22 de mayo de 2013
Las Primarias de agosto, antesala de las legislativas nacionales, perfilan un debate áspero en un clima de campaña anticipada. La correlación de fuerzas parlamentarias, en disputa.
Paso a paso. El voto popular determinará mayorías y minorías en el Congreso. (Atilio Orellana / Infoto)
El año político transcurre entre denuncias cruzadas de alto impacto mediático, un clima beligerante y no pocos interrogantes, en el marco del primer gran test electoral del año: las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), previstas para el 11 de agosto. Muchos son los intereses en disputa teniendo en cuenta el escaso tiempo restante para sellar las alianzas –el 11 de junio vence el plazo de inscripción– y el carácter de una contienda decisiva para un amplio abanico de dirigentes y espacios políticos con miras al 27 de octubre, fecha de las elecciones legislativas nacionales. El resultado de ese comicio determina cómo se distribuye la renovación de la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio de los senadores (los representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego).
Por segunda vez en la historia argentina –la primera fueron los comicios realizados antes de las elecciones presidenciales de 2011, cuando votó cerca del 77% del padrón nacional–, se llevarán a cabo las PASO, concebidas como un examen previo que busca otorgar legitimidad a las candidaturas, definir qué partidos pueden presentarse –deben alcanzar el 1,5% de los votos– y con el objetivo planteado por sus impulsores de fortalecer la participación democrática del electorado sobre la base de una consulta amplia y abierta en la cual todos los actores intervinientes muestren sus propuestas a la ciudadanía. Como dato novedoso y trascendente, entrará en vigencia la ley que permite votar a jóvenes desde los 16 años, a lo que se añade el significativo impacto político de los resultados: para muchos candidatos esta elección previa configura una oportunidad de mostrarse electoralmente como figuras de peso ante la ciudadanía y fortalecer –o debilitar, si el recuento de votos no los favorece– sus chances en octubre.
La Cámara de Diputados renovará 127 bancas en los comicios de octubre. El Frente para la Victoria arriesga 38 escaños (un tercio de su bloque); la Unión Cívica Radical, 25; el peronismo opositor, 15; 8 el Pro; la Coalición Cívica, 6; 5 el FAP; 3 Proyecto Sur y 2 el Frente Nuevo Encuentro. El panorama en la Cámara Baja parece favorable para el kirchnerismo ya que los puestos que se renuevan son los logrados en 2009, cuando el Frente Para la Victoria fue derrotado en la provincia de Buenos Aires. Para la oposición, en cambio, el desafío es mayúsculo, ya que debe remontar la cuesta de las elecciones de 2011 para al menos conservar su presencia en la cámara en los niveles actuales. Radicales y peronistas disidentes ponen en juego dos tercios de sus bloques, mientras que el macrismo debe renovar 8 de sus 11 diputados, y tanto la CC como Proyecto Sur dirimirán en las urnas la continuidad de todos sus diputados.
Distinto es el panorama en el Senado. Allí se renuevan 24 de 72 escaños, correspondientes a 8 distritos que representan el 22% del electorado nacional. Aquí el kirchnerismo, que cuenta hasta el momento con mayoría propia, arriesga 12 senadores. La UCR 4, y el peronismo opositor y Nuevo Encuentro 2 cada uno.
En definitiva, para la mayoría de los distintos sectores de la oposición, aún dispersa y sin un liderazgo que la unifique, el objetivo principal parece ser condicionar el rumbo del Gobierno nacional y, consecuentemente, limitarle el margen de maniobra en Diputados y Senadores. Prueba de ello fueron ciertas señales emitidas por algunos de sus principales representantes. Por caso el diputado nacional Francisco De Narváez –integrante del flamante acuerdo del Peronismo Federal junto con el dirigente sindical Hugo Moyano, el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota– admitió que controlar la Cámara de Diputados constituye el desafío principal de la oposición. En este sentido, y si bien el ya disuelto Grupo A –nominado de ese modo por la diputada Patricia Bullrich– consiguió entorpecer iniciativas del Gobierno, sus propios mentores consideran que no fue suficiente dominar las comisiones de las cámaras luego de las elecciones de 2009, en la que fue su mejor performance durante todo el ciclo kirchnerista. «Este nuevo frente político le pondrá un límite a la Presidenta. La gente está harta, ha dicho basta. El relato no tiene nada que ver con la realidad. Queremos asumir la presidencia de la Cámara de Diputados para ponerle un equilibrio al Congreso y para que estos últimos años del cristinismo tengan un freno», señaló De Narváez, que aspira a aglutinar sectores justicialistas que cuestionan al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, el radical Ricardo Gil Lavedra, diputado nacional y promotor del acuerdo electoral entre el FAP, la Coalición Cívica y el radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires, también reafirmó la intención de que la oposición consolide una alianza amplia a fin de ponerle un dique de contención al Gobierno, más allá de las posturas oscilantes de dirigentes del FAP y la UCR, en las últimas semanas, respecto de distintas perspectivas de alianzas impulsadas por unos y otros.
