En solo ocho meses el gobierno desmanteló buena parte de las áreas encargadas de llevar adelante las políticas de memoria, verdad y justicia. Discursos negacionistas y reacomodamiento del Poder Judicial evidencian un cambio de paradigma.
24 de agosto de 2016
Demora. Desde los primeros juicios orales en 2006 fueron condenados solo 689 acusados. (Télam)
Amediados de agosto se realizaron en el auditorio de la ex Esma de la Ciudad de Buenos Aires las IV Jornadas Nacionales de abogados y abogadas querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad, que reunió a más de cien representantes de querellas particulares y de organismos de derechos humanos en los juicios. En un informe entregado a los asistentes al encuentro, los abogados sostuvieron que «a partir de la asunción del nuevo gobierno se observa un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia, acompañado de un cambio de paradigma acerca de cómo conceptualizar los derechos humanos», y advirtieron que en estos primeros ocho meses el gobierno macrista llevó adelante «un desmantelamiento total o parcial de áreas que investigaban sobre responsabilidad o complicidades con el terrorismo de Estado y que aportaban pruebas a los procesos de justicia por delitos contra la humanidad, parálisis de otras áreas, reorganización del personal o subejecución presupuestaria». Presentaron como ejemplo varios casos, entre ellos, el desmantelamiento del Grupo Especial de Relevamiento Documental del Ministerio de Seguridad, que trabajaba con los archivos y auxiliaba a la Justicia en las causas; el vaciamiento del programa Verdad y Justicia; despidos en el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa que acompaña a víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco de los procesos judiciales; mientras que el Programa Nacional de Protección de Testigos quedó a cargo de Francisco Lagos, quien fue subteniente del Ejército; a esto se suma el cierre de la agencia de noticias Infojus, que hizo que perdieran visibilidad los juicios contra los represores; y la disolución de la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del Banco Central creada para investigar los delitos económicos cometidos durante el terrorismo de Estado.
Contexto y cifras
El primer embate lo protagonizó el entonces secretario de Cultura porteño y actual director del teatro Colón, Darío Lopérfido, quien puso en duda la cifra de desaparecidos y aseguró que esta «se había negociado a cambio de subsidios». Pero el mismo presidente, en agosto, en una entrevista, dijo que no tenía «ni idea» si los desaparecidos eran 9.000 o 30.000 y que lo que pasó en los años 70 fue una «guerra sucia que fue una horrible tragedia». A estas declaraciones se suman «gestos» y acciones legales concretas.
El Ministro de Justicia, Germán Garavano, en una charla en el Colegio de Abogados señaló que durante la gestión de Macri ya se había concedido el arresto domiciliario a 50 acusados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, entre ellos el genocida Miguel Etchecolatz, condenado a prisión domiciliaria. Además, el funcionario dijo que consideraba que todos los mayores de 70 años debían acceder a esa situación de forma automática.
En el documento final de las Jornadas, los abogados advirtieron que «buena parte del Poder Judicial se ha acomodado a estos tiempos, dictando resoluciones infundadas sobre prisiones domiciliarias, faltas de mérito o absoluciones». Un ejemplo es el fallo de la Cámara Federal de Casación en la causa de la Masacre de Capilla del Rosario de 1974, donde los magistrados consideraron que no se habían podido probar los asesinatos, entendieron los fusilamientos como enfrentamientos y dijeron que pudieron haberse cometido «excesos en la forma de enfrentar y reprimir» el «clima de violencia política» de la época.
«El gobierno niega la magnitud del genocidio perpetrado contra nuestro pueblo, utiliza la retórica discursiva de los represores, se refiere al terrorismo de Estado como “guerra sucia” y retrotrae las políticas públicas vinculadas con la Memoria, la Verdad y la Justicia, fundamentales para el sostenimiento del proceso del juzgamiento a sus responsables», se señaló en el documento. Cientos de fallos judiciales de la última década dejaron en claro que durante la década del 70 el terrorismo de Estado implementó un plan criminal de exterminio de la población civil. El tiempo dirá si un cambio de paradigma a nivel político tendrá consecuencias judiciales.
