3 de julio de 2024
El Gobierno se niega a cumplir lo dispuesto por el juez Casanello en la causa iniciada por la denuncia de Grabois que hizo tambalear a la ministra. Apelación y acusaciones cruzadas.
Desobediencia. Para la funcionaria la Justicia no debe entrometerse en la entrega de alimentos, ya que es una decisión ministerial.
Foto: NA
La polémica por la retención de casi seis millones de kilos de alimentos almacenados en dos galpones desde diciembre del año pasado se transformó en un problema político y judicial para el Gobierno de Javier Milei. El caso no solo derivó en el desplazamiento de funcionarios jerárquicos del Ministerio de Capital Humano, sino que también suma diversos capítulos en Comodoro Py, donde se abrió una causa penal que impulsa el dirigente social Juan Grabois contra la ministra Sandra Pettovello.
La investigación penal está en manos del juez Sebastián Casanello, quien le ordenó al Poder Ejecutivo en mayo que realice un plan de acción para la entrega inmediata de la comida, lo que es rechazado por el Gobierno mileísta. El pasado martes el Ministerio realizó una presentación para que intervenga la Cámara Federal de Casación Penal y anule lo resuelto por el juez de instrucción. Pettovello sostiene que la decisión de distribuir la comida es netamente política y el Poder Judicial no debe entrometerse.
La causa, que hizo tambalear en el cargo a Pettovello, la inició el referente de la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), Juan Grabois, el 5 de febrero pasado por no entregar alimentos a comedores comunitarios de todo el país. El expediente cobró impulso a fines de mayo luego de que El Destape publicara que el Gobierno tenía retenidos casi seis millones de kilos de comida en dos galpones y que podía haber productos con fecha de vencimiento cercana. Grabois se hizo eco de lo publicado y el 23 de mayo hizo una ampliación de denuncia contra Pettovello por esa cuestión.
Al día siguiente de la presentación, la fiscal Paloma Ochoa emitió un dictamen en el que pidió a Casanello que «dicte una medida cautelar innovativa, tendiente a que se ordene al Ministerio de Capital Humano a que, en el término de cinco días corridos, entregue los alimentos (…)». El 26 de mayo, Casanello hizo lugar a la demanda de la querella y la fiscal, pero en un tono más moderado que el pretendido por los acusadores. No obstante, incomodó al Gobierno, que apeló lo resuelto por el magistrado.
Sin plan
¿Qué había ordenado Casanello a finales de mayo? Que el Ministerio de Capital Humano detalle el stock de los alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo y que especifique qué tipo de alimento había en los galpones, cuándo se adquirieron y cuándo vencen. También encomendó un plan de distribución de esa comida «en atención a su tipo, cantidad y fecha de vencimiento previendo su ejecución de modo inmediato». Dijo que eso debía informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas. El Ejecutivo apeló la decisión ante la Cámara Federal porteña y en aquel momento no entregó el plan ordenado por la Justicia.
Tal como quedó claro en el expediente, se trata de alimentos adquiridos por el Gobierno de Alberto Fernández que la actual administración nunca repartió. Cuando estalló el escándalo, desde la gestión de Milei se ensayó una serie de argumentos contradictorios para justificar su accionar. Primero se dijo que no había comida por vencerse, luego que la mayoría de la comida era yerba (lo que era falso, la mayoría era leche) y finalmente de que se trataba de alimentos para catástrofes; pero hubo más de una catástrofe en los primeros seis meses de Gobierno de Milei y no se repartió ni una bolsa de comida de esos depósitos. Ante la evidencia de los desmanejos, la Justicia se abroqueló en su posición: la Cámara Federal porteña respaldó a Casanello.
El Gobierno de Milei recién entregó el plan de acción para la distribución de la comida el 24 de junio y luego de que la Cámara Federal porteña ratificara lo resuelto por Casanello. Con el apoyo del tribunal revisor, Casanello advirtió a la cartera de Pettovello que podría incurrir en el delito de desobediencia si no entregaba en tiempo y forma lo requerido.
