El macrismo se enfrenta a las consecuencias del desmesurado aumento en las tarifas de servicios públicos. Divergencias dentro de la alianza oficialista, conjunción opositora y protestas sociales. Casos controvertidos que llegan a la Corte Suprema.
25 de abril de 2018
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, ya demostró que su tacto político es inversamente proporcional a su patrimonio. «Todavía sigo teniendo mi dinero en el exterior. A medida que recuperemos la confianza en la Argentina lo regresaremos», dijo en una entrevista radial como si fuera un mero espectador del devenir del país. Menos de un mes después de aquella declaración, el exdirectivo de Shell impulsa un nuevo reajuste en las boletas de gas (que se suma al de energía eléctrica y agua) respaldado por el presidente Mauricio Macri, pero no por todo el Gabinete, que teme las consecuencias políticas de la medida: en localidades del interior del país se sucedieron manifestaciones contra el tarifazo.
En ese contexto, los propios socios de la alianza Cambiemos se hicieron oír. «Hay que encontrar una tercera salida, que no sea la posición inflexible del gobierno ni la demagogia de sectores del PJ que han vaciado la Nación durante el kirchnerismo», lanzó vía Twitter la diputada Elisa Carrió, cuando en el Congreso la oposición se unió para debatir las subas y se quedó a una banca del quórum (128 escaños).
Dirigentes de la UCR también habían expresado su incomodidad con la medida. La presión de los aliados no tuvo efectos muy alentadores. Tras una reunión entre los jefes de bloque y Marcos Peña, correligionarios y lilitos debieron conformarse con presentar como una victoria el pago de las facturas del invierno en cuotas y con interés (lo que provocó un cruce entre Aranguren y los radicales, quienes pretendían arancel cero).
Macri había habilitado la negociación siempre y cuando no se comprometiera la reducción del déficit fiscal, la razón detrás del tarifazo. Acorralados por su propia política económica, en Balcarce 50 se quedan cada vez con menos instrumentos para forzar una baja en aquel gasto que enciende las alarmas: al comienzo de la gestión se redujeron las retenciones a la exportación de granos y a la minería y no se piensa en una vuelta atrás; se habilitó la desregulación financiera, por lo que las divisas emigran y el endeudamiento crece; y ya se recortaron las jubilaciones –menos de lo que el PRO habría querido– a un costo político altísimo. Fiel espejo del laberinto en el que se encuentra el gobierno, es de esperar que la suba tarifaria impacte una vez más en la inflación.
En este contexto, en muchas ciudades argentinas se oyó un «ruidazo» en protesta por los aumentos, y organizaciones sociales junto con algunos sindicatos, apoyados por partidos políticos de la oposición nucleados en la Multisectorial contra el Tarifazo, impulsaron la «marcha de las velas», que unió el Congreso con el Obelisco y tuvo réplicas en el Interior. Se transformó en una protesta multitudinaria y anticipa probables escenarios, sobre todo, cuando las nuevas facturas comiencen a llegar.
Divididos e intervenidos
Otro emergente del nuevo cuadro de situación es la unidad coyuntural del peronismo en el Congreso. Aranguren está logrando lo que ningún dirigente pejotista. En Diputados, el kirchnerismo, el massismo y el bloque Argentina Federal mantienen contactos para forzar una derrota legislativa del oficialismo y a la hora de votar podría haber coincidencias en pos de desarticular el tarifazo. La división no puede escindirse del estado de ebullición en que se encuentra el peronismo desde que el 9 de abril la jueza María Romilda Servini de Cubría intervino el sello partidario y nombró al gastronómico Luis Barrionuevo al frente del PJ. La decisión fue apelada y será resuelta por la Cámara Nacional Electoral. Los desplazados, con José Luis Gioja a la cabeza, son optimistas y consideran que serán repuestos en los cargos.
Sin dudas, en Cambiemos se regodean con la situación y la usufructúan. Creen que a partir de esta movida se puede consolidar el sector de centroderecha que articulan el senador Miguel Pichetto; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el gobernador Juan Manuel Urtubey; y Florencio Randazzo, que tuvo su acto de lanzamiento el 6 de abril y pretende ser «el movimiento de los gobernadores». Si bien algunos mandatarios provinciales brindaron su apoyo para no ser descorteses, brillaron por su ausencia. Tres días después la jueza suscribió su resolución 16/18.
Tanto la intervención del PJ como el tarifazo parecieran tener el mismo destino: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, apelaciones mediante. No son los únicos casos sensibles que esperan recibir en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Por eso el gobierno apostó por reencauzar la relación, tras los cortocircuitos que provocó la acordada 4/18, y solicitó una audiencia a la que acudieron todos los ministros. No querían la foto solo con Ricardo Lorenzetti. Este año, los cortesanos deben elegir presidente y el abogado oriundo de Rafaela no es el favorito del Ejecutivo. La única ausente del cónclave fue Elena Highton de Nolasco.
Entre los temas que podría abordar el Alto Tribunal se destacan la reestructuración del Consejo de la Magistratura y la legitimidad de la fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, para investigar el vaciamiento del Correo Argentino, firma del Grupo Macri envuelta en el «Correogate».
El primero de los puntos podría tener novedades el 15 de mayo. Los supremos deben ratificar o rectificar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que rechazó la reducción del consejo que realizó el kirchnerismo. Es decir, deben determinar si amplían el órgano que selecciona y sanciona jueces de 13 a 20 integrantes y nombran como presidente al propio titular de la Corte. La decisión implicaría un duro golpe para el oficialismo, que logró la hegemonía en ese organismo.
En los próximos días la Cámara Comercial debe resolver si concede un recurso extraordinario a la empresa postal de la familia Macri para llegar al máximo tribunal: la compañía reclama apartar a Boquin. Si no lo acepta, igual la firma podrá ir en queja, algo que deberán aceptar o rechazar también los cinco supremos.
Está claro que el tarifazo no es el único caso que empieza a levantar temperatura.
