29 de abril de 2023

Ricardo Ragendorfer

Documentación sensible de empresas investigadas por lavado de dinero fue destruida por las llamas en el depósito de Barracas. Una compleja trama judicial y política.

Eran las 14:05 del pasado 24 de abril cuando brotaron las llamas en el galpón de la empresa Iron Mountain, sobre la calle Azara 1243, de Barracas. 
Sin demasiada demora, el incendio fue combatido por cuatro dotaciones de bomberos pertenecientes a la Policía de la Ciudad y sus pares voluntarios de la Boca; también había equipos de Defensa Civil y ambulancias del Same. Por horas, las mangueras lanzaron agua a presión desde escaleras mecánicas. 
En tanto, un tumulto de movileros registraba el acontecimiento a unos 50 metros, detrás de un vallado que les impedía el paso por la calle Jovellanos. Y casi a coro, los cronistas abusaban del adjetivo «dantesco».
La humareda se divisaba a kilómetros.
Entonces, súbitamente, se produjo el derrumbe de dos paredes. 
Por milagro, no hubo que lamentar muertos ni heridos, pero sí algunos automóviles aplastados. Fue –diríase– una desgracia con suerte. 
¿Acaso –como señaló alguna vez un filósofo alemán del siglo XIX– las tragedias suelen repetirse, pero en forma de farsa?
Pues bien, al respecto es necesario retroceder nueve años.
Eran las 8:30 del 5 de febrero de 2014 cuando aquel mismo depósito empezó a ser devorado por el fuego. Solo que, en tal ocasión, el derrumbe de tres muros mató a seis bomberos de la Policía Federal (Carlos Veliz, Anahí Garnica, Eduardo Adrián Conesa, Maximiliano Martínez, Matías Monticelli y Leonardo Day), a dos bomberos voluntarios (Sebastián Campos y Facundo Ambrosi) y a dos rescatistas (Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo).
Una pericia estableció que esa catástrofe tuvo como origen cuatro focos simultáneos de fuego, aunque equidistantes entre sí. ¿Se entiende?
Ahora pasemos a otra coincidencia más actual.
Fue notable que el segundo incendio justo sucediera 12 días después de ser elevada a juicio oral –por la magistrada Fabiana Palmaghini– la causa del primer siniestro. Ocuparán el banquillo 18 acusados, entre directivos de la empresa y exfuncionarios del Gobierno de la Ciudad. 
Es de resaltar que Iron Mountain, de capitales norteamericanos, padeció en sus 72 años de existencia otros 24 incendios en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá e Italia. De los siete más recientes –ocurridos entre 1996 y el presente– se probó que cinco fueron intencionales.
Es que esta empresa se dedica a la guarda de material muy inflamable: en Barracas atesora archivos de los bancos y corporaciones más importantes del país, incluida la documentación de 49 firmas investigadas por lavado de dinero. Las llamas entonces tenían una gran razón de ser. 
He aquí su mar de fondo.

