12 de noviembre de 2025
El Gobierno anunció la incorporación de Entre Ríos a la profundización del dragado, una medida celebrada por los agroexportadores. Avance de la privatización del curso y consecuencias ambientales.
Alto tránsito. El 80% de las exportaciones argentinas circulan por el río.
Foto: Getty images
–Soy marinero y aventurero, vengo de España y olé. Quiero gloria, quiero dinero y con los dos volveré. Para mí será el dinero, la gloria para mi rey–, entona el enviado colonizador en el cuento «La sirena y el capitán», de la escritora María Elena Walsh. El texto narra la historia de una sirena secuestrada por un marinero español que, tras ser rescatada por su comunidad, continúa su canto en el río Paraná. Y es que, bajo distintos nombres propios –aunque, igualmente foráneos– la historia de la escritora y autora de literatura infantil, grafica como pocas la entrega de los territorios nacionales y sus bienes comunes naturales por parte del Gobierno de Javier Milei, en otro claro déjà vu que recuerda las políticas privatizadoras de los 90.
En octubre, Milei y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunciaron la ampliación de obras de dragado en el Corredor Litoral Paraná/Paraguay –mal llamado hidrovía–, con el fin de aumentar la productividad y reducir los costos para el sector agroexportador entrerriano. El Paraná pasó a ser «hidrovía» a raíz del decreto 253/95, que instauró en 1995 las tareas de dragado y balizamiento del cauce y el río pasó a formar parte de Hidrovía S.A., consorcio mitad belga, con capitales de la firma Jan de Nul y mitad nacional, perteneciente a la empresa Metalúrgica Patricias Argentinas.
Gigantes a cargo
El proyecto prevé la profundización del dragado en los tramos llamados Paraná Guazú y Paraná Bravo, llevándolo de los 25 pies actuales a 34 pies, para alcanzar los diez metros de profundidad que permitirían la circulación de grandes volúmenes. El anuncio, brindado en plena campaña electoral y sin que fueran propuestos estudios técnicos de ningún tipo, arroja, sin embargo, otras lecturas más allá del proceso de llamado a licitación. El Paraná –principal arteria del comercio exterior argentino, por donde circula el 80% de las exportaciones (mayormente granos y subproductos del agro negocio)–, viene siendo territorio de disputa.
En un escenario global en el que Estados Unidos y China compiten por los recursos ajenos, la gestión mileísta profundiza la privatización de los puertos y la flexibilización de las regulaciones. Las gigantes Cargill, Dreyfus y Bunge, entre otras, controlan gran parte del flujo que entra y sale por su cauce mientras el Estado carece de autoridad sobre la actividad portuaria. Quizá esta sea otra de las deudas pendientes que excede al actual mandato: ningún Gobierno renacionalizó los puertos ni el comercio exterior desde que fueron privatizados durante el menemato. El anuncio que hoy seduce a Entre Ríos propone incluir la provincia a los trazados del Paraná Guazú, Paraná Ibicuy, Pasaje Talavera y Paraná Bravo para desembocar por el canal Martín García, tramo que actualmente se navega pero no forma parte de la vía troncal.
Pero más allá de los anuncios electorales, lo que se esconde detrás del proyecto responde a manejos muy claros respecto de quienes se beneficiarán con las obras que tendrán, además, un impacto ecosistémico. Particularmente si se piensa que las empresas nacionales que podrían presentarse a concurso de pliegos ven restringida su posibilidad de competencia. Al igual que en planes similares convenidos desde la instauración del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), el beneficio queda para el capital foráneo, en este caso, firmas dragadoras privadas, europeas y estadounidenses. Así lo señalan Ariel Ocantos, del Taller Ecologista, y Paola Ruiz Lisman, desde Fundación Cauce, organizaciones vinculadas con el estudio y la defensa del medioambiente.
Acuerdo. Milei y Frigerio anunciaron el llamado a licitación de la obra en la capital entrerriana el 4 de octubre.
Sin control
Mientras se confirma la presencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en territorio entrerriano, grupos ecologistas y ambientalistas denuncian irregularidades, desidia y falta de control estatal en la zona.
La Asociación Argentina de Abogados/a Ambientalistas presentó un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Economía de la Nación, del cual depende la Secretaría de Transporte. El colectivo jurídico busca entender cuáles fueron los informes emitidos, qué recomendaciones se dieron y por qué el contenido aún no es público. Asimismo, indican que el presidente Milei ratificó en marzo de 2024, un acuerdo que incluye compromisos de cooperación en «políticas hídricas, gestión de cuencas, control de inundaciones, sedimentación, dragado y dirección estratégica en la gestión de ríos y cuencas argentinas».
Desde la asociación, señalan que el Gobierno nacional no puede disponer del río permitiendo el ingreso desde ultramar de barcos de gran calado, que alterarán humedales y el régimen hidrológico, agravando aún más la crisis hídrica por la que atraviesa la provincia.
Mientras la ciudad de Victoria se halla declarada en emergencia ambiental e hídrica, el proceso de dragado provocará una mayor desertificación del sistema de humedales en el Delta, con consecuencias probablemente irreversibles, en un contexto regional en el que falta el recurso en Brasil, Paraguay y Bolivia. Es demencial, aclaran.
Al cierre de esta nota, en la audiencia pública convocada por el Gobierno se expresó el categórico rechazo de los colectivos ambientalistas que la calificaron de ilegítima ya que, dicen, busca convalidar obras ya iniciadas sin estudios de impacto ambiental. Todo indica que el destino de nuestro Paraná no será un río para todos, sino la hidrovía comercial, mero negocio para unos pocos.
