12 de diciembre de 2025

Gisela Marsala

La sanción del proyecto para extraer el cobre provincial reavivó conflictos históricos. Cuestionamientos científicos, tensiones políticas y una sociedad movilizada.

En Mendoza, una provincia construida sobre la cultura del agua y con una memoria colectiva de grandes movilizaciones socioambientales, avanza la minería a través del Proyecto San Jorge. Su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) obtuvo sanción definitiva en el Senado y ahora solo resta su promulgación oficial.

Alfredo Cornejo afirmó pocos días antes de las elecciones de octubre que le gustaría «ser recordado como el gobernador que volvió a hacer minería», por eso impulsa la iniciativa en varias direcciones, reconfigurando el escenario minero. Por un lado, fueron aprobadas 27 Declaraciones de Impacto Ambiental del Distrito Minero Occidental II de Malargüe, habilitando un procedimiento para avanzar en exploración sobre zonas de periglaciares, protegidas como reservas estratégicas de agua y donde la minería está prohibida.

Mientras la ministra de Energía y Ambiente insiste en que se trata de una simple «guía técnica», el presidente Milei celebró la decisión y anunció que buscará reformar la ley nacional para permitir la explotación en estos territorios, asegurando incluso que la iniciativa «es de Alfredo Cornejo». En una provincia donde el agua depende casi por completo del deshielo, se habilita un camino normativo para avanzar sobre los mismos ecosistemas que garantizan su existencia.

Por otro lado, se aprobó un nuevo régimen de regalías que fija el 3% máximo permitido por la Ley Nacional de Minería, pero permite reducciones en casos de «valor agregado local» o adhesión a «estándares ambientales». Y además se creó un Fondo de Compensación Ambiental para financiar intervenciones rápidas frente a daños colectivos. Prever una billetera especial para eventuales emergencias ambientales es toda una señal de alerta para los sectores más críticos.

Finalmente, el corazón que unificó a la corporación política y empresaria fue la DIA de PSJ Cobre Mendocino, que obtuvo 32 votos afirmativos en la Cámara de Diputados, provenientes del oficialismo y aliados, frente a 13 en contra del peronismo y otras fuerzas minoritarias. En la Cámara Baja no se mantuvo la estrategia opositora justicialista y logró la sanción definitiva con 29 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

Afuera del recinto, miles de activistas y ciudadanos se manifestaron en contra, con una caravana que recorrió más de 100 kilómetros, desde Uspallata hasta la Ciudad de Mendoza, con postas en cada pueblo que fueron agrandando la «Gesta Libertadora por el Agua», en la tierra de San Martín, emblema de la resistencia cordillerana a grandes proyectos megamineros.

Explosivos en la cordillera
Ubicado en Uspallata, Las Heras, en plena cordillera frontal, el proyecto pertenece a Zonda Metals GmbH (Suiza) y al Grupo Alberdi (Argentina). El yacimiento se explotará a cielo abierto, siendo el primero de cobre en Argentina que volará parte de la cordillera con explosivos para luego separar el metal de las rocas. El Ejecutivo mendocino asegura que será una operación «sin sustancias peligrosas», en cumplimiento estricto de la Ley 7.722, que prohíbe cianuro, ácido sulfúrico y mercurio.

Promete una inversión total de 559 millones de dólares y una vida útil de 16 años, siendo el primer proyecto en pedir ingresar al RIGI. Suponen 2.400 empleos directos e indirectos, una cifra celebrada por vecinos de Uspallata durante las audiencias públicas, aunque experiencias de otras provincias alimentan dudas respecto a cuánta mano de obra será local y cuántos puestos de trabajo podrán sostenerse una vez finalizada la etapa de construcción.

Impacto ambiental
El expediente asegura que no compromete cuencas de río, pero los dictámenes técnicos de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo y el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (Iadiza) del Conicet señalan debilidades estructurales en el Informe de Impacto Ambiental. Es decir, esta DIA fue aprobada por la Legislatura sin contar con evidencia hidrogeológica esencial, ya que «el balance hídrico presentado utiliza datos desactualizados (2008-2010) y no considera la variable del cambio climático en la actualidad y sus proyecciones futuras».

Conicet Mendoza advirtió en su web oficial que existen serios riesgos sobre aguas subterráneas y sobre el arroyo Uspallata, afectación de bienes arqueológicos (incluyendo registros tempranos de ocupación humana y sectores del Qhapaq Ñan) e impactos directos sobre comunidades originarias. Horas después de su publicación, el comunicado fue eliminado del sitio oficial. Las autoridades del organismo declararon que se trataba de un documento «no autorizado», mientras la Asamblea de Trabajadorxs de Conicet Mendoza denunció públicamente que la remoción fue un acto de censura: «Tal comunicación oficial fue dada de baja mientras que en la Legislatura provincial la Cámara de Diputados discutía el proyecto minero. El comunicado fue redactado a partir de un informe científico, riguroso, basado en evidencia empírica y elaborado por trabajadores de nuestra institución», afirmaron.

Fibras identitarias
«PSJ es una reedición maquillada de un megaproyecto que mantiene los riesgos de comprometer el agua. Somos un pueblo que sostiene el alma de Mendoza y que fue capaz de protagonizar la movilización más grande desde la vuelta a la democracia», expresó a Acción Eugenia Segura, miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.

Esa memoria vuelve una y otra vez. En 2011, la Legislatura rechazó el primer intento de San Jorge. El Gobierno de Paco Pérez quiso reactivarlo sin éxito en 2015; y en 2019 las masivas protestas contra la derogación de la Ley 7.722 obligaron a Rodolfo Suárez a dar marcha atrás en menos de una semana.

En Mendoza, la discusión minera no es solo técnica ni partidaria, toca fibras identitarias. Familias enteras coparon plazas y calles, llegaban con carteles pintados a mano en defensa del agua pura. Asociaciones gauchas, campesinos, montañeses, organizaciones sociales, ambientales y políticas sostuvieron vigilias, acampes y actividades artísticas. Algunos sindicatos céntricos abrieron sus puertas para ofrecer acceso a baños y agua fresca, mientras otros asesoraban con guardias legales ante posibles escenarios represivos y detenciones como parte del operativo de seguridad de Cornejo. Santa Cruz, San Juan, Catamarca y Jujuy concentran oro, plata, litio y parte del cobre del país, pero no destacan entre las provincias más ricas, mantienen altos índices de pobreza y escasa diversificación a pesar de ser faros mineros. Por eso queda abierta la pregunta por el modelo de desarrollo que Mendoza quiere construir para las próximas generaciones, en un territorio donde el agua es vida, identidad y futuro.

Compartir