27 de mayo de 2015
Mientras los partidos y frentes se alistan para las PASO nacionales del 9 de agosto, sectores del poder económico intentan influir en la grilla de postulantes y condicionar al próximo gobierno.
Plaza de Mayo. Cristina Fernández hizo un balance de su gestión y manifestó que «este proyecto debe continuar». (Dyn)
A medida que se acerca la fecha de definiciones para las alianzas políticas que participarán de las PASO nacionales –el 20 de junio cierra el plazo de presentación de listas– el clima de campaña se intensifica. Las distintas fuerzas pugnan por llegar en las mejores condiciones a la crucial elección que determinará el rumbo del país para los próximos años. El oficialismo, por caso, comenzó a jugar fuerte. La presidenta Cristina Fernández pidió a los suyos, y logró, que se ordenara la grilla de postulantes a sucederla. De ese modo solo quedaron dos aspirantes por el Frente para la Victoria (FPV) –el gobernador bonaerense Daniel Scioli y el ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo– quienes, salvo sorpresas de última hora, disputarán la candidatura máxima del FPV. Además, la mandataria protagonizó una seguidilla de actos públicos en la semana de las fiestas patrias del mes pasado que concluyeron el 25 de mayo cuando, ante una multitud, Cristina Fernández pidió respaldo popular porque «este proyecto debe continuar».
Círculo rojo
Quienes trabajan en la campaña, aunque no sean candidatos a nada, son los dueños de la Argentina, el poder económico, ansioso ante la posibilidad de un cambio de gobierno que redunde en nuevas condiciones favorables a sus negocios. Tanto en lo subterráneo como a la luz pública, el establishment empuja por erigir un candidato de fuste que unifique las fuerzas opositoras y las conduzca a la victoria. De ahí que no falten presiones para que los candidatos Mauricio Macri y Sergio Massa formen parte de una primaria común. Hasta el momento chocan con la negativa del jefe de Gobierno, quien se siente en condiciones de competir con sus propias fuerzas y rechaza la posibilidad de confluir con el tigrense. Los propios candidatos y dirigentes cercanos a ellos admiten las gestiones de poderosos hombres de negocios para incidir en el armado electoral. Macri, en diálogo con Joaquín Morales Solá para La Nación, reconoció las presiones de lo que él llama «el círculo rojo» para que haya un acuerdo entre toda la oposición. «Hay presión porque hay desesperación por un cambio, que es la misma desesperación que tiene la gente común. Creen que la sumatoria de numeritos en la encuesta genera un resultado, pero lo que va a generar el cambio es la convicción de los argentinos de que juntos podemos construir algo distinto».
Por su parte, el diputado José Ignacio de Mendiguren, dirigente de la Unión Industrial Argentina y miembro del Frente Renovador, afirmó que «es verdad que hay mucha gente del establishment que tiene un temor grande a un triunfo del Frente para la Victoria. Entonces, con tal de que eso no se dé, cualquier cosa sirve». También la esposa de Massa, Malena Galmarini, se quejó porque «los sectores del poder buscan que haya dos candidatos». Las tribulaciones del poder económico tampoco pasan desapercibidas para los analistas políticos. Morales Solá, quien le pone palabras a las posiciones del establishment, describió al mentado «círculo rojo» como un conjunto de «fuertes empresarios, algunos jueces, y ciertos intelectuales». El columnista de La Nación difundió la preocupación de dicho sector por una eventual victoria electoral del kirchnerismo y se preguntó: «¿El círculo rojo debe resignarse?». En su respuesta abrió una puerta a la esperanza: «La política nunca es estática. Massa cambió cuando descubrió que solo no podía. Macri es un político aunque muchos no lo reconozcan y es, también, un analista obsesivo de las encuestas. Volverá sobre sus pasos si descubriera un mínimo resquicio de la derrota propia o de la victoria cristinista».
En otro sentido, el periodista Washington Uranga describió el accionar de los lobbies empresarios. En una columna publicada en Página/12 sostuvo que «los representantes de los grupos de poder quieren, de todos modos, a Macri y a Massa bajo el mismo paraguas. Entienden que esa es la única alternativa para derrotar al Frente para la Victoria. Mandan mensajes, hablan directamente y presionan. ¿Cómo? Usando el poder del dinero, quitando los respaldos económicos para las campañas y amenazando con “bajar” a quien se resista. Suman, para este fin, el poder de los medios de comunicación que controlan o son aliados, pero que en ambos casos obran como poderoso brazo mediático de los mismos intereses. Mandan a sus columnistas estrella a escribirles el guión a los candidatos advirtiendo que la desobediencia los hará caer en desgracia».
Además de las acciones que realizan en las sombras, estos sectores se expresan también a la luz pública. Así, el denominado Foro de Convergencia Empresarial, agrupamiento que nuclea a las organizaciones patronales más poderosas del país, entre ellas, la Sociedad Rural Argentina, la Asociación Empresaria Argentina –liderada por Techint y el Grupo Clarín–, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina y la Cámara Argentina de la Construcción lanzó un documento titulado El rol del Estado y el buen gobierno republicano. Este grupo había organizado un debate en la sede de la Universidad Católica Argentina en noviembre pasado, del que participaron casi todos los dirigentes políticos de la oposición con sus presidenciables a la cabeza, y ahora, recogiendo aquellas discusiones, plantea una suerte de pliego de condiciones para quienes aspiran a conducir los destinos del país.
Libro de quejas
Reclaman, por ejemplo, que el Estado debe limitarse a «establecer reglas de juego claras y hacer cumplir las leyes, pero más allá de este marco, su injerencia en el ámbito propio de la actividad privada, interviniendo arbitrariamente en la toma de decisiones empresarias, lesiona gravemente la economía y obstaculiza el desarrollo económico y social». El diputado nacional y dirigente cooperativista Carlos Heller destacó que en el documento «no hay lugar para conceptos como distribución del ingreso y reparto de la riqueza, tampoco política industrial y mucho menos planificación estratégica, todos aspectos de los que el mercado se terminaría de encargar». En cambio, los foristas se quejan por los controles de precios, exigen el fin de normas «que permiten al Estado la intervención discrecional dentro del ámbito de las empresas privadas, tales como la Ley de Abastecimiento y el artículo 20 de la Ley de Mercado de Capitales» y abogan por la menor intervención estatal posible en actividades económicas. Neoliberalismo puro y duro, en suma. Y van más allá de lo económico, como para que quede claro que anhelan un modelo de país a la medida de sus negocios y no solo medidas puntuales que los beneficien. «La ciudadanía no debe permitir que los gobiernos –sean nacional, provinciales o municipales– se apropien del Estado», advierten y recomiendan la adopción de medidas que tiendan a «garantizar la independencia y autarquía económica del Poder Judicial, cuyo fortalecimiento y capacitación debe ser una política de Estado». En este punto, vale preguntarse cuál es la preocupación acerca de la Justicia para los hombres de negocios. Por caso, días atrás abogados querellantes y miembros de organismos de Derechos Humanos reclamaron a la Corte Suprema que intervenga en casos paradigmáticos, como las causas del empresario azucarero Carlos Pedro Blaquier, en Jujuy, y del director del diario La Nueva Provincia Vicente Massot, en Bahía Blanca, quienes obtuvieron fallos favorables en primera instancia. El jurista Beinusz Schmukler señaló al respecto que «cuando se toca el poder económico se nota un evidente compromiso con ese poder desde el judicial». ¿Será eso lo que inquieta al Foro de Convergencia Empresarial?
—Jorge Vilas