¿Qué había sostenido el Ministerio de Capital Humano a través de su subsecretaria Legal Leila Gianni para justificar su posición? Que la decisión de entregar los alimentos es una decisión política del Gobierno y por lo tanto no es judiciable. Para Gianni, las medidas ordenadas por Casanello son «contraria (s) a distintos actos del Poder Ejecutivo, atinentes a la marcha de la Administración Pública, y la implementación de políticas públicas las que resultan ajenas al control judicial». La Cámara rechazó esa postura.
La decisión
En el interín, el Ministerio de Capital Humano distribuyó de forma arbitraria la leche en polvo y la harina de maíz que estaba próxima a vencerse. La distribución estuvo a cargo de la Fundación Conin. En un giro que provocó suspicacias, la harina de maíz se repartió en el municipio de General Sarmiento, que comanda el macrista Javier Iguacel. Para el momento del reparto, ya en medio de la polémica por la distribución de la comida, Pettovello echó al secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, que era el número dos del Ministerio de Capital Humano, por «falta de transparencia» y «problemas en la gestión». Hasta la propia Pettovello fue puesta en duda, ya que este escándalo se sumó al del acuerdo que el Ministerio mantiene con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la contratación de funcionarios, circunstancia que también fue judicializada.
Este lunes, al filo del nuevo vencimiento del plazo para entregar el mentado plan de acción, el Gobierno le respondió a Casanello. En cinco páginas informó que cada provincia deberá pedir la mercadería que pretenda y hacerse cargo de la logística. «La manifestación de voluntad deberá efectuarse en el plazo perentorio que va del 24 al 28 de junio del corriente. Una vez vencido el referido plazo, trabajaremos exclusivamente con las provincias que hayan decidido recibir alimentos para lograr, con la máxima premura posible, la entrega de estos, lo que será informado en detalle al Tribunal a medida que se vaya concretando», comunicó el Ministerio. Y añadió: «La adhesión implicará la obligación de proceder al retiro (de la mercadería)». También sostuvo que la decisión de no repartir la comida fue del Gobierno anterior.
En otro de los escritos que se presentó el lunes a Casanello se entregó el stock de alimentos al 19 de junio y allí consta que aún hay sin entregar 5.825.946 kilos de comida, entre los que se destacan más de un millón de paquetes de lentejas de 400 gramos que tienen primera fecha de vencimiento mediados de agosto y casi 460.000 kilos de leche en polvo que tienen primera fecha de vencimiento el 18 de septiembre. Por este cuadro de situación, el juez de instrucción está analizando los pasos a seguir.
Villa Marteli. El 28 de mayo, movimientos sociales reclamaron la distribución de los productos acumulados en el depósito del Ministerio.
Foto: Enrique García Medina
Crueldad
Este martes, casi a la par que presentó el plan de acción a la Justicia, Pettovello solicitó que intervenga la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país. Reclama que se anule la decisión de Casanello por ser una «intromisión del Poder Judicial en funciones de la Administración Nacional».
El abogado de la UTEP, Nicolás Rechanik, querellante en la causa, sostuvo en diálogo con este medio: «Nos preocupa bastante el esfuerzo del Gobierno en tratar de no repartir comida que se está por vencer. Hay una cuestión de crueldad que no tiene sentido. La Justicia dijo una cosa, la Cámara porteña lo ratificó. Pidieron plazo. Siguen sin explicar cómo repartirán la comida. Y ahora presentan un recurso de Casación contra la orden de respetar un plan. Dicen que nunca había comida acopiada por vencerse. Es una contradicción que no comprendemos».
Este conflicto político y judicial se desarrolla mientras el Gobierno avanza con denuncias contra las organizaciones sociales en otras causas que tramitan en Comodoro Py (por ejemplo, se sostiene que hay «comedores fantasma»). Los referentes sociales responden que son víctimas de una criminalización que impulsa el Ejecutivo y que la no entrega de los alimentos se inserta en esa lógica de tensar con los movimientos sociales.
En este contexto, la disputa judicial por la entrega de la comida continúa. Esto implica que a pesar de que la pobreza y la indigencia aumentaron en los últimos meses hay millones de kilos de alimentos que aún siguen almacenados en galpones.
