24 de marzo de 2024

Luciana Bertoia

Una relectura desde el Gobierno de lo sucedido durante la última dictadura como telón de fondo de la movilización del 24 de marzo. Las voces del video oficial

El Gobierno de Javier Milei no solo quiere librar una «batalla cultural» sobre lo sucedido durante la última dictadura en Argentina. La administración de La Libertad Avanza (LLA) busca que ese mensaje –que, según trascendió, se realizará en formato audiovisual ante la inminencia del 48º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976– tenga un impacto en el proceso de justicia, mientras corren rumores de que podría haber alguna decisión del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, para favorecer a los represores que siguen presos.
Ya no es un secreto que en la Casa Rosada trabajaron en un spot en el que se escucharon voces que vienen a intentar justificar el accionar militar de los 70 y a deslegitimar a quienes denuncian desde hace casi cinco décadas sus crímenes. Los protagonistas de la pieza audiovisual serán Juan Bautista «Tata» Yofre, Luis Labraña y María Fernanda Viola.
Yofre forma parte del elenco estable de la casta política. Periodista político, galanteador del jet set de los 90, fue el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el Gobierno de Carlos Menem, uno de los próceres de la patria, según la administración Milei. Durante su paso por el edificio de la calle 25 de mayo, Yofre procuró que volvieran a tener un lugar los militares en la Secretaría. Entre otros, llevó a Carlos Alberto Martínez, el hombre más gravitante de la inteligencia durante la dictadura. Martínez, que alternó entre la Jefatura II de Ejército y la SIDE, fue uno de los que propuso buscar la reapertura de las causas contra los militantes de los años 70 cuando empezaron a moverse las investigaciones contra los militares que secuestraron y desaparecieron.

Testimonios selectos
Desde hace casi 20 años, Yofre es considerado un exponente de la «memoria completa». Nutrido de archivos que supo conseguir, dirigió en 2006 un suplemento sobre aquellos años en el diario Ámbito Financiero. Después publicó un libro que tuvo que financiar con un «consejo de sabios» entre los que se encontraba Marcelo Bragagnolo, cuyo nombre se hizo conocido en 2006 por la muerte de su hijo. Bragagnolo, ladero de Juan Carlos Blumberg, también tenía vínculos con integrantes del grupo de tareas que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Más tarde, Yofre se convirtió en un boom de ventas en la editorial Sudamericana, que –con el impulso de Pablo Avelluto– disputó con la agenda de memoria, verdad y justicia que impulsaban los Gobiernos kirchneristas.
Labraña llegó a ocupar el lugar de estrella del prime time televisivo en los últimos años. Exmilitante de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y Montoneros, apareció en Intratables –el mismo programa que frecuentaba la vicepresidenta Victoria Villarruel– para decir que él había inventado el número de 30.000 desaparecidos mientras estaba exiliado en Amsterdam. Según él, la cifra se había acordado en una mesa con integrantes de Madres de Plaza de Mayo para conseguir financiamiento de la comunidad internacional. La declaración de Labraña encendió a los sectores que buscan minimizar el impacto del plan criminal de la dictadura y califican la lucha por los derechos humanos como un «curro», como hizo Mauricio Macri en 2014.
La tercera invitada a exponer es la menos conocida, pero posiblemente la más significativa. María Fernanda Viola es hija del capitán Humberto Viola y hermana de María Cristina Viola. Su padre y su hermana murieron en un ataque dirigido por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en diciembre de 1974 en Tucumán. El ERP había elegido una serie de blancos militares para responder a la masacre que el Ejército había perpetrado contra sus combatientes meses antes en Capilla del Rosario, Catamarca. Viola –que se desempeñaba en el Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán– fue uno de ellos, pero en el ataque murió Cristina –de tres años– y fue herida Fernanda. El caso Viola se usó largamente para justificar la represión que se implementó en la provincia con el Operativo Independencia.
Por el caso Viola, hubo cuatro personas que fueron condenadas y estuvieron más de diez años presas. La condena se consiguió con declaraciones arrancadas bajo tortura. Un menor de catorce años fue detenido, colocado en un cajón y enterrado vivo. Otro de los detenidos debió presenciar cómo atormentaban al padre.
En octubre de 2008, María Cristina «Maby» Picón pidió la reapertura de la causa por la muerte de su esposo y de su hijita. En su solicitud decía que «creía que las heridas empezaban a cerrarse» hasta que Néstor Kirchner llegó al Gobierno e impulsó el enjuiciamiento a quienes operaron en los centros clandestinos de la dictadura, por lo que había decidido con el pedido de reapertura «defender a los valientes que vestían con orgullo el uniforme que consiguieron en el glorioso Colegio Militar», de donde el expresidente había ordenado descolgar los cuadros de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone.

Versiones y rumores
La Justicia le contestó a «Maby» Picón que su caso había sido juzgado. En junio de 2016, presentó un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esa solicitud, que fue contestada por la administración de Alberto Fernández, todavía espera allí. El abogado patrocinante es Javier Vigo Leguizamón, integrante del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) que preside Victoria Villarruel. Vigo Leguizamón tuvo, a finales del siglo pasado, una cruzada personal: quería propiciar un diálogo de reconciliación entre Videla y Mario Firmenich, líder de Montoneros.
La presencia de Fernanda Viola en el video grabado desde la Presidencia de la Nación no implica únicamente un gesto político sino un mensaje a los tribunales –nacionales e internacionales–. El Gobierno podría, si es que quiere, retirar la respuesta que dio la administración anterior y decir que pretende que el caso sea investigado. Es una gestión que debería quedar en manos de la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce el exjuez Alberto Baños.
Los rumores sobre lo que podría pasar en los próximos días son variados, incluyen desde un posible indulto –que fue desmentido tanto por Milei como por Villarruel– hasta alguna resolución del Servicio Penitenciario Federal –que está bajo la órbita de Bullrich– para favorecer la excarcelación de los represores que están presos. Según la Procuración, hay solo 153 represores en las cárceles. Si llegara existir una movida proimpunidad, habrá resistencia en los tribunales. En la previa, Casación ya envió mensajes claros: firmó fallos diciendo que los indultos no rigen para crímenes contra la humanidad y rechazó dar una discusión sobre las domiciliarias que pedían los abogados de los represores. 

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