20 de diciembre de 2023

Jorgelina Hiba

A contrapelo de la preocupación mundial, el Gobierno degradó la cuestión ambiental a su mínima expresión. La agenda internacional contra el cambio climático y el lugar de Argentina.

No hubo sorpresas ni malentendidos. Tal como ya había dicho en campaña, el nuevo presidente de Argentina, el libertario Javier Milei, decidió eliminar el Ministerio de Ambiente de la Nación para avanzar en una degradación institucional en esa área sin precedentes, antesala de lo que muy probablemente será una política pública marcada por la desregulación a nivel nacional de actividades con fuerte impacto como la minería, y –en el mejor de los casos– la adaptación a lo que exijan los mercados globales en materia de exportaciones agroindustriales.
De un plumazo, la institucionalidad ambiental de la Argentina –con sus deficiencias y falta de recursos a cuestas– dejó de existir: duró 8 años el Ministerio de Ambiente, creado por Mauricio Macri al inicio de su mandato: Sergio Bergman primero y Juan Cabandié durante la gestión de Alberto Fernández fueron los dos cuadros elegidos para estar a la cabeza de esa cartera.
Milei, quien repitió más de una vez que no cree en el cambio climático, o al menos en la influencia del ser humano en ese fenómeno, decidió que Ambiente baje dos peldaños para quedar con rango de Subsecretaría, bajo una Secretaría que engloba también Turismo y Deporte y que quedó bajo la órbita del Ministerio del Interior que comanda Guillermo Francos. Para la FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) se trata de «un hecho inédito en nuestro país que significa un retroceso institucional de enormes proporciones y que va a contramano de las tendencias mundiales».
En el nuevo esquema, Yanina Martínez, que fue secretaria de Promoción Turística con el anterior Gobierno, está a cargo de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. Luego aparece otro nombre, el de Ana Lamas, a cargo de la Subsecretaría de Ambiente propiamente dicha. Lamas, de paso por la gestión porteña de la mano del PRO, es otro de los productos de los años 90 reciclados por Milei, ya que durante la primera gestión de Carlos Menem trabajó con María Julia Alsogaray.
Hay otro nombre a tener en cuenta en la nueva gestión ambiental y es el de Marcia Levaggi, diplomática de carrera y con experiencia en negociaciones climáticas. A último momento fue designada por el nuevo Gobierno para participar en la Cumbre del Clima que terminó hace pocos días en los Emiratos Árabes Unidos, adonde fue a decir que la Argentina no se retirará de los tratados internacionales en materia de lucha contra el cambio climático. 

Disminución de rango 
¿Cuáles serán las competencias de los organismos estatales en materia ambiental bajo esta nueva organización? Según explicitaron desde la FARN, van a ser «la disminución del rango institucional, sumado a la potencial dispersión de competencias, acotará notablemente las posibilidades de establecer diálogos y políticas que involucren a diversas áreas del Gobierno y la necesaria articulación federal».
Para Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales, estas decisiones muestran claramente que a nivel nacional la agenda ambiental «pierde peso específico» al caer de Ministerio a Subsecretaría: «Es una decisión que va a contrapelo del resto del mundo, hay países donde incluso existen Ministerios de Transición Económica, en Alemania existe un Ministerio de Economía y Clima. Esta decisión acá les baja la importancia y el poder a los representantes de la agenda ambiental ante el resto del propio Gobierno, a diferencia de lo que pasa en el mundo», explicó.
Que Ambiente dependa del Ministerio del Interior (con un ministro que descree de la agenda 2030) y de una Secretaría junto a Turismo y Deportes a cargo de una funcionaria sin trayectoria en materia ambiental podrían ser pésimas señales. «Esta nueva subsecretaria no tendrá recursos y perderá poder a la hora de negociar con otros ministerios», dijo Testa, para quien si bien todavía hay que ver cómo son las cosas en la práctica, «esta baja de categoría que otorga menos poder y menos recursos a Ambiente es una mala señal».

¿Qué hacía el Ministerio de Ambiente?
Desde la FARN subrayaron que, hasta ahora y durante sus 8 años de existencia, el Ministerio funcionó como un instrumento institucional necesario para que el Estado construya una agenda ambiental «dialogada y participativa», concentrando «competencias útiles para atender las necesidades del presente e incorporar una mirada a largo plazo que integre los aspectos ambientales a todas las decisiones que hacen al desarrollo».
Esto incluía, por ejemplo, el control y la aplicación de normas tales como la Ley de Protección de Bosques Nativos y de Glaciares; acciones de coordinación interministerial de la Ley de Cambio Climático y la atención de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de calentamiento global, como el Acuerdo de París y el Marco mundial Kumming-Montreal de Biodiversidad.
Además, esa instancia institucional era el marco para coordinar acciones entre las provincias, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); así como un espacio para seguir y reclamar más presupuesto para la cartera, anclado en un irrisorio y simbólico 0,5% del Presupuesto nacional.

Otra agenda
Además de la pérdida de influencia de Ambiente a nivel nacional, hay otro plano en el cual las decisiones del actual Gobierno quedan fuera de foco, que es el internacional, según explicó Eugenia Testa. «El nuevo Gobierno plantea que quiere pertenecer a Occidente, con Estados Unidos como faro, pero no parece conectar con la agenda de esos países, que tienen al cambio climático como tema central. En el comunicado de la Casa Blanca sobre la agenda bilateral con el nuevo Gobierno uno de los tres ítems era el cambio climático. Dicen que quieren ingresar a la OCDE, pero para pertenecer a ese grupo de naciones hay que cumplir estándares ambientales», explicó la experta, quien detalló que esto incluye exigencias en gestión de residuos químicos, energías renovables o impuestos ambientales «frente a un Gobierno que habla de quita de impuestos y desregulación».
Testa recordó, además, que la Unión Europea tiene una política comercial cada vez más restrictiva en temas ambientales. «La agenda ambiental está entre las prioridades de los políticos europeos. Creo que tendrá que haber una reflexión de la visión del mundo del Gobierno porque si soslayan lo ambiental, esto va a impactar en lo doméstico, pero también en lo internacional».

Desregulación, allá vamos
El Gobierno entrante parece recién estar empezando a decidir qué quiere hacer en cada uno de los ámbitos de intervención de lo público. «Seguimos con atención lo que pueda salir en materia de recortes a las provincias, así como en desregulación. Esa es una pata muy importante que desde el Gobierno están promoviendo para agilizar la economía, y teniendo en cuenta los discursos de campaña pueden llegar a avanzar en esa línea en materia de normativas ambientales». En ese punto, para Testa, el foco de Milei está puesto en la Ley de Glaciares, que establece algunas protecciones que la industria minera no ve con buenos ojos. «La minería es un sector con presión; pero hay que entender que lo que genera la desregulación en materia ambiental genera más incertidumbre y por lo tanto menos seguridad jurídica. Sería un enorme retroceso ambiental y tendríamos una mayor conflictividad social sin normativas claras», dijo.
En definitiva: una débil institucionalidad ambiental, como la que se está forjando, «puede impactar a todo nivel», sobre todo en provincias con entramados civiles débiles.

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