El gobierno enfrenta reclamos de sectores perjudicados por la política económica, pero al mismo tiempo debe corregir asuntos como el del Correo o la concesión de rutas aéreas a empresas ligadas a la familia presidencial o a funcionarios públicos.
9 de marzo de 2017
Daer en el palco. El dirigente cegetista habló en el acto del 7 de marzo pero mantuvo la indefinición sobre la fecha del paro. (Horacio Paone)
Si febrero fue un mes caliente para Mauricio Macri, marzo no mostró un cambio de tendencia. Más bien, el gobierno de Cambiemos aparece intentando corregir un vendaval que por primera vez desde que llegó a la Casa Rosada conmovió el andamiaje que lo sostiene. Para colmo, las calles fueron escenario de grandes manifestaciones populares contra la política del oficialismo en dos temas que calan hondo en la sociedad: los reclamos de los docentes y de los trabajadores en general.
En tal sentido, la marcha que había convocado el triunvirato de la Confederación General del Trabajo fue un buen termómetro para percibir el clima político-sindical. Anunciada como una escalada en un plan de lucha en reclamo de los puestos de trabajo perdidos y por un giro en el enfoque de la economía en general, la nutrida manifestación terminó con incidentes, fruto del repudio contra los dirigentes encaramados en la tarima ubicada en la Diagonal Sur, frente al Ministerio de la Producción. La respuesta de Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmidt al pedido de la multitud fue por lo menos contradictoria: si bien criticaron la falta de soluciones del gobierno y pidieron por políticas industrialistas, amenazaron con un paro pero esquivaron ponerle fecha concreta. Solo atinaron a mencionar un vago «a fin de mes o inicios de abril» mientras eran abucheados por los más enfervorizados, que pedían «paro nacional ya».
En cuanto al gobierno, si la noticia de un arreglo inadecuado sobre la deuda que el Correo Argentino –la empresa de la familia presidencial– mantenía con el Estado perforó la credibilidad en la transparencia prometida, la asignación de rutas aéreas de cabotaje resultó otro escándalo que repercutió en la imagen del mandatario, y también hizo mella en el interior de la «coalición del balotaje», como la llaman algunos analistas.
Así, en un calco del esquema armado a las apuradas en el Correo –volver a fojas cero con el acuerdo hecho entre bambalinas que benefició a su familia–, en el caso de Avianca, que en los papeles es una empresa colombiana que compró una aerolínea que vendió el grupo Macri, el presidente tuvo que dar la orden de suspender la licencia que ya le había otorgado a la compañía. Las denuncias por Avianca resonaron en las redes y luego en los medios masivos cuando se reveló algo que si bien no estaba oculto bajo la alfombra, no había tenido el alcance necesario en la prensa, mayoritariamente amiga de este proceso político.
Los directivos de MacAir, la empresa de Macri que operaba con taxis aéreos, son los mismos que los de la Avianca local, lo que resulta por lo menos sospechoso al punto que el fiscal Jorge Di Lello ordenó investigar e imputó tanto al presidente de la Nación como a su padre Franco y a los funcionarios y empresarios que participaron en la concesión de las rutas. Otra de las ganadoras en este rubro, Fly Bondi, también deberá esperar, ya que aparece en la mira judicial por sus vínculos con el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana. Y surgen preguntas como, ¿qué relación existe entre la renuncia de la expresidenta de Aerolíneas Argentinas (AA), Isela Costantini, y esta brumosa concesión aérea? Es que la ejecutiva se fue poco antes de abrirse la licitación de las rutas y sin explicaciones muy convincentes.
Alejamientos inesperados
Pero no es la única «acusación» que enfrentó la extitular de General Motors Argentina luego de alejarse de la gestión de la línea de bandera, en diciembre pasado. Costantini también había avalado un aumento de salarios para los empleados de AA superior al techo que pretende imponer el gobierno en las paritarias. La misma razón se deslizó respecto al alejamiento también inesperado de Carlos Melconian del Banco Nación. El economista, al que nadie consideraría cercano a cualquier aventura populista, fue aplaudido a manos rojas por sus hasta entonces subordinados el día que se despidió del cargo. Fue uno de los que firmaron la paritaria bancaria que provocó un fuerte cruce del macrismo con la dirigencia de ese gremio y con los jueces que avalaron el acuerdo que el Ministerio de Trabajo se negaba a homologar.
No es ocioso recordar que el eje de la política del gobierno para bajar la inflación es atacar por dos frentes al consumo. Por un lado, sometiendo los salarios a la baja, y por el otro generando las condiciones para un incremento en la tasa de desocupación. Este ariete golpea a las pymes por el ingreso de productos importados que las obliga a reducir salarios para competir con productos extranjeros o convertirse en importadores. Por otro lado, subsiste el argumento del exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, de no tensar las negociaciones salariales a cambio de conservar el empleo. Así, los trabajadores se ven en la disyuntiva de aceptar pérdidas en relación con el costo de vida o sumarse al ejercito de desempleados. Pocas cosas hay que disciplinen tanto a una sociedad como la desocupación.
Ante un panorama bastante sombrío y en un año electoral clave para la continuidad del proyecto macrista, el presidente abrió las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que no tenía mucho que ofrecer hacia adelante y poco que exhibir hacia atrás, salvo la apelación a la herencia recibida. Pero es el segundo ejercicio que inaugura Macri y el recurso de recordar el pasado como una pesada carga se va agotando, mientras las encuestas reflejan la preocupación de grandes capas de la población que fueron clave para ganar el balotaje y ya no ocultan su descontento por un cambio que no es el que votaron el 22 de noviembre de 2015.
La nota saliente de aquel discurso del 1º de marzo fueron las críticas sobre la virulencia con que Macri se refirió no solo al anterior gobierno –deslizó nuevas sospechas por la muerte del fiscal Alberto Nisman, entre otras cosas– sino también al dirigente docente Roberto Baradel, el nuevo enemigo público del oficialismo. Baradel quedó en medio de fuego cruzado tanto del gobierno nacional, el bonaerense y los medios hegemónicos, que al igual que Macri, intentaron minimizar las amenazas que el dirigente y sus hijos habían recibido.
En la Casa Rosada, mientras tanto, se debate sobre cómo escapar a la tormenta sin perder demasiado en el camino. Y si el recurso de culpar a la gestión anterior de todos los males ya no causa el mismo efecto, el de «rebobinar» cada vez que los intereses económicos personales del presidente o de sus funcionarios chocan con los de la sociedad también se agota.
