7 de noviembre de 2025
El triunfo electoral de La Libertad Avanza en los comicios de medio término y la nueva conformación que tendrá el Congreso a partir del 10 de diciembre impactan en el Poder Judicial.
Alto tribunal. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti: fallos que favorecieron a Milei, Caputo, Sturzenegger y Macri.
Un ejemplo del efecto que provocó el resultado electoral en el tercer poder del Estado se vio el 28 de octubre pasado, apenas dos días después de la victoria del oficialismo en las legislativas, cuando la Corte Suprema rubricó una serie de fallos que favorecieron al presidente Javier Milei (rechazo a una denuncia en su contra), a ministros de su Gabinete como Federico Sturzenegger y Luis Caputo y a su aliado circunstancial Mauricio Macri (dejó firme su sobreseimiento en la causa del espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan). A la vez, el Alto Tribunal emitió otros pronunciamientos que afectaron a dirigentes opositores como habilitar el comienzo del juicio por la causa «Cuadernos» al rechazar diversos recursos de la expresidenta Cristina Fernández y confirmar dos condenas contra Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio de la gestión kirchnerista, a quien le dejó firme una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El mensaje de la Corte para los tribunales inferiores de cara a la nueva etapa política que se abre fue claro.
En Comodoro Py no demoraron en reaccionar. Al día siguiente de los fallos supremos, en la causa en que se investiga la criptoestafa $Libra, el juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó dos requerimientos que podían comprometer al jefe de Estado y a su hermana Karina: por un lado, el magistrado no hizo lugar al pedido de detención e indagatoria del trader Mauricio Novelli y de su socio Manuel Terrones Godoy, ambos acusados de actuar como intermediarios en la maniobra investigada y muy cercanos a los hermanos Milei; por otro, no aceptó darle acceso al expediente a la comisión parlamentaria que investiga el escándalo cripto y avanza más rápido que la Justicia en algunos aspectos del caso. Esto provocó que la comisión presentara una denuncia contra el juez y el fiscal del caso, Eduardo Taiano, quien también dictaminó por el rechazo. La acusación es «por falta de colaboración entre poderes y mal desempeño».
Procesos oportunos
En la misma sintonía, el 6 de noviembre comenzó en los tribunales federales de Retiro el juicio del caso «Cuadernos», donde se investiga la supuesta corrupción en la obra pública. Entre los 126 imputados que tiene el proceso (y sus causas conexas) se destaca Cristina Fernández, quien cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. Minutos antes de la primera audiencia del debate, la exmandataria tuiteó: «Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención. Porque este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político». Señaló que el juicio «arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste». Se espera que el juicio se extienda al menos dos años.
Cuadernos. Se inició una causa que podría demorar dos años en finalizar.
Foto: CJSN
En este contexto no debería sorprender que baje la intensidad con la que avanzaban dos causas que preocupan y mucho al Gobierno: el narcoescándalo que protagonizó el diputado libertario José Luis Espert (el 5 de noviembre fue extraditado a los Estados Unidos Federico «Fred» Machado, financista de Espert y acusado de narco); y el «Coimagate», que tiene en el centro de la escena a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), quien era íntimo amigo del presidente. El segundo caso involucra a Karina Milei ya que hay audios de Spagnuolo que describen un presunto sistema de coimas en la Andis. En una audiencia, el nuevo abogado de Spagnuolo, Marcelo D’Alessandro se remitió al recurso presentado originariamente por la defensa anterior y dijo que esos audios violan la intimidad. También señaló que su cliente le comentó que los audios son falsos y que desconoce el origen de los mismos, como así tampoco si fueron o no editados. Ambos casos, más tarde o más temprano, deberán arrojar novedades. El interrogante es cuándo y hasta dónde llegará la Justicia con su pesquisa.
¿Negociaciones por las vacantes?
Mientras esto sucede, en la Casa Rosada planean la estrategia legislativa para cubrir las dos vacantes que hay en la Corte Suprema y la del Procurador General de la Nación luego del 10 de diciembre, cuando cambie la relación de fuerzas en el Parlamento. Para esos nombramientos se requieren los votos de dos tercios de los senadores. Tras la elección del 26 de octubre el oficialismo quedó en condiciones de articular la mayoría simple (lo que se necesita para designar jueces de tribunales inferiores) y hasta la mayoría especial en la Cámara Alta con aliados y prescindiendo del bloque peronista.
Es decir: para nombrar magistrados y hasta ministros cortesanos puede prescindir de la principal fuerza opositora, que es la primera minoría en el Senado, algo que no podía hacer antes de los últimos comicios. Esto se debe a que el PJ redujo su bancada a 28 senadores sobre un total de 72. Y de esos 28, al menos 4 pueden ser considerados «dialoguistas» en Balcarce 50. Por su parte, La Libertad Avanza llegará a 20 senadores, la UCR tendrá 9, el Pro 6 y Provincias Unidas, 3. El cuerpo se completa con otros 6 senadores que representan a otras provincias como Corrientes, Misiones y Santa Cruz.
Con el nuevo esquema de alianzas que se le abre al oficialismo, el presidente Javier Milei podrá insistir en ocupar las dos vacantes en la Corte luego del fallido intento de nombrar a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla. E incluso designar al Procurador General, que es el jefe de los fiscales, un cargo vacante desde finales de 2017. Por supuesto que deberá dialogar y llegar a consensos. Pero ya no necesariamente con el peronismo. En este punto es donde el Gobierno deberá definir qué estrategia seguir: si articula los dos tercios con el PJ o con todo el resto del Senado, es decir, el Pro, la UCR y los restantes senadores de diferentes provincias. En el primer caso las conversaciones serían con el sector más opositor pero la negociación sería más sencilla porque el interlocutor es uno solo. En el segundo caso, la Casa Rosada debería realizar múltiples concesiones porque son más los actores políticos con los que debería acordar.
En los últimos días circuló la versión en tribunales y en los medios de comunicación de que para negociar las mentadas designaciones se concretó una reunión entre Sebastián Amerio, el Nº 2 del Ministerio de Justicia de la Nación –y quien está al frente del día a día en esa cartera–, y el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, uno de los alfiles judiciales de Cristina Fernández. Hasta se hicieron trascender candidatos para cada una de las partes. Desde el entorno de Amerio desmintieron ese encuentro a este cronista. Y reconocieron que contemplan las dos vías de negociación que se abrieron en el Senado por el resultado electoral, es decir, está abierta la posibilidad de excluir al PJ.
Es lógico que hasta dentro de un mes no haya definiciones. No solo falta que asuman los nuevos senadores sino que restan definiciones en torno a otros reacomodamientos no menores: si tras la derrota electoral el bloque peronista en la Cámara Alta se mantendrá unido o se partirá y si cambiará el ministro de Justicia del Gobierno, que es que el debería estar al mando de las negociaciones con los opositores y aliados. Previo a las elecciones había trascendido que Mariano Cúneo Libarona iba a dejar su cargo. Tras los comicios su partida se postergó, todo indica que hasta al menos el 10 de diciembre.