Entre dos fuegos
El comienzo de esta historia se remonta a diciembre de 2007, cuando el aún flamante jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, impulsó el denominado «Distrito Tecnológico», una zona franca de impuestos para los barrios del sur porteño (Parque Patricios y Barracas). Su fundamento: promover el desarrollo industrial en los territorios urbanos más postergados de la ciudad. Loable. Así se produjo la llegada de Iron Mountain, cuya actividad –almacenar archivos– dista de ser precisamente productiva.
Algunos de sus clientes tenían cosas que ocultar. Tanto es así que, en la época del primer incendio, los más comprometidos eran los bancos Patagonia, JP Morgan, BNP Paribas y HSBC, con causas en la Argentina por lavado de dinero e irregularidades en sus cuentas offshore. Entre muchos otros papeles picantes, el fuego también destruyó una caja con el rótulo «Coimas Perú», depositada por Sideco, una de las empresas de Franco Macri.
Cabe en este punto exhumar un episodio ocurrido en 2008 y revelado en 2015 por Edgardo Castro, quien fuera inspector de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, a través de una cámara oculta. Allí, en dialogo con el cabecilla del área, Fernando Cohen, se interioriza sobre el rotundo rechazo a un pedido suyo de clausura del depósito de Iron Mountain. Por toda justificación, Cohen argumenta: «Llamó Mauricio».
¿Cuál era, en aquel ardiente tablero de intereses, el vínculo que unía al entonces alcalde con dicha compañía?
Su gerente general, Guillermo Lockhard, supo aproximarse a él gracias a la intermediación del señor Ricardo García, quien encabezaba el directorio. Se trata de un antiguo jerarca de IBM. De hecho, en su representación fue el artífice de una falange societaria con Socma, también de la famiglia Macri, dedicada a digitalizar partidas de nacimiento. Tal iniciativa tuvo por epílogo un escándalo por coimas en Alemania. 
Otro pope de Iron Mountain muy cercano a Macri es Gustavo Álvarez, un exdirectivo del Grupo Clarín, luego de desempeñarse en Ernst & Young, la firma que figura en los «Swiss Leaks» –el archivo de trapisondas financieras en poder del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)–, acusada de evasión fiscal con el consentimiento de HSBC, una sigla recurrente en este culebrón.
Por lo pronto, el entonces ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera, había sido gerente del HSBC –y, dicho sea de paso, en Iron Mountain se carbonizaron al menos dos cajas a su nombre–. Lo secundaba en la función pública el exsubsecretario de Inversiones de la Ciudad, don Carlos Pirovano, un antiguo colaborador de Cabrera en HSBC.
Ambos fueron los ideólogos y articuladores del «Distrito Tecnológico», que tantas satisfacciones le causara a Iron Mountain.
El mundo es un pañuelo.

El Juego de la Oca
En mayo del 2014, ya a tres meses del incendio, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) allanó las oficinas de Iron Mountain en una pesquisa por lavado, puesto que se habían detectado operaciones sospechosas entre 2007 y 2014 por casi 18 millones de dólares. 
A mediados del año siguiente, la Afip denunció al HSBC por facilitar la evasión impositiva a unas cuatro mil cuentas locales sin que fueran declaradas en su sucursal de Ginebra.
Poco después, esas vicisitudes se extinguieron con más celeridad que el fuego del depósito de Barracas: Macri ya estaba en la Casa Rosada, Cabrera era su ministro de Producción y Pirovano era el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que dependía justamente de Cabrera.
En 2018, el juez Pablo Ormaechea procesó a 11 funcionarios menores del Gobierno de la Ciudad por faltas «culposas» en los controles edilicios del depósito de Barracas. También imputó a Lockhard y a cuatro ejecutivos: el director de Seguridad e Higiene para América Latina, Eduardo Sueyras; al jefe de Seguridad e higiene de la filial Argentina, Ricardo García y al director de la agencia Segurplus SA, Oscar Godoy, contratada por la empresa.
Claro que semejante carátula no contemplaba la «intencionalidad» del incendio. Por ello, a comienzos de 2020, la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal anuló esos procesamientos con el único propósito de que el juez corrigiera ese «defecto de la instrucción» para volver a avanzar con aquellas mismas imputaciones. 
Pero en sus manos, como en el Juego de la Oca, el asunto había vuelto a foja cero. Desde entonces hubo por parte de Su Señoría un pesado silencio. 
Aun así, el alivio de los imputados no sería eterno. 
Fue la jueza (subrogante) Palmaghini quien encauzó el expediente hacia la hipótesis de la «intencionalidad».
De modo que, en diciembre de 2022, la Sala VI de la Cámara confirmó el procesamiento del lote de imputados.
Entre ellos –junto a los ya nombrados ejecutivos de la empresa– figuran los siguientes funcionarios porteños: la exdirectora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski –también procesada por el derrumbe del boliche Beara–, además de sus subordinados, Rafael Roldán y Carlos Chapar; el exdirector de Industrias y Otros Locales, Roberto Chiesa; el exdirector del Departamento de Actividades Generales Críticas, Luis Cogo, y la exjefa del Departamento de Programación Operativa, Silvia Hers.
La elevación a juicio oral de la causa parecía cerrar el moño del asunto. Pero no fue así: el reciente incendio del depósito de Barracas terminó por demostrar que esta es en realidad una trama aún en pleno desarrollo.

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