15 de marzo de 2023
¿Qué escenarios procesales y políticos se abren tras la difusión de los fundamentos de la condena a la vicepresidenta? Argumentos, apelaciones y el rol de la Corte.
Comodoro Py. Simpatizantes de Cristina Fernández manifiestan su apoyo tras conocerse el veredicto del tribunal.
Foto: NA
La difusión de los fundamentos de la sentencia de la causa Vialidad se transformó en un punto de quiebre del año electoral. «Acaban de proscribirme», afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de marzo pasado, apenas 24 horas después de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 diera a conocer los argumentos por los que la condenó a 6 años de prisión y la inhabilitó de forma perpetua a ejercer cargos públicos. Desde la Universidad Nacional de Río Negro, donde dio una conferencia magistral, la vicepresidenta se refirió al Poder Judicial como «partido judicial» y lo tildó de mafioso. En la víspera de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, añadió: «Hoy no estamos ante un Estado democrático constitucional». Tras conocerse los fundamentos del veredicto, se abrió el período para que las partes recurran la sentencia. El tribunal dispuso que en lugar de los habituales 10 días para presentar los recursos, el plazo se extienda a 30 días. Eso implica que el próximo capítulo de esta historia político-judicial comenzará a escribirse a fines de abril, en sintonía con los avances en el calendario electoral y el pedido de juicio político a la Corte.
La condena
El 10 de marzo, desde Río Negro, Cristina volvió a cuestionar a la Justicia. Criticó que no haya una división de poderes y que «el sector más importante de la oposición (esté) aliado con el Poder Judicial para hacer lo que sabemos que se está haciendo». La referencia no es azarosa. La causa por la que fue condenada se inició en 2016 por una denuncia del entonces director nacional de Vialidad, Javier Iguacel.
La mención al tercer poder del Estado tuvo como disparador que pocas horas antes de la ponencia de Cristina Fernández, la Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió un amparo presentado por el senador nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez y declaró la nulidad de la designación de su par oficialista, Martín Doñate, en el Consejo de la Magistratura. La vicepresidenta consideró que el momento en que se dio a conocer esta decisión, de importante alcance político, encerró un mensaje mafioso. Es que Doñate es uno de los referentes del kirchnerismo en Río Negro. «Más mafiosos no se consiguen», sostuvo la expresidenta, que aprovechó la ocasión para referirse a los chats de «Lago Escondido», donde quedó involucrado el juez Julián Ercolini, que fue quien instruyó la causa Vialidad. «Qué voy a hablar de mensajes mafiosos si aquí, en Río Negro, en Lago Escondido, todos los argentinos y todas las argentinas pudimos verificar los chats donde, por esas casualidades casuales, el juez que instruyó la causa en la cual ayer acaban de proscribirme fue uno de los que recomendaba cómo tenían que hacer facturas truchas», sostuvo Cristina. También dijo que «todos estos sectores y mafias que se regodean en el poder y en la impunidad del poder, en algún momento siempre colapsan».
Fundamentos
En la causa de Vialidad se investigaron irregularidades en 51 obras que le fueron adjudicadas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante el kirchnerismo. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. ¿De qué se acusó a Cristina? De ser la jefa de una asociación ilícita que asignó de forma irregular recursos para solventar esas obras. Finalmente, la condena de los jueces del TOCF 2 no dio crédito a la asociación ilícita e hizo foco en una presunta administración fraudulenta. Por eso a Cristina Fernández la condenaron a 6 años de prisión y no a 12 años como pedía la fiscalía. Lo que mantuvieron los jueces fue la inhabilitación perpetua para que Cristina ejerza cargos públicos. Las claves para condenar a la vicepresidenta fueron: un decreto ratificado por el Congreso (el Nº 54/2009), una causa donde CFK está sobreseída (Hotesur – Los Sauces) y el plan «Limpiar Todo» que la fiscalía planteó en los alegatos y hace referencia a los chats que intercambió el exsecretario de Obras Públicas, José López, con un secretario de la expresidenta. Un dato relevante es que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso descartaron muchos de los elementos acusatorios que esgrimieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Por ejemplo, los fiscales habían considerado como vehículos del delito diversos actos de Gobierno como las leyes del Presupuesto, DNU y resoluciones ministeriales. Todo ese andamiaje desapareció en la sentencia. Los jueces solo hicieron hincapié en el Decreto Nº 54/2009. Lo curioso es que por esa normativa Báez recibió un porcentaje muy bajo de dinero del total que se denuncia: 64 millones, sobre miles de millones de pesos.
La referencia a este decreto es clave: sin un instrumento a través del cual aparezca Cristina habilitando fondos para la obra pública vial en Santa Cruz no hay delito para achacarle. Por eso se espera que sea uno de los puntos nodales de la réplica que hará la defensa de la vicepresidenta cuando recurra la sentencia.
El rol de la Corte
¿Quiénes revisarán la sentencia del TOCF 2? Los jueces de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal: Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.
Hornos y Borinsky son los camaristas que visitaban a Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Ambos fueron denunciados por esos encuentros pero lograron un escandaloso sobreseimiento en Comodoro Py. También fueron acusados ante el Consejo de la Magistratura. Carbajo, por su parte, fue nombrado por Macri. Por esta razón, desde el kirchnerismo consideran que el juicio es «una farsa» y la proscripción es un hecho. A eso suman que lo resuelto por Casación será analizado por esta Corte Suprema. La Corte no tiene plazo para expedirse. Es decir, los supremos podrán administrar cuándo abordar el caso según su conveniencia política. Una vez que la Corte se expida, la condena quedará firme y será ejecutable. Con este telón de fondo, los cuatro ministros supremos, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti enfrentan un pedido de juicio político que se sustancia en el Congreso. En ese proceso el fiscal Carlos Stornelli fue citado como testigo por segunda vez este martes, y, al igual que en la anterior oportunidad, se negó a asistir. Por este motivo, los diputados del FdT anunciaron que pedirán su desafuero. Uno de los impulsores del juicio político es el propio Gobierno nacional. El pasado 1º de marzo, en la inauguración del año legislativo, el presidente Alberto Fernández resaltó las diversas causales por las que pidió que se avance contra los cuatro supremos.
Esta tensión con el Poder Judicial no es casual, menos en el año electoral. La Corte tiene diversas llaves en sus manos: la de los fondos de la coparticipación que la Nación se disputa con la Ciudad –por ahora, en una cautelar, los supremos favorecieron a Horacio Rodríguez Larreta–; la de la inhabilitación de Cristina; y la de enviar a Cristina Fernández a un nuevo juicio, el de Dólar Futuro. Ese expediente, que fue cerrado por la Casación, tuvo un dictamen del procurador interino, Eduardo Casal, para que se revoque la clausura y se reanude el proceso. Si la Corte coincide con Casal, Cristina afrontará un nuevo juicio.
En la Corte, también tienen presente que les llegará la revisión de las causas «Memorándum con Irán» y «Hotesur-Los Sauces», que ahora se están analizando en Casación. Por eso, lejos está de terminar el conflicto con el Poder Judicial.
