2 de septiembre de 2025
Un juez frenó la difusión de audios de Karina Milei. Según diversos juristas, es un acto de censura previa. El Gobierno no responde a las denuncias de corrupción y persigue a quienes se hacen eco de ellas.
Hipótesis. La ministra de Seguridad deslizó que detrás de los audios hay «servicios de inteligencia nacionales paralelos» y «extranjeros».
Foto: NA
El Gobierno logró frenar la difusión de audios de Karina Milei. La censura, dispuesta por el juez Alejandro Patricio Maraniello, se hizo en nombre de «la seguridad nacional y el honor de la secretaria general de la Presidencia», quien viene siendo salpicada por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En paralelo, la dirección de La Libertad Avanza (LLA) presentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py en la que afirma que hay grupos paraestatales realizando una operación de inteligencia no institucional y pidió allanamientos en el medio y en los domicilios de los periodistas que vienen divulgando las grabaciones.
El viernes pasado, el periodista Mauro Federico difundió dos audios atribuidos a la hermana del presidente Javier Milei. En los recortes, se escuchaba a Karina Milei hablando de la necesidad de estar unidos mientras decía que ella estaba en la Casa Rosada desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche. Nada de lo que se oyó estaba vinculado a un delito. Sin embargo, el conductor advirtió que había más. Cincuenta minutos adicionales de grabaciones.
La difusión de las grabaciones de Karina Milei puso al Gobierno en alerta máxima. El viernes mismo hubo una reunión de urgencia en Balcarce 50. Más tarde, la secretaria general de la Presidencia hizo una presentación ante la Justicia civil y comercial federal para que se impidiera la divulgación de sus audios. El abogado que patrocinó el pedido de la hermana del presidente fue Santiago Viola, apoderado de LLA, recordado por haber motorizado una operación contra el juez federal Sebastián Casanello, a quien acusaba de haberse reunido con Cristina Fernández de Kirchner en Olivos mientras estaba al frente de la causa mediáticamente conocida como la «ruta del dinero K».
La respuesta de la Justicia civil y comercial llegó a las 13:33 del lunes. Maraniello concedió la cautelar que Karina Milei y Viola buscaban. El juez consideró que había elementos para pensar que los audios habían sido obtenidos de manera ilegal y clandestina, y que incluso podrían haber sido efectuados en la propia Casa de Gobierno. «La no admisión de la medida cautelar solicitada podría acarrear consecuencias más perjudiciales para la sociedad en su conjunto que la restricción temporal de la información», justificó su decisión el magistrado.
Según Maraniello, había que preservar la intimidad y el honor de Karina Milei, así como la «seguridad institucional» que pudiera verse comprometida al revelarse contenidos que, para él, revisten «carácter confidencial». Afirmó que podría tratarse de información sensible «para el funcionamiento del Estado».
Maraniello fue nombrado juez federal en 2017 por Mauricio Macri. Es presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. En el Consejo de la Magistratura enfrenta varias denuncias por acoso laboral y sexual. En ese organismo –encargado de la selección y remoción de jueces– advierten que hay que prestar atención a otros datos para explicar el fallo del magistrado: hace tiempo que Maraniello busca convertirse en camarista. Quedó entre los primeros candidatos para la Cámara en lo Contencioso Administrativo y la Cámara en lo Civil y Comercial. Es posible que Maraniello busque un envión por parte del Gobierno. La administración, sin embargo, ni siquiera intenta cubrir las vacantes que existen en el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
Tridente. El presidente Milei, su hermana Karina y Diego Spagnuolo, el hombre que abrió la caja de Pandora.
Foto: Matías Baglietto
Sin respaldo judicial
La decisión de Maraniello fue criticada por múltiples juristas. Desde la Corte Suprema dejaron trascender que la medida no contaría con el apoyo del máximo tribunal si la discusión trepa hasta la cima del Poder Judicial.
«El fallo es flojísimo», dijo un magistrado que suele entender en cuestiones vinculadas a la libertad de expresión. «Debió, al menos, pedir con resguardo de secreto que el demandante explique por qué eso afecta el honor, la privacidad o la seguridad pública. No dispuso traslado a los periodistas. Debería escucharlos», señaló.
