14 de septiembre de 2016
En sus primeras semanas de gestión, el gobierno nacional declaró la emergencia en seguridad. Fue el marco general de una tendencia que, desde entonces, no hizo más que profundizarse. El macrismo hace gala del esquema «ensayo y error» para su acción gubernamental, y en esta materia los «errores» van todos en el mismo sentido: desde el protocolo para las manifestaciones hasta las recientes declaraciones del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, acerca de la presencia en Argentina de células del ISIS. Que Burzaco haya desmentido casi de inmediato semejante anuncio no lo exime de haber hecho su aporte a lo que parece una cadena de supuestas torpezas que son señales preocupantes de un reverdecer del manodurismo. Repasemos: las fallidas revelaciones de detención de narcoterroristas en la frontera y la desmentida detección de maras podrían interpretarse como un paso más en la búsqueda de instalar el miedo entre la población, para justificar mayores medidas represivas. El propio presidente Mauricio Macri jugó cartas en esta partida: insistió con la participación de las fuerzas militares en el control del narcotráfico. Y además, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se pronunciaron condescendientes ante un supuesto caso de «justicia por mano propia», ocurrido en San Martín, provincia de Buenos Aires, aún no esclarecido judicialmente.
La preocupación ante al delito es un dato cierto, especialmente en las grandes ciudades. Por qué no debatir, entonces, una política democrática de prevención del delito, con participación ciudadana y control social sobre las fuerzas de seguridad. Sería, claro, más complejo que el facilismo de la mano dura, pero también más efectivo para que de una vez por todas el Estado cumpla con su obligación de dar seguridad a los ciudadanos.