También el oficialismo juega sus cartas con miras a profundizar el rumbo del modelo. Además de definir las listas de candidatos, algo que aún está pendiente mientras corren distintos rumores y trascendidos, se suma el interrogante acerca de cuál será el grado de incidencia que efectivamente logran las continuas denuncias de corrupción formuladas desde sectores mediáticos y políticos opositores, cuyo curso judicial a fondo sería la mejor manera de dilucidar responsabilidades y aclarar el debate público. Al margen de ello, el oficialismo somete a la voluntad popular logros y deudas pendientes acumulados a lo largo de una década de gobierno, en materia de empleo, salud, acceso a la justicia, vivienda, transporte, derechos humanos, educación, entre otros temas relevantes.
Tensiones y ocultamientos
En medio de acalorados debates resulta pertinente señalar que uno de los rasgos salientes de lo que va de este año político ha sido la intensificación de la beligerancia entre el oficialismo y la oposición. Si bien no se trata de un fenómeno estrictamente novedoso, para medir los alcances de la fuerte polarización en que se realizarán las elecciones, no se puede dejar de considerar los cada vez más encendidos posicionamientos de algunos medios de comunicación, de distintas miradas políticas, que en ocasiones distorsionan los hechos al punto de silenciarlos, ocultarlos o minimizarlos, de acuerdo con quiénes sean los perjudicados o responsables en cada caso. Las represiones en el Hospital Borda, por parte de la Policía Metropolitana ungida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en Famatina, dispuesta por el gobierno de La Rioja, alineado con el oficialismo nacional, son ejemplos recientes que marcan cómo el clima preelectoral incide en los posicionamientos de los actores políticos enfrentados. En el caso del Hospital Borda, vale preguntarse si, quizás, la decisión de desalojar violentamente a quienes cumpliendo su trabajo obstaculizaban el proyecto de construcción de un centro cívico, no fue adoptada en el marco de una especulación electoral. ¿Hay votantes en la ciudad que ven con buenos ojos una política de mano dura? La respuesta es incierta, pero si el macrismo pensó en recoger beneficios de ese episodio, no parece haber salido bien parado de la acción violenta desplegada por su policía. Una agresión de ese porte en un hospital –no faltó quien recordara que ni en una guerra se bombardean centros de salud– no puede ser justificada de ninguna manera, y las explicaciones que intentó dar el jefe de Gobierno no hicieron sino exponer con mayor claridad la sinrazón del accionar de la Metropolitana.
Famatina. Organizaciones sociales movilizadas contra la minería a cielo abierto. (DiarioChilecito.com)
Desde luego sus opositores buscaron explotar la situación al máximo con encendidas y justificadas críticas, mientras que desde los más poderosos medios de comunicación relativizaron los hechos. No obstante, y en función de intereses electorales, el repudio a lo ocurrido en el nosocomio porteño no tuvo correlato en la represión en Famatina, dirigida a acallar la protesta de ambientalistas organizados en la asamblea antiminera. Nuevamente el efecto parajódico: medios y dirigentes que atenuaron o silenciaron sus opiniones respecto del brutal desplazamiento de la Policía Metropolitana difundieron la noticia movilizados –en la mayoría de los casos– por el objetivo de sacar rédito político dado que el hecho afecta la imagen del Gobierno nacional. Otros, en cambio, poco o casi nada dijeron sobre una represión que dejó 10 heridos hospitalizados y 5 detenidos, cuyo tema de fondo remite a la lucha de un conjunto de organizaciones sociales que batallan contra un modelo productivo que, a su juicio, avasalla derechos de comunidades locales y pone en riesgo el medio ambiente. Se trata, en suma, de ejemplos contundentes, relativos a cómo determinados episodios se explican –o no se explican– a partir de los intereses de los contendientes, lo cual dificulta la interpretación de la ciudadanía a la hora de orientarse sobre la veracidad de la información que circula.
Por otra parte, y acaso más desembozado en sus juicios y conscientes omisiones, la reciente disposición del gobierno de la Ciudad de presentar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para «proteger» la libertad de expresión, configura una muestra elocuente de la señalada distorsión. La iniciativa de Macri –imitada días más tarde por el gobernador cordobés de la Sota– carece de sustento jurídico ya que viola leyes nacionales y competencias federales. Sin embargo, concitó apoyos amplios y variados del arco político-mediático opositor, algo que indudablemente se vincula con la manifiesta intención de esmerilar al Gobierno nacional. Intención exacerbada por el clima preelectoral y teniendo en cuenta la pelea de fondo que subsiste en esta problemática: la aplicación total de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en el Parlamento y paralizada en dos de sus artículos más importantes por las trabas judiciales presentadas por el Grupo Clarín. Esta cuestión está muy cerca de ser resuelta, en un sentido u otro, ante la inminencia del pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, los mismos dirigentes opositores que salieron a plantear con firmeza y argumentos de lo más diversos la inconstitucionalidad de la Reforma Judicial impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso Nacional, no repararon en la posible transgresión al orden jurídico del DNU de Macri, lo que deja en claro de qué manera se analiza la realidad según el prisma que sirva a los propios intereses.
—Pablo Provitilo