Si bien Maraniello dice que es una restricción temporal, no se precisa por cuánto tiempo no se podrían difundir los audios de Karina Milei. Solo hay una mención genérica a que no se podrán divulgar los audios anunciados el viernes pasado. «Una cautelar sin plazo y sin sujeto pasivo que impone la censura previa a la función periodística afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión como un derecho colectivo y sostén fundamental del sistema democrático», explicó en la red X el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Ricardo Gil Lavedra, titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), se expresó en la misma línea ante la consulta de Acción. «La prohibición de censura previa tiene carácter absoluto. Esto, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores, y debe decirse que siempre los casos de corrupción tienen un elevadísimo interés público», resaltó el excamarista que juzgó a las tres primeras juntas militares de la última dictadura.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) denunció que se trataba de un nuevo ataque de la administración Milei. «Este tipo de acciones por parte del Gobierno son otra forma de impedir la labor del periodismo, y fueron históricamente rechazadas. Se inscriben en la represión sistemática a fotorreporteros y cronistas en el Congreso y a las patotas digitales contra comunicadores con un objetivo claro de disciplinamiento», afirmaron. Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó la cautelar de Maraniello y dijo que iba en contra de los estándares nacionales e internacionales en la materia.
Milei ha promovido a título personal denuncias contra periodistas. Entre los apuntados judicialmente se encuentran Carlos Pagni, Ari Lijalad, Julia Mengolini y Viviana Canosa, entre otros.
Venezuela y Rusia
Catorce minutos antes de que Maraniello firmara la cautelar que había pedido Karina Milei, el vocero Manuel Adorni anunció en X que el Gobierno había denunciado una operación ilegal de inteligencia detrás de la filtración de los audios de la secretaria general de la Presidencia. La presentación fue realizada por Fernando Soto, enlace de Patricia Bullrich con el Poder Judicial en los tribunales de Comodoro Py.
Según Soto, una de las «principales figuras del Gobierno nacional» está siendo atacada mediante una «burda operación de inteligencia no institucional». El funcionario del Ministerio de Seguridad sostiene que actúan grupos paraestatales que buscan derrocar a Milei y condicionar el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires. Detrás de la maniobra, la administración de LLA ve la mano de la «oposición kirchnerista» con aliados extranjeros que van desde Venezuela hasta Rusia.
Lo curioso es que, si hay grupos de inteligencia ilegal operando en el país, esto debería haber sido denunciado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Sin embargo, el organismo está bajo el control del asesor Santiago Caputo, enfrentado a Karina Milei y visto con desconfianza por un sector de la Casa Rosada.
En el escrito, el Gobierno apunta al streaming Carnaval, desde donde se divulgaron los audios del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo y de Karina Milei. Por eso pidieron que se allane el medio, así como los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. En la presentación también se hace foco en Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En redes, Toviggino negó ser dueño del canal mencionado.
El nombre que más perturba al Gobierno es el de Franco Bindi, a quien le atribuyen la filtración que derivó en una causa abierta en los tribunales de Comodoro Py por los presuntos sobornos en ANDIS. Bindi es abogado, además de pareja de la diputada Marcela Pagano, quien llegó a la Cámara Baja por la boleta de LLA. Sin embargo, se fue alejando del oficialismo desde que Karina Milei la vetó como presidenta de la Comisión de Juicio Político.
Bullrich funcionó como vocera del Gobierno con la denuncia. En una entrevista, dijo que ella consideraba que Rial y Federico «no son periodistas». La denuncia por espionaje quedó en manos del juez Julián Ercolini y del fiscal Carlos Stornelli –que llegó a ser procesado por participar en las operaciones orquestadas por el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio–.
En los tribunales federales atribuyen la denuncia del Gobierno a un intento por desacreditar la investigación que llevan adelante Casanello y el fiscal Franco Picardi –que, por el momento, está centrada en Spagnuolo, el exfuncionario Daniel Garbellini y la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina. Habrá que ver si un sector de Comodoro Py sale al rescate de los Milei.
