A pesar del intento de aprobar la precarización laboral antes del recambio parlamentario, el gobierno nacional debió modificar sus planes frente a la resistencia a la iniciativa y la vacilación de algunos aliados. Dudas sobre reforma impositiva y previsional.
29 de noviembre de 2017
Escenario. En el Senado se plantearon obstáculos a los planes del oficialismo. (DYN)
Lo que anunciaban como una suerte de marcha triunfal de las reformas de Cambiemos en el Congreso –con el respaldo del reciente resultado electoral, convenientemente amplificado por los medios amigos–, resultó apenas una canción desacompasada. El escenario que se abre a partir del 10 de diciembre podría parecer más favorable al oficialismo que la situación precedente. Cambiemos es ahora primera minoría en Diputados con 108 bancas, y suma 25 senadores en la Cámara Alta. Sin embargo, los trámites parlamentarios pueden no ser tan propicios si se tiene en cuenta que cada posicionamiento se decidirá con la mira puesta en las presidenciales de 2019.
Es cierto que el empuje inicial y la sorpresa entre los sectores más activos de la oposición por el resultado en la provincia de Buenos Aires, donde el macrismo superó por 4 puntos a la expresidenta Cristina Fernández, fue una buena plataforma para que el gobierno apurara el envío de los proyectos de ley de reforma fiscal, previsional y laboral al Congreso Nacional.
La intención de Cambiemos y de sus principales espadas políticas era tratar los tres proyectos antes del recambio legislativo. Si durante los primeros dos años de gestión, en minoría, habían logrado aprobar la mayoría de las iniciativas con el apoyo de sectores de la oposición, era esperable que antes del final del año legislativo pudiera obtener el aval para estas iniciativas que reclaman las cámaras empresarias como argumento para que vengan las demoradas inversiones.
Sin embargo, no todo está resultando tan sencillo como esperaban en la Casa Rosada. Tras arduas negociaciones con el triunvirato de la CGT –que fluctuaron entre amenazas, aprietes y concesiones– los líderes sindicales rehuyeron un compromiso público muy claro con la reforma. Ante ello, el senador justicialista Miguel Ángel Pichetto, prácticamente un aliado de Cambiemos, se negó a cargar con toda la responsabilidad de la aprobación del proyecto oficial y exigió una definición más clara de la cúpula cegetista.
Sorpresa en la Rosada
El oficialismo se sorprendió con la jugada de Pichetto, que no tenía calculada. Lo cierto es que, más allá del resultado de las legislativas, comienza otra etapa. En 2018, todo asunto político se medirá con el parámetro de las elecciones de 2019, que serán presidenciales, y de gobernadores en la mayoría de las provincias. Y esa es otra historia.
Pichetto, que lideró el apoyo a gran parte de las propuestas gubernamentales en la Cámara Alta y protagonizó un rechazo visceral al kirchnerismo, era la garantía para Cambiemos de que todo seguiría como hasta ahora, pero quizás fuera la presencia de Fernández de Kirchner en el Senado lo que obligó a cambiar esa perspectiva.
Gran parte de las políticas aprobadas en estos dos años en ese recinto fueron diametralmente opuestas a las que el kirchnernismo impulsó en los últimos doce años y que, conviene recordar, también habían sido aprobadas por Pichetto como jefe de la bancada del FpV.
Fue en este contexto que el senador rionegrino también encabezó cierta resistencia legislativa contra el proyecto de reforma previsional e impuso cambios en la fórmula de ajuste de las jubilaciones que proponía inicialmente el gobierno. Podría decirse que logró torcer el brazo al gobierno, aunque en todo caso es un triunfo más bien mezquino: apenas unos pesos nominales en la actualización de la jubilación mínima. Mientras tanto, en el camino se va licuando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y ese activo ya no forma parte del debate político.
Medir fuerzas
El ambiente está más caldeado en el terreno gremial. Las contradicciones internas del sindicalismo nucleado en la CGT, tal como quedó evidenciado en el primigenio apoyo a la reforma laboral y el posterior silencio, son muy evidentes. De todos modos, a la hora de la verdad, los sectores más combativos del movimiento obrero preparan su propio rechazo a la flexibilización. El camionero Pablo Moyano comenzó a mostrar los dientes. Heredero de Hugo, actual presidente de Independiente, alejado de la conducción gremial en la práctica, pero recordado por su oposición a las leyes de flexibilización del menemismo, Moyano hijo recordó que su padre fue protagonista de la denuncia de la reforma que encaró el gobierno de Fernando de la Rúa con una definición que terminó siendo el último clavo en el ataúd de aquel proyecto: la llamó Ley Banelco, por las denuncias de cobros subterráneos para aprobarla. Pablo Moyano reflotó aquella definición para la actual propuesta de reforma y sumó un motivo más para que demoraran su tratamiento a la espera de mejores vientos.
Mientras tanto, el dirigente camionero se fue juntando con la Corriente Federal de los Trabajadores, fogoneada por el bancario Sergio Palazzo, y las dos Cta. Juntos organizaron un encuentro en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense y anunciaron una marcha programada para el 29 de noviembre. Justo ese día deben jurar los nuevos legisladores, entre los cuales esta Cristina Fernández. Todos se apuran a aclarar que no será una manifestación de apoyo a la exmandataria. Es que ese día estaba programada la sesión donde se trataría el proyecto y a pesar del anuncio de que se bajará de la agenda, nadie quiere sorpresas y los gremios que rechazan la flexibilización impulsada por el gobierno entienden que llegó la hora de salir a la calle y medir fuerzas.
