20 de septiembre de 2023
En plena campaña, Casación Penal reabrió dos procesos ya cerrados contra Cristina Fernández. Se trata de camaristas que habían sido designados por Macri.
Foto: NA
A un mes de las elecciones presidenciales, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió reabrir dos causas de persecución contra Cristina Fernández de Kirchner: Memorándum de Entendimiento con Irán y Hotesur-Los Sauces. Ambas estaban cerradas y los acusados, sobreseídos. Con el fallo que se conoció este lunes, la vicepresidenta –que tras terminar su mandato no tendrá más fueros–, quedó a un paso de dos nuevos juicios orales.
Los camaristas que definieron modificar la situación de Fernández y otros imputados en estos procesos fueron Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. La decisión la tomaron pocos días después de que la Corte Suprema de Justicia desplazara de la Casación a la jueza Ana Figueroa por una cuestión de edad. Figueroa, que no se manifestaba según los intereses del macrismo, debía votar en estos dos casos. En Tribunales muchos interpretan que lo resuelto por los ministros supremos fue la bandera de largada para que se firmaran estos dos fallos en plena campaña electoral.
Entre los diversos debates que se abrirán ahora, se destaca el de si el fallo puede ser considerado nulo al contar con solo dos votos, cuando el tribunal se constituyó con tres integrantes al momento de la audiencia de informes. Es de esperar que alguna de las defensas recurra a la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué sostuvieron Petrone y Barroetaveña para reabrir las causas? En un voto coincidente, cuya base se repitió en los dos expedientes, sostuvieron que no había pruebas nuevas que habilitaran analizar el fondo de la acusación con carácter previo al juicio. Además, los camaristas designados por Mauricio Macri en Casación apartaron a los cinco jueces que votaron por los sobreseimientos (dos de un tribunal, tres de otro).
Con este marco, lo que sigue es esperar que la decisión de Casación quede firme, luego sortear nuevos jueces para completar los tribunales que deben seguir con los procesos y cumplir medidas de instrucción suplementarias que estén pendientes. Recién entonces se estará frente a la posibilidad avanzar con los debates orales. Todo indica que esto recién será el año próximo.
Memorándum con Irán
La causa del Memorándum con Irán se sustenta en una denuncia que realizó el fiscal Alberto Nisman, en enero de 2015. Fue tan pobre la acusación que fue rechazada en siete instancias judiciales. Nisman, a cargo de la UFI AMIA, sostuvo que Cristina, cuando era presidenta, coordinó ese entendimiento con los iraníes para garantizarles impunidad en el marco del atentado a la AMIA. Es decir, que ese acuerdo votado por el Congreso argentino –y que nunca entró en vigencia porque no se aprobó en Irán– habría sido una maniobra de encubrimiento.
La de este lunes fue la segunda reapertura de esta causa. La primera también había sido a manos de Casación, pero en aquella ocasión los firmantes fueron los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que por aquellos días se reunían con Macri.
El 7 de octubre de 2021, el TOF 8 integrado por José Michilini, López Iñiguez y Obligado determinó que no hubo delito y sobreseyó a todos los acusados por Claudio Bonadio. Ahora, Petrone y Barroetaveña revocaron esa decisión y volvieron a abrir la causa, dejando allanado el camino para que se realice el juicio.
Además de Fernández, la decisión alcanza a Oscar Parrilli (actual senador), Carlos Zannini (actual procurador del Tesoro), Juan Martín Mena (secretario de Justicia) y Andrés Larroque (ministro bonaerense y referente de La Cámpora), entre otros. Los camaristas apartaron de la causa a Michilini, Obligado y López Iñiguez por «prejuzgar».
Hotesur
En el caso Hotesur-Los Sauces la acusación contra Cristina Fernández fue por lavado de dinero proveniente de la obra pública a través del alquiler de sus hoteles por parte de empresarios «amigos». Entre los empresarios involucrados figuran Lázaro Báez y los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En términos jurídicos, por falta de pruebas, se repitió el esquema de acusación contra Fernández de otras causas: se la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita. Nada pudo probarse en contra de la vicepresidenta y el 26 de noviembre de 2021, antes de iniciar el juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 (TOF 5) sobreseyó a todos los acusados en un fallo dividido.
Ahora Petrone –íntimo amigo de Germán Garavano, quien fue ministro de Justicia de Mauricio Macri– y Barroetaveña –mencionado en el chat del viaje a Lago Escondido– revocaron lo resuelto por el TOF 5. La decisión alcanzó a todos los imputados, entre los que también se encuentra Máximo Kirchner. La única salvedad fue Florencia Kirchner, a quien se excluyó del proceso porque era menor de edad en el momento en que los acusadores dicen que ocurrieron los hechos (aunque se mantuvieron medidas cautelares en su contra, como los embargos).
Al igual que en la causa Memorándum, Petrone y Barroetaveña apartaron a los jueces Adrián Federico Grünberg y Daniel Horacio Obligado, quienes habían conformado el voto de mayoría que había cerrado la causa. Solo dejaron en el tribunal a quien votó en disidencia, Adriana Palliotti. La razón que esgrimieron fue «temor de parcialidad» y «prejuzgar».
Sin fueros
En diciembre del año pasado, tras ser condenada en la causa Vialidad a 6 años de prisión e inhabilitada de forma perpetua a ejercer cargos públicos, Cristina Fernández había advertido que tras el 10 diciembre próximo no iba a tener ningún cargo que le otorgara fueros.
Entonces habló de un Estado paralelo y una mafia judicial e interpeló a Héctor Magnetto, jerarca de Clarín: «El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de la Corte Suprema de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota de usted». Adelantándose a lo que podía venir, aclaró que no iba «a someter la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vez vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada».
La estrategia política de Fernández –que responderá a estos dos nuevos fallos el próximo sábado, cuando vuelva a hablar en público– abre un gran interrogante sobre lo que vendrá cuando no tenga más fueros. Por ejemplo, la Cámara de Casación aún debe expedirse sobre la condena de Fernández y otros imputados en la causa Vialidad. Luego deberá revisar esa condena la Corte. Si la deja firme, será de cumplimiento efectivo.
Además, el Tribunal Supremo también tiene para resolver si reabre el caso Dólar Futuro, uno de los primeros con los que se atacó a la expresidenta. Por ahora, el expediente está cerrado por inexistencia de delito, como lo estaban hasta este lunes Memorándum y Hotesur.
