Política | DESPROTECCIÓN AMBIENTAL

La naturaleza, en la mira

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Jorgelina Hiba

Desregulación y saqueo son las palabras que definen los objetivos de la política ambiental del Gobierno libertario que comenzó por atacar dos leyes fundamentales: la de bosques y la de glaciares. 

Mineras al acecho. Los glaciares son una de las mayores fuentes de agua dulce para las zonas áridas.

Foto: NA

Bosques, glaciares, pastizales, montañas, montes, mares y ríos. La propuesta del Gobierno libertario encabezado por Javier Milei para los ecosistemas que componen el paisaje natural de la Argentina, que a su vez es el sustento de buena parte de la economía nacional, está marcada por dos palabras: desregulación y saqueo. Ese camino de destrucción a la institucionalidad ambiental en Argentina, que comenzó a mostrarse ya durante la campaña electoral, empezó a tomar forma concreta en el discurso del presidente del pasado 20 de diciembre, luego en el mega Decreto de Necesidad y Urgencia y finalmente en el proyecto de Ley Ómnibus.
A la eliminación del Ministerio de Ambiente y su degradación al rango de Subsecretaría le siguieron otras decisiones que buscan destruir lo que, bien o mal, hasta ahora se supo conseguir: leyes para limitar la deforestación, las quemas intencionales, la compra de tierras por parte de extranjeros y el acceso a los glaciares de los Andes. «Primero el DNU y luego la Ley Ómnibus son un combo destructivo que arrasa con gran parte de la institucionalidad ambiental en la Argentina, sobre todo dos de ellas: la Ley de Bosques de 2008 y la Ley de Glaciares de 2010, que fueron el resultado de una larga lucha de los movimientos socioambientales en los territorios y que confrontaron contra los enormes lobbies minero y del agronegocio», puntualizó Enrique Viale, referente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA).
Para el experto, estos sectores encontraron en el nuevo presidente lo que venían buscando desde hacía tiempo: «Nada es más casta que la megaminería y el agronegocio, que saquean al sur global desde hace siglos. Milei les da todo», agregó Viale.

Tierras y árboles, afuera
Por su perfil agroexportador, Argentina es desde hace un siglo y medio una nación que vende al mundo buena parte de los granos, cereales y carnes que producen sus ricas tierras. Esto, sin embargo, tuvo un precio desde lo ambiental, ya que amplias zonas del país (la zona central primero, el gran norte en las últimas tres décadas) fueron deforestadas por la presión de la frontera agropecuaria.
Contra eso, y para preservar los ecosistemas naturales que aún existen, fueron sancionadas en 2008 la Ley de Bosques (que limita la deforestación) y en 2011 la Ley de Tierras (que limita la compra a capitales extranjeros). Ese andamiaje es el que cuestionan el DNU y la Ley Ómnibus, que habilitan la extranjerización de la tierra por parte de grandes capitales generando nuevos derechos adquiridos que luego son imposibles de retrotraer.
«La modificación a la Ley de Bosques suaviza los límites a la deforestación en todos los bosques del país. Hoy está prohibido desmontar en ciertas zonas y la propuesta del Gobierno va contra eso. Es una invitación al desastre en una Argentina ya desmontada, recordemos que en provincias como Córdoba solo quedan el 3% de los bosques nativos o la destrucción actual en el Gran Chaco. Desmontar genera daños irreversibles que en 4 años no se pueden regenerar, es lo que ya vimos con Bolsonaro en Brasil», apuntó el abogado ambientalista.

Bosques. El Gobierno quiere habilitar mayores áreas para la deforestación.

Foto: Shutterstock

Agua dulce en peligro
Otra normativa que costó décadas de lucha y que pende de un hilo es la relativa a la protección de los glaciares cordilleranos, la gran fuente de agua dulce de las zonas más áridas de la Argentina. «En esto Milei concede algo que desde hace años buscan las grandes corporaciones mineras globales como la Barrick Gold, que es eliminar la prohibición de realizar actividades productivas en los periglaciares, ambientes vitales para la salud de estos ecosistemas», detalló Viale, quien agregó que existen al menos 44 proyectos en el país que están esperando esta desregulación para avanzar sin freno «sobre estas verdaderas fábricas de agua».
«Le están abriendo la puerta a daños ambientales irreversibles en ambos casos, tanto para los bosques como para los glaciares, es hora de estar atentos y salir a exigir a los legisladores que no apoyen esta locura, porque nos vamos a arrepentir toda la vida», razonó el abogado.

Dame fuego
Los incendios intencionales, muy comunes en regiones donde el fuego no es un disturbio natural de autorregulación de los ecosistemas sino una herramienta de manejo para «limpiar» campos y luego usarlos para fines productivos, también van rumbo a ser liberados en el país. En ese sentido, Viale explicó que, si bien el presidente había dicho en su cadena nacional del pasado 20 de diciembre que planeaba modificar la Ley de Manejo del Fuego, no se mencionó ese tema en el DNU ni en el proyecto de ley.
En cambio, aparece mencionada la Ley de Quemas (de 2009) que establecía ciertos controles. La nueva propuesta busca modificar un artículo de esa ley que establecía que cada quema controlada debía ser previamente autorizada por una autoridad competente. A partir de ahora, se agrega una oración que dice que, si la autoridad no contesta en un plazo de 30 días, se sobreentiende la autorización. «Es un nuevo paradigma de autorización de la quema tácita, algo que en el marco de un Estado flaco y desfinanciado como quiere este Gobierno es una barbaridad. Los productores tendrán vía libre y legal para quemar, una locura», puntualizó el referente de la AAAA.
Además, la Ley Ómnibus autoriza la quema de pastizales «usando un eufemismo», que son ecosistemas muy valiosos y subestimados, en muchos casos humedales: «Ahora, con la excusa de que se pueden hacer cortafuegos, se habilita en la práctica a quemar, es algo gravísimo que quedó medio oculto».
Si bien aún faltan detalles y hay muchas partes del Estado sin funcionarios designados, tanto los ríos como los mares pasarían a estar «no regulados», bajo el mismo paradigma declamado para la economía o cualquier ámbito público en general. Un ejemplo de eso es la llamada Hidrovía, que es en realidad la sección navegable del río Paraná. «Todo lo que pase allí también se liberaliza porque los ríos no son considerados como naturaleza viva, sino como un mero lugar de transporte para el comercio internacional que queda a merced de las grandes corporaciones, hablamos del mismo formato que el resto de la naturaleza», dijo Viale.
Se trata, en definitiva, de llevar la desregulación de la vida económica y social a niveles «impensados», según el especialista. «Es gravísimo lo que se propone, es una declaración de guerra al movimiento socioambiental y si se avanza en esta desregulación las consecuencias serán irreversibles, ya vimos lo que pasó en Brasil con Bolsonaro. Es una corriente de ultraderecha que tiene en la desregulación ambiental un elemento clave, por eso niegan el cambio climático como lo hace Milei, para dejar a merced de las corporaciones los territorios. Esa es la casta a la que favorece el DNU y la Ley Ómnibus».
Desde el análisis constitucional, lo que se propone «es un escándalo». «Esto va a reprimarizar aún más a la Argentina, que ya es exportador de naturaleza. Esto mantiene a la Argentina en esa desigualdad –dice Viale– que será aún peor por la sobreexplotación de la naturaleza por parte de las empresas transnacionales que nos saquean».

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