Política

Mano dura

En un hecho inédito en períodos constitucionales, el presidente recibió y felicitó a un efectivo acusado de «homicidio por exceso en legítima defensa». Durante la gestión de Macri en la Casa Rosada se duplicaron las muertes de civiles a manos de la policía.

Encuentro. Chocobar, procesado por el juez Velázquez, logró respaldo gubernamental. (Télam)

Quiero reconocer tu valentía y ofrecerte mi apoyo», le soltó Mauricio Macri al efectivo de la Policía Local de Avellaneda, Luis Chocobar. Esa frase podría ser el epígrafe de una foto histórica: nunca antes un presidente constitucional había recibido en la Casa Rosada a un uniformado acusado de «homicidio por exceso en la legítima defensa». Corría la mañana del 1 de febrero.
Al día siguiente se viralizaron las imágenes de Chocobar matando casi a quemarropa al ladronzuelo Pablo Kukoc, de 17 años, luego de que asaltara e hiriera a un turista norteamericano. Ese video –una pieza determinante para que el juez Enrique Velázquez procesara al matador– desplomó los elogios de Macri. Incluso el presidente fue criticado desde sus propias filas. Tal fue el caso de Marcos Novaro –un columnista orgánico del oficialismo–, quien firmó en Todo Noticias un texto titulado: «Chocobar mintió y dejó en offside a Macri». ¿Acaso este fue engañado en su buena fe?
Más allá de los hechos –algo que bajo el imperio de la «posverdad» pasa a segundo plano–, en su agasajo al suboficial encausado subyace a la vez una declaración de principios (legitimar el «gatillo fácil» como política de Estado) y un mensaje a la Justicia («Cuidaremos a quienes nos cuidan», supo ampliar la ministra Patricia Bullrich).
En cuanto a lo primero, cabe decir que en la era del PRO se duplicaron los asesinatos policiales de civiles: 735 muertes desde el 15 de diciembre de 2015 (ya sea en fusilamientos callejeros o bajo tormentos seguidos de muerte en comisarías), mientras que entre 1984 y esa fecha hubo un promedio de 152 casos anuales, según estadísticas coincidentes del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Una inflación nada «gradualista».
Lo segundo refleja la urgencia del macrismo de disciplinar ciertas aristas del Poder Judicial aún fuera de control. De hecho, la elevación a juicio del primer efectivo de la Policía de la Ciudad acusado de «gatillo fácil» (el oficial Adrián Otero, quien el 15 de julio del año pasado asesinó con ocho balazos a Cristián Toledo, de 24 años, cuando volvía a la villa 21-24) y el procesamiento con prisión preventiva del suboficial de la Policía Federal Dante Barisone (por pisar con su motocicleta al cartonero Alejandro Rosado en la última marcha contra la reforma previsional) dan cuenta de ello.

Bandera Pro
No está de más destacar que en el mismo día del encuentro en Casa Rosada, el local de la Correpi amaneció con una pintada: «¡Aguante Chocobar!». ¿Acaso aquello fue obra de un agente provocador o una iniciativa de algún «ciudadano común»? Sea como fuere, tal sentimiento flota en el aire. También palpita en redes sociales, en tertulias de café, en taxis y hasta en los votos. La «gente» pide sangre. Y eso, claro, explica los ardorosos debates que suele haber sobre la conveniencia o las desventajas de calamidades como la justicia por mano propia, los linchamientos y la pena de muerte sumarísima.
Ya hace años el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos acuñó el concepto de «fascismo societal». Un fenómeno ideológico que, a diferencia de los procesos de extrema derecha en la Europa de la primera mitad del siglo XX, no es cincelado por la política ni  por el Estado, sino que surge en las entrañas del cuerpo social. Una oleada técnicamente pluralista, sin jefes, pero provista de objetivos disciplinantes y civilizatorios. El fascismo de los que ni siquiera saben lo que es el fascismo. Una bandera que los estrategas del PRO no piensan desaprovechar.