13 de abril de 2016
Mientras el gobierno sufre por la divulgación de los vínculos presidenciales con empresas radicadas en paraísos fiscales, se aceleran las causas contra Cristina Fernández.
Protagonismo. El edificio de los tribunales federales en Comodoro Py donde se sustancian procesos contra Cristina Fernández y Mauricio Macri. (Facundo Nívolo)
Dicen que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. El refrán podría expresar muy bien este momento de la política argentina. Tantas veces en estos últimos años la dirigencia recurrió al Poder Judicial para dirimir entreveros que no se encarrilaban por las vías de la negociación política que ahora un par de magistrados tienen en sus manos el destino de dos protagonistas de la política local: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el actual mandatario Mauricio Macri.
El trasfondo en el que se despliegan estos mediáticos procesos judiciales se relaciona con el submundo de las guaridas fiscales y del lavado de dinero. Y en esta trama aparecen personajes vinculados con el anterior gobierno, como el empresario Lázaro Báez, tanto como encumbrados dirigentes del pro, e impacta directamente en el presidente Macri.
La causa contra Báez, ventilada por un operador financiero, Leonardo Fariña, en el programa de Jorge Lanata, se aceleró luego de que el exesposo de la modelo Karina Jelinek declarara ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan en calidad de «arrepentido». De inmediato, Marijuan pidió que se investigue a Cristina Fernández y al exministro de Planeamiento Federal y actual diputado Julio de Vido. Los sectores kirchernistas recordaron entonces que Marijuan es el mismo fiscal que lleva la acusación contra unas 400 empresas –entre ellas el Grupo Clarín– por lavado de dinero iniciada en 2008 tras la autodenuncia del exvicepresidente de jp Morgan, Hernán Arbizu, que desnuda un colosal modelo de ingeniería fiscal en el que se incluyen unas 4.000 cuentas en Suiza. Denuncia en la que no hubo avance desde que Arbizu habló ante Crítica, el diario que había fundado y dirigía Lanata.
La exmandataria, por su parte, tenía pendiente al cierre de esta edición una convocatoria para declarar ante el juez Claudio Bonadío en una causa iniciada tras una presentación de los legisladores Federico Pinedo y Mario Negri en noviembre por la venta de dólares a futuro.
Otro caso resonante fue la detención del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime. El cordobés fue trasladado por una multitud de policías, enfundado en un chaleco antibalas. Esa imagen no duró demasiado en las portadas de los diarios. El día siguiente de la captura de Jaime –condenado por el accidente ferroviario de la estación Once que costó la vida de 51 personas–, un conglomerado de medios internacionales publicó el inicio de un trabajo, conocido como Panamá papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (icij) sobre una filtración de más de 11 millones de documentos de un estudio de abogados panameño, Mossack Fonseca, que «ayudaba» a conformar empresas offshore en ese país.
De Messi a Cameron
En la lista de involucrados estaban Lionel Messi; el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko; el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson; el premier británico, David Cameron; y Mauricio Macri. El presidente aparece como director de una firma creada en 1998, Fleg Trading Ltd. Luego se publicó que tenía participación en otra empresa, Kagemusha s.a., que data de 1981.
Los periodistas locales que participaron de la investigación, Hugo Alconada Mon de La Nación y Mariel Fitz Patrick, de Canal 13, revelaron que el presidente estaba informado del caso desde unos 15 días antes. Es más, en su página valijeros.blogspot, Alconada Mon sugiere que desde noviembre sabían de la empresa de Macri. «La investigación comenzó hace un año –dice el autor de La piñata– cuando un grupo de periodistas (de The Guardian, Le Monde, Miami Herald, L’Espresso, bbc, La Nación, Canal 13) nos reunimos en la redacción del Süddeutsche Zeitung, en Munich».
Presidente. Intentó despegarsedel escándalo. (DYN)
La defensa que ensayó el presidente fue que la firma en Panamá no registraba operaciones, que él era solo director y nunca cobró ni tuvo acciones. Varios militantes del pro, entre ellos el intendente de Lanús y excontador de los Macri, Néstor Grindetti, también tienen empresas offshore. Todos declararon que tampoco habían tenido actividad, algo realmente llamativo. A favor del oficialismo, los medios más importantes trataron el tema con una «comprensión» que sorprende. The New York Times destacó en un fuerte editorial la benevolencia mediática ante un caso que en Estados Unidos sería escandaloso: que un presidente tenga empresas en cuevas fiscales no es un buen ejemplo para los contribuyentes.
Algunos de los columnistas locales más influyentes ensayaron las más diversas explicaciones sobre si era o no lícito en un país inestable y con fuertes cambios de rumbo buscar resguardo en el exterior.
Ahora, tras la denuncia de un diputado kirchnerista, Darío Martínez, el fiscal Federico Delgado pidió abrir una causa, que quedó en el juzgado de Casanello. Es el mismo juez que deberá investigar a Cristina Fernández por el caso Báez. Y el que a fines de diciembre pasado, a 20 días de haber asumido, sobreseyó a Macri en la causa por las escuchas ilegales. La corte menemista, vale recordar, había sobreseído a Macri en 2001 por una maniobra con el ingreso de autopartes para la firma Sevel en el año 1993.
Operación internacional
Mientras tanto, Ramón Fonseca Mora, uno de los fundadores del bufete Mossack Fonseca, declaraba en el principal diario de Panamá, La Estrella, que la tremenda filtración que muestra al estudio como vulnerable ante una clientela especialmente sensible al secreto, no sería extraña a Paul Singer, «un hombre muy sucio (que) nos metió en los periódicos internacionales». Según desliza el abogado, el financista «buitre» buscó enlodarlos por una cuenta atribuida a Báez en Nevada que ellos se negaron a revelar. Y asegura que Singer fue el que pagó el viaje de Lanata a ese estado de ee.uu. en busca de información, en plena campaña electoral.
No faltan quienes intentan trazar paralelismos con el caso mani pulite, ocurrido en Italia en 1992, promovido por el fiscal Antonio Di Pietro contra la corrupción de la dirigencia política de entonces. Mientras se desarrollaba el proceso, dos jueces antimafia, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, fueron asesinados. El emergente de este caso, que terminó con una era política en la península, fue el empresario Silvio Berlusconi, que venía de presidir el equipo de fútbol Milan y asumió por primera vez el gobierno en abril de 1994. La historia política, judicial y personal de Berlusconi, apodado Il Cavaliere, es bastante conocida.
—A. L. G.
