1 de enero de 2024

Demián Verduga

En la calle y en el Congreso comenzó la puja por la implementación de las medidas de ajuste y reformas liberales que impulsa el Gobierno. Posicionamientos de las fuerzas parlamentarias. 

Desde 1983 no hay antecedentes de un presidente que haya pretendido acumular el poder que Javier Milei le pide al Congreso nacional a través del proyecto denominado Ley Ómnibus. Carlos Menem, en su momento, logró que el Parlamento le aprobara la Reforma del Estado antes de asumir. Lo hizo luego de acordar con el expresidente Raúl Alfonsín. El cacique radical consideraba vital para la democracia terminar su mandato y que por primera vez un presidente votado por el pueblo le trasladara la banda a otro que emanaba de la voluntad popular. Menem estuvo de acuerdo en no agitar las aguas. A cambio pidió que el radicalismo votara esas normas en el Congreso.
También es cierto que Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Alberto Fernández contaron con una Ley de Emergencia Económica. Es uno de los argumentos que esgrimen La Libertad Avanza y el macrismo para defender las intenciones del presidente. La excusa pierde fuerza si se analizan qué potestades daban esas normas. En síntesis, permitían modificar las tarifas de servicios públicos sin los procedimientos habituales, renegociar la deuda pública, definir aumentos jubilatorios por decreto y reasignar una porción más grande de partidas presupuestarias. A eso se sumaba la posibilidad de decretar aumentos salariales también en el sector privado y modificar la alícuota de algunos impuestos específicos, como Bienes Personales.

Manos libres
Milei no está pidiendo tener las manos libres para aplicar su plan macroeconómico. Lo que pretende es modificar buena parte de la estructura legal de la Argentina sentado en su escritorio con una lapicera. Quiere facultades legislativas en materia tributaria, penal, de defensa, de salud, educativa, política.
El mega proyecto de ley llegó una semana después del mega-DNU, que también modifica leyes que no pueden cambiarse por decreto, como Alquileres, Góndolas y Abastecimiento, entre otras. El decreto, además, declara servicio esencial a varias actividades como educación, transporte, telecomunicaciones, lo que restringe el derecho de huelga en esos ámbitos. Nada de eso ocurrió antes.
La megaley propone considerar la Obediencia Debida en casos de violencia policial, esto podría abrir la puerta a terminar con los juicios por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura si se aplicara el mismo principio. Asimismo, considera «manifestación» a una reunión de más de tres personas. Dice que para eso debe pedirse «permiso» al Ministerio de Seguridad, que además tendrá la potestad de cambiar día, hora y lugar de la manifestación pública.
La magnitud de ambas normas parece inabarcable. Sin embargo, en términos políticos, el centro de la discusión está en la delegación de facultades que ambas contienen y que transformarían a Milei en una suerte de dictador institucional. Por eso los posicionamientos respecto del DNU y la Ley tienden a converger.

Líneas divisorias
La posición del peronismo y aliados por ahora parece clara y unificada. El bloque de diputados de Unión por la Patria publicó comunicados rechazando ambas iniciativas. A esto se suma el alineamiento de todas las centrales sindicales y de la mayoría de los gobernadores del PJ y fuerzas provinciales aliadas. Por caso, la CGT, junto con las dos CTA y otros sectores, encabezaron una marcha hacia Tribunales y la central anunció un paro general con movilización para el 24 de enero.
En el PRO, en tanto, existen posiciones disímiles. No le está resultando fácil al diputado Cristian Ritondo unificar al conjunto del bloque en defensa del DNU ni de la megaley. De todos modos, las voces disidentes, por ahora, se manifiestan por lo bajo. Lo esperable es que los 37 diputados amarillos se plieguen casi en su totalidad a los 38 de la Libertad Avanza para respaldar las iniciativas del presidente.
En los últimos días hubo una novedad relevante: nació el bloque Hacemos Coalición Federal. Tiene más de una veintena de diputados. Confluyeron los peronistas que antes estaban en Juntos por el Cambio, como Miguel Pichetto y Emilio Monzó; la Coalición Cívica de Elisa Carrió; los cordobesistas y los socialistas de Santa Fe. Son varios los referentes de este espacio que cuestionaron tanto el DNU como la megaley. Y se trata de figuras con orígenes ideológicos tan distintos como Mónica Fein y Nicolás Massot.
En la que podría considerarse «nueva avenida del medio» también está el bloque de la UCR, que cuenta con 34 bancas en la Cámara Baja. Es decir que entre el radicalismo más el nuevo bloque suman 57 escaños que serán centrales en las disputas que vienen porque funcionarán como el fiel de la balanza.
El senador y presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, ya se pronunció en contra del DNU. Sostuvo que «no es la forma». Lousteau tuvo una posición matizada. Dijo que hay «muchas de las medidas» con las que está «de acuerdo», pero que no pueden tratarse todas juntas y sin pasar por el Congreso. La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada (UCR), en un gesto hacia el oficialismo, presentó un proyecto de ley en la Cámara Alta que replica el DNU. Fue una señal con la que intentó mostrarle al Gobierno que por ese camino podría conseguir mayor respaldo.
En el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel logró por segunda vez construir una mayoría que dejó en segundo plano a Unión por la Patria. Reunió en una misma voluntad a su partido, al PRO, la UCR, y varios bloques provinciales. Al igual que cuando se decidieron las autoridades de la Cámara, la alianza circunstancial fue para repartir la presidencia de las comisiones. La incógnita es si este acuerdo por reparto de poder también se traducirá en un apoyo a las iniciativas del presidente.

A todo o nada
A Milei, por ahora, nada parece hacerle mella. En una de sus apariciones públicas amenazó con llamar a una consulta popular si el Congreso rechaza sus iniciativas. En la Constitución Nacional, tan violentada por estos días, no existe la consulta popular vinculante, a diferencia de otros países de la región como Ecuador, Venezuela o Bolivia. Sin embargo, no se trata de un tema legal sino político. Si el presidente convoca a la consulta y gana, por ejemplo, con el mismo 55% que logró en el balotaje, la presión sobre el Congreso se volvería difícil de aguantar. Si en lugar de ganar, pierde, su gobernabilidad quedaría con una herida casi imposible de suturar. Sería una apuesta a todo o nada de las que parecen gustarle a Milei. Por ahora quedó la amenaza flotando en el aire, aunque con el actual Gobierno todo puede ocurrir.
El debate dentro de todas las fuerzas que se oponen al DNU y a la delegación de facultades de la megaley gira sobre los tiempos. Hay sectores, dentro de la UCR y el peronismo, que piensan que hay que dejar que el decreto, que ya entra en vigencia, comience a sentirse en la vida cotidiana de la población para que haya una demanda social para su revocación. Sostienen que si se lo rechaza de inmediato, Milei tendría la excusa para culpar a «la casta» por la situación y decir que no lo dejan gobernar. Y a lo mejor apelar a la consulta popular. Quienes señalan que debe ser rechazado lo antes posible remarcan que resulta fundamental que la sociedad vea que un sector de la política se opone de modo claro a estas medidas y que no especula. Ambas posiciones tienen una cuota de razonabilidad, un dilema que se irá aclarando en las próximas semanas. 

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