10 de agosto de 2016
El 29 de julio pasado se conmemoraron 50 años de «La noche de los bastones largos».
Aquella coyuntura estuvo signada por un nuevo golpe militar –en esa oportunidad contra el gobierno de Arturo Illia– impulsado como respuesta de los sectores económicamente dominantes, clericales, la derecha sindical y la embajada de EE.UU. frente a medidas que el Poder Ejecutivo tomó contra intereses de empresas petroleras y farmacéuticas, así como el posicionamiento soberano respecto de la política exterior estadounidense.
Para los cooperativistas de crédito tal acontecimiento se lee en doble clave: por un lado, porque –ahora y entonces– nuestro movimiento acompañaba a aquel proyecto universitario democrático, comprometido con el desarrollo nacional y la solución de los problemas sociales del pueblo argentino. Y, además, porque la dictadura autodenominada Revolución Argentina arremetió en un mismo movimiento contra la cajas de crédito cooperativas –vía Poder Judicial combinado con la acción mediática– encarcelando a sus dirigentes y dejando entrever que hubo hechos de corrupción perpetrados por los miembros del consejo de administración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
En la Facultad de Ciencias Exactas una asamblea decidió la toma del establecimiento como respuesta al decreto 16.912 de Onganía que ponía fin a los principios de autonomía, cogobierno y libertad de cátedra consagrados en 1918 con la insurrección estudiantil en la muy clerical Universidad de Córdoba.
La guardia de infantería asaltó, entre insultos y golpes, el recinto universitario, detuvo a más de 200 personas tras golpear brutalmente a decenas de profesores y estudiantes. Tras el hecho, 1.500 docentes –entre titulares, jefes de trabajos prácticos y auxiliares– renunciaron a la Universidad de Buenos Aires para continuar sus trabajos en el exterior.
Aquel infausto acontecimiento interrumpió una trayectoria luminosa de la universidad pública: desde 1956 hasta 1966 los principios reformistas habían sustentado un modelo universitario que propiciaba un alto nivel de formación de profesionales y científicos y generó inéditos procesos de investigación, cerrando una etapa en que convergieron el compromiso social y la labor científica.
La conmemoración de aquella caída debe incluir el reconocimiento de esa experiencia –y de otras previas y posteriores– que iluminan hoy el camino para pensar una universidad pública democrática, popular, emancipadora en el tiempo histórico actual.
No recordamos, pues, para lamentar, sino para recrear esa herencia imprescindible.
