavo Lleral, a tomarlas en cuenta si es que en verdad está dispuesto a apartarse del confuso guión elaborado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su jefe de Gabinete, Pablo Noceti.
Tras la contundente afirmación inicial de que la Gendarmería no tenía vinculación alguna con el caso, la funcionaria y sus colaboradores se dedicaron a diseñar pistas falsas que, como ya es costumbre, encontraron amplio eco en la prensa oficialista. Comenzaron por sembrar dudas sobre la presencia de Maldonado en la zona, amparándose en el hecho de que quienes cortaban la ruta «estaban todos encapuchados», lo que hacía imposible recoger indicios; después, fabularon que habría sido gravemente herido por un puestero cuando intentaba ingresar ilegalmente a su casa, lo que fue rápidamente descartado por un examen de ADN que generó un escueto comunicado gubernamental en el que se admitía la falsedad de la hipótesis. El próximo paso, que contó con la inestimable colaboración de mistificadores y agentes de inteligencia que obraron como testigos, consistió en ubicarlo en Entre Ríos, en pueblos donde increíblemente habitaban numerosos clones suyos, y hasta en Chile, donde de inmediato se confirmó que no había ingresado. Por fin se intentó instalar la versión de que estaría oculto –vivo o muerto– en territorio mapuche.
Cambio de rumbo
Bullrich, forzada por las circunstancias y presionada por sus colegas que en voz baja cuestionaban la precariedad de sus argumentos, fue virando paulatinamente hacia la hipótesis del «gendarme solitario» a quien se le habría «ido la mano» e insistió en que la fuerza de seguridad era ajena a ese posible «exceso».
Quien estuvo a cargo de las investigaciones hasta que fue recusado por su evidente parcialidad, el juez federal Guido Otranto, se constituyó en una pieza fundamental del encubrimiento. No aceptó investigar a la Gendarmería, ocultó la evidente presencia de Noceti en el lugar, maltrató a los integrantes de la Pu Lof en Resistencia, permitió que se develara la identidad del testigo protegido Ariel Garzi, desestimó su testimonio y la denuncia que este formuló por apremios ilegales cometidos por fuerzas de seguridad de la provincia de Río Negro, se negó a peritar el teléfono móvil de Noceti, permitió la presencia permanente en los rastrillajes de Gonzalo Cané, secretario coordinador con los poderes judiciales del Ministerio de Seguridad, ordenó un violento allanamiento a la comunidad, de la que participaron 300 efectivos de la Policía Federal con el supuesto fin de hallar «objetos de Santiago» e impidió el acceso al lugar de Sergio, hermano mayor del desaparecido, no ordenó verificar el kilometraje de los vehículos que penetraron en la Pu Lof ni indagó sobre la adulteración de los libros de actas secuestrados en los escuadrones 35, 36 y 37 que según denunció la familia de Santiago fueron adulterados groseramente y no tuvo en cuenta el hallazgo de balas calibre nueve milímetros en la Pu Lof por el policía rionegrino Marcos Darío Herrero «porque no era lo que estaban buscando», por solo mencionar unas pocas entre otras tantas maniobras destinadas a obstaculizar una investigación seria.
Con el nuevo magistrado designado la causa debería tomar otro rumbo, lo que torna muy frágil la situación de la fiscal subrogante Silvina Ávila, que no solo asumió como propia la fábula oficial sobre los hechos y se convirtió en colaboradora incondicional de Otranto, sino que además violó normas de confidencialidad, suspendió la reconstrucción de lo sucedido el 1 de agosto alegando que «se había alterado la escena» debido a la poda de unos sauces y colaboró con el ministro de Justicia, Germán Garavano, en la elaboración de una respuesta a un pedido de informes del Comité de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada.
Pese a los esfuerzos del Ministerio de Seguridad por elaborar un libreto creíble que unificara las declaraciones de los gendarmes, las contradicciones abundaron. Varios de ellos, que declararon como testigos, dijeron haber escuchado que un compañero hirió a uno de los «encapuchados» y se ha comprobado, por ejemplo, que contra lo que se había sostenido inicialmente, los efectivos –más de 100 y no «6 o 7» como se buscó hacer creer– habían llegado hasta la orilla del río. También existen indicios de que Maldonado fue trasladado en una camioneta conducida por el sargento Sergio Sartirana. El periodista Horacio Verbitsky, en Página/12, afirmó que este sugirió que Noceti ordenó esconder los vehículos de Gendarmería que intervinieron en el ataque a la comunidad mapuche de Cushamen el 1 de agosto. Otra constatación que surge del entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas es la presencia de Noceti en la zona antes y después de esa fecha y la responsabilidad que le cabe en la planificación y ejecución del operativo.
La demonización de los mapuches, ligándolos con el terrorismo y la violencia, y la reinvención de su historia como pueblo tienen un solo objetivo: la protección a los intereses de Benetton y de todos los terratenientes de la Patagonia, un comportamiento que relativiza los efectos prácticos de la prórroga de la ley 26160, que extiende la prohibición de los desalojos a las comunidades indígenas.
Archivos secretos
La protección oficial a los efectivos presuntamente implicados en la desaparición forzada de Maldonado se parece demasiado a una retribución a la Gendarmería por la pericia con la que se pretende demostrar que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado después de que se le inyectara ketamina, una droga de efecto anestésico. Lo insólito es que la Corte Suprema de Justicia ha decidido tomar distancia del Cuerpo Médico Forense que de ella depende, el cual determinó la inexistencia de signos de homicidio en el cuerpo del fiscal. El argumento del máximo tribunal es que ese órgano tiene «autonomía en su actividad profesional» y que los especialistas obedecían a las directivas de la jueza y la fiscal que por entonces estaban a cargo de la causa. Una poco elegante manera de contribuir a las necesidades gubernamentales de reflotar el manoseado caso que tantos réditos le diera en la campaña electoral de 2015.
Los medios oficialistas, que han demostrado una notable capacidad anticipatoria al revelar hace 3 meses los resultados de la pericia de Gendarmería, pugnan por emular esa hazaña y ya están prediciendo novedades importantes en esta causa y en las vinculadas con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En tanto, y ante el silencio de la dirigencia de la comunidad judía, el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 229, decidió poner bajo su control todos los archivos reservados de la ex SIDE, lo que impediría la desclasificación de los archivos secretos de inteligencia sobre el ataque terrorista y bloquearía el acceso a las querellas y a los investigadores de la Unidad AMIA y del Grupo Especial de Relevamiento de Archivos (GERAD) de la Procuración General, según denunciaron Memoria Activa y APEMIA, entidades que representan a los familiares de las víctimas del atentado.
