5 de diciembre de 2025
El aval al proyecto PSJ Cobre Mendocino reavivó el histórico debate entre minería, agua y modelo productivo, en medio de cuestionamientos científicos, tensiones políticas y una sociedad que vuelve a movilizarse.
Frente a la Legislatura. Protesta ante la media sanción de la declaración de impacto ambiental del megaproyecto minero.
Foto: Juan Alfredo Ponce
En una provincia construida sobre la cultura del agua y una memoria colectiva que no olvida las grandes movilizaciones socioambientales, avanza la minería en Mendoza a través del Proyecto San Jorge, hoy rebautizado como PSJ Cobre Mendocino. Su Declaración de Impacto Ambienta (DIA) ya obtuvo media sanción en Diputados y el oficialismo espera aprobarla sin sobresaltos en el Senado.
El gobernador Alfredo Cornejo impulsa la iniciativa bajo la promesa de diversificar la matriz productiva. En Argentina, Mining Cuyo afirmó que tiene «fe en que Mendoza puede hacer minería de la mejor, con altos estándares ambientales».
La media sanción incluye cuatro proyectos que reconfiguran el escenario minero. Por un lado, se propone la creación de un Fondo de Compensación Ambiental para financiar intervenciones rápidas frente a daños colectivos. Para los sectores más críticos esto, lejos de ser una buena noticia, resulta una señal de alerta al prever un fondo especial para emergencias ambientales. Por otro lado, se aprobó un nuevo régimen de regalías que fija la alícuota del 3% (el máximo permitido por la Ley Nacional de Minería), pero permite reducciones, es decir, en el régimen aprobado esa cifra puede ser modificada a la baja bajo ciertos criterios.
También obtuvieron media sanción 27 Declaraciones de Impacto Ambiental del Distrito Minero Occidental II de Malargüe (en etapa exploratoria no de explotación); y, finalmente, la media sanción más discutida: la DIA de PSJ Cobre Mendocino. El radicalismo y aliados cosecharon 32 votos, mientras el peronismo y otras fuerzas opositoras minoritarias votaron en contra con 13 votos.
Qué es PSJ Cobre Mendocino
Ubicado en Uspallata, Las Heras, en plena cordillera frontal, el proyecto pertenece a Zonda Metals GmbH (Suiza) y Grupo Alberdi (Argentina). La empresa lo presenta como la oportunidad de incorporar a Mendoza a la liga del cobre, mineral clave para la transición energética. El yacimiento se explotará a cielo abierto y prevé una inversión total de 559 millones de dólares, producción anual de 40.000 toneladas de cobre fino (con picos de 70.000) y una vida útil de 16 años ampliable a 27. Su escala explica por qué PSJ Cobre Mendocino fue el primer proyecto en pedir ingresar al RIGI, el régimen de incentivos fiscales para grandes inversiones promovido por el Gobierno nacional. El Ejecutivo mendocino además subraya que será una operación «sin sustancias peligrosas», en cumplimiento estricto de la Ley 7.722, que prohíbe cianuro, ácido sulfúrico y mercurio.
El proyecto promete 2.400 empleos directos e indirectos, una cifra celebrada por vecinos de Uspallata durante las audiencias públicas. Sin embargo, experiencias de otras provincias alimentan dudas respecto a cuántos de esos empleos son realmente locales, qué ocurre en la fase de cierre o cómo se comportan las economías posmineras.
El expediente asegura que no compromete la cuenca del río, pero en un contexto de sequías permanentes y presión hídrica, el agua reaparece como núcleo del conflicto. Mientras que científicos críticos alertan sobre el depósito de colas (a donde van a parar los residuos del procesamiento), que aunque con tecnología moderna, exige un fino monitoreo por varias generaciones.
Uspallata. El lugar donde se desarrollará el emprendimiento extractivo.
Foto: Ramiro Gomez
Alma cuyana
El oficialismo enmarca el proyecto en la transición energética global: sin cobre no hay autos eléctricos ni energías renovables. Pero el CONICET Mendoza advirtió en su web oficial que la DIA contiene información «desactualizada, incompleta e incorrecta»; que existen serios riesgos sobre aguas subterráneas y sobre el arroyo Uspallata; afectación de bienes arqueológicos (incluyendo registros tempranos de ocupación humana y sectores del Qhapaq Ñan) e impactos directos sobre comunidades originarias. Y concluye que la información «no permite una evaluación confiable».
Horas después de su publicación, el comunicado fue eliminado del sitio oficial. Las autoridades del organismo declararon que se trataba de un documento «no autorizado», pero la Asamblea de Trabajadorxs del CONICET Mendoza denunció públicamente que la remoción fue un acto de censura: «Tal comunicación oficial fue dada de baja mientras que en la Legislatura provincial la Cámara de Diputados discute y vota el proyecto minero. El comunicado fue redactado a partir de un informe científico, riguroso, basado en evidencia empírica y elaborado por trabajadores de nuestra institución», afirmaron. La posterior publicación de un «comunicado institucional» moderado, en el que CONICET aseguró «no estar en contra de ninguna actividad productiva», profundizó la polémica.
Miles de personas seguían la votación en Peatonal Sarmiento frente a una Legislatura vallada y con fuerte presencia policial. Asambleístas, activistas y vecinos se movilizaron en rechazo. «PSJ es una reedición maquillada de un megaproyecto que mantiene los riesgos de dinamitar montañas y comprometer el agua. Somos un pueblo que sostiene el alma de Mendoza y que fue capaz de protagonizar la movilización más grande desde la vuelta a la democracia», expresó a Acción Eugenia Segura, miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.
Esa memoria vuelve una y otra vez. En 2007, la Ley 7.722 surgió tras un ciclo de protestas contra la megaminería. En 2011 la Legislatura rechazó el primer intento de San Jorge. El Gobierno de Francisco Pérez quiso reactivarlo sin éxito en 2015; y en 2019 las masivas protestas contra la derogación de esta ley obligaron al Gobierno de Rodolfo Suárez a dar marcha atrás en menos de una semana. En Mendoza, la discusión minera no es solo técnica ni partidaria, toca fibras identitarias.
Provincias mineras y desarrollo
Santa Cruz, San Juan, Catamarca y Jujuy concentran buena parte del oro, plata, litio y cobre del país, pero no destacan entre las provincias más ricas, mantienen altos índices de pobreza y escasa diversificación. Los derrames de Veladero en San Juan, décadas de la Alumbrera sin transformación estructural en Catamarca, las tensiones hídricas en la puna jujeña o la persistencia de la pobreza en Santa Cruz alimentan la desconfianza.
En la calle el reclamo se sintetizaba en la voz de una adolescente al megáfono: «No se trata de estar a favor o en contra de la minería, sino de defender el agua en una provincia cuyo Estado no ha demostrado capacidad de control en situaciones muy simples».
Si bien se mantiene el estado de alerta y vigilias en la Legislatura, Mendoza no escapa a los signos de desmovilización de una sociedad golpeada por la crisis económica y un oficialismo fortalecido electoralmente, victorioso en 16 de los 18 municipios en los que LLA obtuvo más del 53% de los votos totales en octubre.
Ahora, el Senado tiene la última palabra. Mientras la aprobación de PSJ Cobre Mendocino parece un trámite, lo que sigue abierto es algo más profundo: la pregunta por el modelo de desarrollo que Mendoza quiere construir para las próximas generaciones. En una provincia donde el agua es identidad, territorio y futuro, esa pregunta vuelve a dividirlo todo.
