1 de enero de 2025
Una nueva restitución de identidad lograda a través de la lucha de los organismos de derechos humanos y la esforzada tarea de ámbitos estatales, hoy bajo presión de la motosierra de Milei.
Casa por la Identidad. Estela de Carlotto encabezó el anuncio de la nueva restitución. Una lucha que no cesa.
Foto: NA
«Soy la Gorda María y estoy embarazada». Esas fueron las últimas palabras de las que se tengan registro de Marta Pourtalé. Las escuchó el sobreviviente Miguel Lauletta en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en diciembre de 1976. Por casi cinco décadas, nada se supo de ella, de su pareja –Juan Carlos Villamayor– o de su bebé. El jueves, el juez federal Daniel Rafecas citó a un hombre que estaba por cumplir 48 años para decirle que era esa criatura nacida en cautiverio. Un día después, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaban que habían encontrado al nieto 138. Una vez más la vida volvía a abrirse espacio en un contexto de negación de los crímenes cometidos por la última dictadura y de destrucción de las políticas de derechos humanos que permiten la búsqueda de las niñas y de los niños robados durante el terrorismo de Estado y el juicio y castigo a sus responsables.
Rafecas también está nervioso. Lleva 20 años como juez. Todos los días camina por el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py hasta que llega a su oficina, ubicada sobre el ala derecha del edificio. Desde que se hizo cargo del juzgado se ocupó de la causa más voluminosa sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país, la del Primer Cuerpo de Ejército. Pero nunca en estas dos décadas intervino en una restitución de identidad. Hasta el jueves.
–Se rompió el maleficio– decían en su juzgado.
El juez le comunicó al muchacho que tenía frente a sí que era hijo de Marta Pourtale y de Juan Carlos Villamayor, y que todo indicaba que habría nacido en la ESMA. En la sala estaba otro hijo de desaparecidos, Manuel Gonçalves Granada, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Del muchacho poco se sabe: que es abogado, que es de la Ciudad de Buenos Aires y que no fue apropiado por alguien de las fuerzas. También que este 29 de diciembre iba a estar celebrando su cumpleaños 48.
Unas horas después, Manuel Gonçalves toma su teléfono y le escribe a Diego Villamayor. Él también es abogado y vive desde hace 22 años en España. Actualmente reside en Murcia con su esposa y sus dos hijos, Ulises y Diana. Diego tuvo un jueves difícil. Solo quiere descansar. Le pide aplazar la conversación hasta el día siguiente. Pero Manuel insiste. «Sería conveniente que habláramos ahora», le dice.
–Vale, te llamo– responde Diego.
No hay muchos rodeos. Manuel no tarda ni un minuto en decirle que encontraron a su hermano. Diego es mayor. Tenía cuatro años cuando su mamá fue secuestrada. Para entonces, él estaba viviendo en la casa de sus abuelos maternos en Azul porque antes había sido víctima de un operativo represivo. Por suerte, su mamá le había puesto una chapita con los datos de su abuela y la policía llamó para que lo fueran a buscar.
Lo primero que Diego pregunta es si tiene sobrinos. Manuel le responde que no. Diego no puede contener la emoción. A las 21:56 escribe en su red social X: «Jueguenle al 138 vespertina provincia». El tuit pasa. Muchos lo resignifican al otro día, cuando otro tuit –esta vez de Abuelas de Plaza de Mayo– anuncia que han encontrado al nieto 138.
En la conferencia de prensa, Estela de Carlotto comparte la alegría del encuentro y pide que el Gobierno respete las políticas de derechos humanos. Diez días antes, en ese mismo auditorio de la Casa por la Identidad, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo había denunciado que el Gobierno de Javier Milei está avanzando contra las herramientas que contribuyen a la búsqueda de los bebés robados durante los años del terrorismo de Estado.
Abrazo. Organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas participaron de la manifestación en defensa del Espacio Memoria y Derechos Humanos en la exEsma.
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Contexto hostil
La administración de La Libertad Avanza (LLA) afectó la búsqueda de los nietos con tres estrategias. Por un lado, restringió el acceso a los archivos. Tanto el Ministerio de Defensa como el de Seguridad se negaron a proporcionar información a la Conadi. Luis Petri, además, desmanteló los equipos que analizaban la documentación en poder de las Fuerzas Armadas para aportar a las investigaciones por delitos de lesa humanidad.
