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La tierra ajena

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Maria Soledad Iparraguirre

El Gobierno acrecentó la venta de territorio nacional a capitales foráneos. El caso de la hidroeléctrica de Lago Escondido, la última cesión de Milei al magnate británico Joe Lewis.  

Resistencia. La Marcha Federal por la Soberanía Nacional que se realizó en Lago Escondido busca visibilizar los abusos del magnate y la connivencia judicial.

Foto: NA

A pesar de contar con un prontuario tan extenso como el lago que lleva su nombre, la firma Hidden Lake (Lago Escondido, en español) fue beneficiada con la adquisición de la represa hidroeléctrica ubicada en las conflictivas tierras de acceso al espejo de agua. El acta de adjudicación, celebrada poco antes de las elecciones generales que se realizarán en octubre próximo, establece las condiciones de operación y explotación. Una vez más y bajo circunstancias que rayan la ilegalidad, el Estado nacional adjudica tierras y recursos a una firma extranjera, cuestionada por la Justicia y los organismos de control, en este caso, a la represa situada en la localidad de El Foyel, en la ruta 40, provincia de Río Negro. 

En febrero de 2023, la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que viene investigando el accionar de Hidden Lake S.A. desde hace años, volvió a pedir la intervención judicial de la empresa, ante la serie de anomalías que la firma sigue sin responder, como el supuesto destino de actividad agropecuaria del que no hay constancias, actas ni balances. La resolución 324/2025  publicada en el Boletín Oficial en julio pasado y firmada por la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti, autorizó el cambio de titularidad de la represa dándole un viso de «legalidad».


Con M de Menem, Macri, Milei   
Las continuidades en la política de entrega implementada durante el menemismo –retomadas con la gestión macrista– no se ciñen a lo discursivo. En 1996, el billonario británico recibió un trato preferencial de parte del menemato que le permitió adueñarse de 11.000 hectáreas que rodean el gran lago. La compra de esa superficie, equivalente a más de la mitad de  la Ciudad de Buenos Aires y a pocos kilómetros de la frontera con Chile, fue claramente irregular: la misma incumple la Ley 15.385 que, con el objetivo de reforzar la defensa nacional, establece «zonas de seguridad». Allí, en una franja de 150 kilómetros, y según lo establece dicha normativa en sus artículos 4 y 5, las tierras pueden ser adquiridas o alquiladas por «argentinos nativos autorizados por una comisión especial del Estado». Creada con la excusa de abastecer de suministro energético a la estancia que le da cobijo, la Central Hidroeléctrica Río Escondido se inauguró el mismo año. En 2017, el Gobierno de Macri autorizó a la planta a transformarse en Agente Generador del Mercado Eléctrico Mayorista.

La aprobación del programa de energías alternativas RenovAr, que dispuso tarifas fijas en dólares le allanó el camino y la hidroeléctrica hoy le vende energía al sistema nacional a precios muy superiores al promedio. Joe Lewis, una de las mayores fortunas del mundo, que se calcula en 5.300 millones de dólares, se ubica entre los inversores más poderosos con acciones en un conglomerado de más de 200 compañías en 15 países. Compró  en la época dorada de Menem, se enriqueció y consolidó durante el macrismo y le vende energía al Estado nacional bajo gestión mileísta. Poco importa que Lewis se haya apropiado unilateralmente del terreno, alambrando y cerrando toda posibilidad común de acceso al lago (derecho establecido por ley). Pareciera que al acaudalado empresario le sientan bien los negocios con ciertos sectores del poder local.  


Mantener viva la soberanía  
La derogación de la Ley de Tierras fue una de las primeras medidas tomadas por el líder de La Libertad Avanza en cuanto asumió la presidencia. Promulgada en el año 2011 a instancias de la expresidenta Cristina Fernández, la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales establecía un límite del 15% a la posibilidad de que capitales foráneos se adueñaran no solo de las tierras sino de sus recursos, entre otros, los cursos de agua dulce requeridos para la explotación de litio, ya fuera en el ámbito municipal, provincial o nacional.    

Libertad condicional. Un tribunal de Nueva York acusó a Joe Lewis por el delito de tráfico de información privilegiada. Pagó una multa de cinco millones de dólares.

Foto: NA

Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ratificó –a mediados del año pasado– una medida cautelar que amortigua el decreto de necesidad y urgencia y, por extensión, la avanzada mileísta.  

Los camaristas Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin determinaron los fundamentos de la ley y basaron su fallo en criterios ya aplicados por el máximo tribunal de justicia cuando invalidó algunos DNU, como aquel por el que el Ejecutivo intenta «imponer una norma excepcional en circunstancias que no lo son» o habilita a «elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto».  El fallo de los camaristas responde a una presentación del Centro de Ex Combatientes de Malvinas La Plata (Cecim) que planteó un amparo colectivo que le pusiera «freno a la entrega de soberanía».   

Jerónimo Guerrero Iraola, letrado del Cecim, destacó que la entidad logró «poner un límite a la entrega de nuestra patria en un contexto de desguace de regulaciones, destrucción de capacidades estatales, apertura indiscriminada de mercados y abandono de políticas de defensa territorial». Mientras la Justicia no se expida y los puntos del DNU sigan en stand by, la ley vigente prohíbe, además, la concentración extranjera de más de 1.000 hectáreas de terreno productivo en las zonas núcleo de la provincia de Buenos Aires, y el sur de Santa Fe y Córdoba, centros por excelencia del agronegocio.     

La Suprema Corte tiene hoy en sus manos (junto a otros planteos contra el mega DNU que se le fueron sumando) la responsabilidad de decidir si habilita la extranjerización de la tierra o concibe que en ese reparto se juega la soberanía del conjunto de la sociedad. En términos gauchescos, parafraseando el estribillo de la canción ícono de nuestro folclore, si las vaquitas serán o no, ajenas. 

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