26 de agosto de 2024
Juristas internacionales disertaron en el CCC sobre la judicialización de la política en distintos países. La influencia mediática y las estrategias hegemónicas.
Sala Pugliese. Un nutrido público participó de las tres horas que duró el encuentro.
Foto: Jorge Aloy
El 20 de agosto, en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (CCC), un público numeroso participó de las reflexiones y exposición de ideas emitidas por juristas internacionales acerca del lawfare o judicialización de la política.
La actividad fue Organizada por el Observatorio Lawfare; el CCC; la Universidad Nacional de La Plata; la Universidad Nacional de Rosario; la Universidad de Externado (Colombia); el Clajud (Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia); y la AAJ (Asociación Americana de Juristas).
El encuentro se desarrolló a lo largo de tres horas y constó de dos mesas, la primera referida a esta práctica judicial vinculada con los liderazgos, y la segunda, referida a la militancia.
Con participaciones presenciales y vía streaming, la primera mesa, «Lawfare y liderazgos», moderada por Silvina Romano, integrante del CCC y del Observatorio Lawfare, comenzó con la ponencia de la exprocuradora General de la Nación, Alejandra Gils Garbó, quien se centró fundamentalmente en la Resolución 710/2024, por la cual se creó la Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la Seguridad en la órbita de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Informáticos del Ministerio de Seguridad.
Al respecto, cuestionó: «Se pueden analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar grupos delictivos y prevenir disturbios. ¿A alguien se le puede ocurrir que esto no va a ser utilizado para la persecución política, ideológica?», y manifestó su preocupación respecto a que dicha resolución no haya merecido la atención mediática que la urgencia requiere.
La exministra de la Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien fue abogada de la dirigente social Milagro Sala, se refirió a la situación político-jurídica que se instaló en Jujuy a partir de diciembre de 2015 cuando asumió la gobernación Gerardo Morales. El funcionario radical instaló lo que ella denomina «un laboratorio de gobernabilidad a partir de un disciplinamiento político» con el objetivo final de destruir la organización popular, al punto que «no queden vestigios de ella».
A continuación, vía streaming, tomó la palabra Carol Proner, jurista y especialista en el caso «Lava Jato», de Brasil. «Con el tiempo sabemos que la desestabilización política no fue contra un líder sino contra un modelo de Estado y economía», subrayó, y aclaró más adelante: «Lo que está en juego es una estrategia jurídica, entre otros objetivos, de hacer prevalecer la confusión, la desunión entre países y fuerzas políticas». Proner señaló que es una combinación de estrategias hegemónicas de extraterritorialidad técnica del imperio jurídico-financiero.
Para el expresidente de Perú, Pedro Castillo, enunció Guido Croxatto, «el lawfare no es una causa, es más bien un corolario, es el caso extremo de un poder que ya no está funcionando. El poder judicial». Y explicó en extenso la persecución a la que fue sometido Castillo, para concluir que «si uno habla con Castillo, en dos minutos te das cuenta de que se trata de una persecución. Es racismo. Hicieron cualquier cosa para bajarlo porque es un indio».
Una sala llena siguió con atención cada una de las exposiciones. También la del abogado de Julian Assange, Aitor Martínez, quien realizó un profundo recorrido en torno al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. «Debemos reflexionar en torno a una reforma sobre los derechos internacionales de los derechos humanos que protejan al individuo de la injerencia de los jueces, cuando es agredido por el propio poder judicial», subrayó.
El cierre de la mesa estuvo a cargo del exintegrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni. «En Argentina dudo que tengamos un poder judicial, aquí lo que tenemos es una estructura institucional de un supuesto poder judicial que es absolutamente demencial y no tiene parangón en ningún lado», expresó. Luego se refirió a la Ficha Limpia, un instrumento que ya se aplica en Brasil y que legitimaría el lawfare inhabilitando a cualquier «ciudadano para ser candidato o electo si está procesado, si tiene una sentencia de primera instancia o si tiene una sentencia de segunda instancia no firme», una propuesta que ya está en el Congreso.
Anular ideas
La segunda mesa, «Lawfare y militancia», fue coordinada por Marcelo Maisonnave, también integrante del Observatorio Lawfare y comenzó con la intervención de Camila Palacin, abogada de Argentina Humana, quien reivindicó el hecho de pensar el lawfare también en la militancia.
Juristas. Zaffaroni, Croxatto, Romano, Gils Carbó y Gómez Alcorta expusieron sus opiniones.
Foto: Jorge Aloy
«Cuando hay casos de lawfare hacia funcionarios o dirigentes suele ponerse en agenda. Hoy no se criminaliza la protesta o manifestación pública, sino cualquier forma de organización popular o comunitaria. La búsqueda no está en anular a sujetos específicos sino a las ideas que encarnan a través de la militancia», enfatizó.
A su turno, Julen Arzuaga, abogado de la organización Bildu del País Vasco, realizó un pormenorizado relato respecto a la reforma del Código Penal en esa región española y el accionar de la ETA y de los movimientos sociales y cómo conocieron procedimientos penales sin pruebas y asistieron a procesos penales sin delitos.
«La represión judicial se aplica porque es eficaz, tal vez porque hace estallar las estructuras del sistema democrático y le hace perder la legitimidad y da razones para su crítica, pero es eficiente», señaló.
En tanto, Alejandro Medici, director del Centro de Investigación en Derecho Crítico (UNLP) se refirió a una investigación que realizaron que alcanzó dimensiones geopolíticas, de comunicación política, de construcción de nuevas subjetividades y de intereses que están detrás de las prácticas de lawfare.
«El lawfare es como un iceberg: vemos la parte emergente y por abajo está la gran densidad de su masa que, justamente, tiene que ver con esta idea de desestructurar las organizaciones populares», significó.
La mesa fue cerrada por Claudia Rocca, vicepresidenta continental de la Asociación Americana de Juristas. «Estamos frente a la criminalización de la opinión, pero no cualquier opinión, sino la opinión política. Este lawfare es totalmente funcional a un proyecto de devastación económico, a un programa de orden no humano que tiene que ver con el nuevo poder económico de Occidente», expresó, para ahondar en la conformación de ese nuevo orden mundial al que denominó «tecnofeudalismo».