En segundo lugar, Milei derogó el decreto 715/2004 que había firmado Néstor Kirchner, que creaba una unidad especial de investigación (UEI) dentro de la Conadi. Esta unidad hacía investigaciones pre-judiciales. En estos 20 años la UEI resolvió 2.468 casos. El argumento del Gobierno para desmantelarla fue que el Poder Ejecutivo no puede conducir pesquisas, lo que, a entender de la administración libertaria, sería una potestad del Poder Judicial o del Ministerio Público. En tal caso, la SIDE no podría hacer precausas o la Oficina Anticorrupción (OA) analizar las declaraciones juradas de funcionarios.
En tercer lugar, el Gobierno puso en una situación de ahogo al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que tiene las muestras de las familias que buscan niños robados durante la dictadura y hace los testeos. De acuerdo con Abuelas, entre 2023 y 2025 el presupuesto para esta institución habrá caído más de un 50%.
«En este contexto, la restitución de la identidad de un nuevo nieto es la demostración del compromiso de muchos trabajadores y trabajadoras de la Conadi, del BNDG, de la Secretaría de Derechos Humanos en su conjunto. Todos aportan a una búsqueda que es muy compleja, y que es demandada por otros países que quieren entender y saber cómo lo hacemos», dice Gonçalves. «Es un gran esfuerzo que, de vez en cuando, te da una alegría, pero es un compromiso que lleva mucha cabeza. Trabajamos sobre algo que nadie nos contó. Trabajamos sobre investigar lo que la dictadura hizo de forma clandestina, sobre lo que callan hoy los genocidas», completa el hombre que restituyó su identidad en 1997 gracias a los esfuerzos de Abuelas y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
El Gobierno avanza con el desmantelamiento de las políticas de derechos humanos en general. La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) tiene poco menos de 800 trabajadores. Si se cumplen con los despidos o retiros que se anunciaron para los próximos días, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estima que cerca de 600 empleados podrían verse afectados, ya sea por haber sido echados o por la reducción de sus salarios.
«El Gobierno nacional ha defendido la decisión de vaciar las políticas públicas de derechos humanos a través de dos mecanismos: el cierre de programas y los despidos masivos de trabajadores», dice Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. «Durante este año tuvimos que hacernos cargo de lo que el Estado nacional fue abandonando: desde querellas en los juicios de lesa humanidad hasta la creación de una unidad de búsqueda de niños apropiados durante el terrorismo de Estado. También estamos trabajando en la puesta en valor de sitios de memoria», ejemplifica.
El desguace como objetivo
Los espacios de memoria –que funcionan donde antes estuvieron los centros clandestinos de detención, tortura y muerte– son ejemplos claros de la política de desguace. Algunos de ellos pueden quedarse sin personal. Otros están perdiendo a los responsables de mantenimiento, educación, investigación y articulación comunitaria. Para visibilizar esta situación, el viernes 27 de diciembre –horas después del anuncio del encuentro del nieto 138– se hizo un abrazo al Espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona en lo que fue el campo de concentración de la ESMA. Al día siguiente, vecinos, trabajadores y militantes se congregaron en el exOlimpo en el barrio de Floresta para defender la construcción que desde allí se ha hecho en las últimas dos décadas.
Victoria Montenegro es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y fue una de las impulsoras del abrazo a la exESMA. Ella también restituyó su identidad en 2000 gracias a la búsqueda de las Abuelas. «Desde el primer día de la gestión se llevaron adelante todas las medidas posibles para frenar la política de memoria, verdad y justicia: desde la visita por parte de funcionarios del Ministerio de Defensa a los genocidas de Campo de Mayo, el intento de poder llevar adelante alguna política de indulto hasta la visita de los legisladores de LLA a los represores en Ezeiza. Sin olvidarnos del fallo de la Cámara Federal en el caso de Coordinación Federal, que intenta volver a juzgar a los militantes de los años 70 mientras el Gobierno intenta instalar la idea de que falta una memoria completa», recuerda Montenegro.
«A pesar de todo el ataque sostenido por este Gobierno, las Abuelas encontraron al nieto 138. Entonces esta idea de que la memoria es parte del pasado o que los derechos humanos son un curro se derrumba. Cuando aparece un nieto, el negacionismo o la reivindicación de la dictadura cívico-militar se cae porque las Abuelas demuestran que tienen la capacidad de hacer nacer a la vida a un hombre de 48 años y de mostrarnos a todos nosotros que ninguna lucha es imposible. Lo único importante es nunca abandonarla», insiste la legisladora.
